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Esta semana, en un acto de congruencia personal y sensatez, Porfirio Muñoz Ledo, uno de los más emblemáticos integrantes del nuevo régimen, nos sorprendió y representó a muchos, al advertir que “la Guardia Nacional fue creada para combatir delincuentes y no para combatir migrantes”.
Ojalá el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sea escuchado por el presidente de México, pero sobre todo deseo que esa sensatez pueda permear y corregir la sumisión que ha llevado a Morena y sus aliados en San Lázaro, a destruir programas e instituciones de enorme beneficio para el país.
Este mes, la Cámara de Diputados Federal cumplirá con el artículo 21 de la Ley de Planeación que la faculta para aprobar —por primera vez en su historia— el Plan Nacional de Desarrollo (PND), pero no a ciegas: verificando que incluya los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución y, en caso contrario, devolviéndolo al Ejecutivo para que lo adecúe y remita de nuevo a la cámara baja.
Ríos de tinta han corrido sobre el documento de 63 páginas que Andrés Manuel López Obrador envió al Poder Legislativo en calidad de PND, así como del anexo elaborado por la Secretaría de Hacienda que, imagino, pretendía subsanar las deficiencias de forma y fondo del primero.
Sin embargo, se optó por la austeridad en las ideas, las metas y las previsiones presupuestales. En su lógica, tendría sentido: ¿para qué dar detalles al Poder Legislativo, para qué datos que luego pretendan ser evaluados; para qué si en los hechos el presupuesto puede recortarse y ajustarse con la cómoda mayoría de diputados federales que tiene el Ejecutivo y lo que no, se arregla con un memorándum presidencial como el del 3 de mayo?
Al dictar la metodología para el análisis, el presidente de la Mesa Directiva fue muy claro: “el plan no es el anexo, el plan son las 63 páginas”. Sin embargo, en comisiones, algunos morenistas argumentaron que eran textos complementarios, tratando de justificar las omisiones y algunos incluso las aportaciones y observaciones hechas. Para muestra, un botón. El apartado de Ciencia y tecnología enviado por el Ejecutivo, no tiene más de 55 palabras, no ha sido aprobado por el Congreso y en los hechos ya se contradice, pues en seis meses el gobierno federal ni ha promovido la investigación científica y tecnológica y sí ha quitado becas y estímulos para estudiantes y académicos.
El PND es la hoja de ruta de la actual administración federal y tiene amplísimas ventanas de oportunidad para ser mejorado y responder a las expectativas de millones de mexicanos que confiaron en López Obrador para que gobernara, no para que siguiera en campaña.
Incluso, Enrique Graue, rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, nos entregó a los legisladores el documento “100 propuestas para el desarrollo 2019-2024”, elaborado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. El documento plantea propuestas en distintos temas para avanzar hacia soluciones viables y factibles, como la necesidad de que la Ciencia, Tecnología e Innovación alcancen un presupuesto equivalente al 1% del PIB, pero que además permita “atacar, tanto las necesidades clásicas asociadas en el atraso en el desarrollo, como los requerimientos vinculados a los procesos emergentes en las áreas más dinámicas de la innovación y el surgimiento de nuevos procesos y productos”.
En tanto, la Mesa Directiva que preside Porfirio Muñoz Ledo, está a tiempo de rectificar y ayudar al presidente de México con sensatez y congruencia; aunque hasta ahora Morena y sus aliados han aprobado en comisiones las 63 páginas que suenan muy bien como discurso de campaña, pero que dejan mucho que desear para un gobierno del que el pueblo espera hechos y no palabras.
Maestra en Derechos Humanos y Garantías. Diputada
Federal del Estado de México
