SCJN: una sentencia irritante

Alfonso Zárate

En los años recientes hemos conocido una y mil historias de angustia y miedo. Historias que dejan en sus víctimas, familiares y amigos, un dolor inenarrable y una rabia que no termina nunca: desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos que exhiben una descomposición social que día con día se acentúa.

Ocurrió en Tierra Blanca, Veracruz, el 11 de enero de 2016, cinco jóvenes fueron “levantados” por policías estatales cuando regresaban de un festejo en el Puerto de Veracruz, los entregaron a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación; algo parecido ocurrió en Papantla unos días más tarde, el 19 de marzo: Uriel Pérez Cruz y Luis Alberto Morales Santiago fueron detenidos y entregados a criminales, esta vez, por ocho policías municipales.

Pero lo ocurrido en Veracruz no es de manera alguna excepcional, sino una réplica de lo que está ocurriendo en distintas entidades de la República. El 16 de marzo del año pasado, por ejemplo, un ciudadano grabó el momento en que unos policías entregaron ocho personas a un grupo criminal en Culiacán, Sinaloa. Cuatro de esos policías, plenamente identificados, fueron detenidos pero poco después liberados pues habían sido consignados por delitos tan “graves” como abuso de autoridad y faltas en la prestación del servicio público.

Y qué decir de los dramáticos hechos de Iguala, convertido —bajo el gobierno de los Abarca— en un verdadero narcomunicipio en el que los policías trabajaban de la mano de una banda criminal, Guerreros Unidos; y no menos lamentable la protección de policías de la Ciudad de México tras el secuestro de 13 muchachos originarios del barrio de Tepito en la Zona Rosa, al parecer, por miembros de una banda rival que los asesinaron.

Este es, señores ministros, el México real, y estas pinceladas se aproximan apenas al horror que se vive en casi todos los puntos del país y que, con indignante frecuencia, involucra a policías que no generan respeto, sino miedo. Pues es a estas policías a las que se autoriza para inspeccionar, sin mandamiento judicial, personas, domicilios y vehículos ante una sospecha “razonable”, de acuerdo con la resolución adoptada por una mayoría de ministros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante un proyecto del ministro Javier Laynez Potisek.

El abuso policial tiene permiso. Podrá aclarar la SCJN, como lo hizo en una nota informativa, que la inspección policial procede habiendo duda razonable de que la persona del caso coincide con las características del sujeto denunciado, o cuando ya se cometió el delito y existe una investigación en curso por parte del MP, o cuando el delito se está cometiendo y por las circunstancias del caso hay duda razonable de que los sujetos que intervienen son aquellos a los que la policía inspecciona. Pero en el mundo verdadero, esta sentencia le está otorgando a la policía una patente para asaltar o algo peor: para secuestrar y asesinar.

La CNDH había impugnado artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, por considerar que transgreden los derechos a la libertad personal y de tránsito, seguridad jurídica, privacidad y vida privada, integridad personal y de no injerencias arbitrarias, así como los principios de legalidad y certeza jurídica. Pero sus argumentos fueron desestimados por la mayoría de los ministros.

Esta resolución es una evidencia, por si faltara alguna, de la distancia que tienen los jueces de última instancia respecto de la realidad.

Si aún cuando ignorando lo establecido por el Artículo 16 de la Constitución (“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”) policías municipales y estatales detienen y hurgan a ciudadanos comunes, ahora muchos de ellos convertirán esa sentencia en un argumento para detener e inspeccionar, para “sembrar” evidencias o para secuestrar.

Importa destacar que los ministros José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y Norma Lucía Piña votaron contra la validez del artículo 251, fracción V (inspección de vehículos sin autorización previa del juez) y los ministros Cossío, Franco, Zaldívar y Piña en contra de la validez del artículo 268 (inspección de personas y sus posesiones) y que, como lo advirtió el ministro José Ramón Cosío, al no tener una mayoría calificada, las salas de la Corte podrán emitir criterios distintos.

Pero una pregunta es inevitable: ¿en qué país viven esos señores ministros que decidieron darle atribuciones violatorias de los derechos humanos a una de las policías más ineptas y corruptas del mundo?

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario,
S. C. @alfonsozarate

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