Liberar a los asesinos

No para el horror y, con frecuencia, se hace acompañar por la tristeza y la rabia. El domingo 15 de julio por la tarde, una pequeña de apenas ocho años, Ana Lizbeth, fue secuestrada en Juárez, Nuevo León. Dos días después fue encontrada muerta en un lote baldío a unos metros de su domicilio. El presunto asesino, Juan Fernando “N”, plenamente identificado, tenía una trayectoria delincuencial y existían órdenes de aprehensión en su contra que nunca se cumplimentaron... No es un caso aislado. ¡Cuántas veces los delincuentes han entrado y salido de la cárcel para cometer otros crímenes!

Dura lex, sed lex, decían los antiguos romanos. Algo anda mal, muy mal en nuestro sistema de procuración y administración de justicia cuando con sustento en la ley (o estirándola), los jueces decretan la libertad de asesinos, violadores y ladrones contumaces. Lo que se está constatando en nuestro dolido país es la perversión de un noble propósito —el de privilegiar los derechos humanos— para favorecer la impunidad: abogados deshonestos aprovechan las fallas al “debido proceso” para lograr que los victimarios obtengan su libertad.

Quienes impusieron el nuevo sistema penal acusatorio desestimaron una realidad patente: la imposibilidad de transformar en poco tiempo —máxime cuando lo que prevalece en las instituciones es la simulación— rancias estructuras que se asientan lo mismo en las corporaciones policiales, las esferas de investigación (peritos, fiscales) y en los juzgados. Hoy, aún aquellos detenidos en flagrancia pueden eludir el peso de la justicia.

Nuestras policías no nacieron para “proteger y servir” a la comunidad sino como instrumentos de control político y como fórmula para el lucro fácil de los uniformados. Así siguen: con sus salarios miserables, con sus precarias prestaciones, los policías de a pie parecen obligados a obtener, a partir de distintas formas de disimulo o extorsión, un complemento ilícito a sus ingresos.

Los fiscales y sus accesorios (secretarias, peritos, etc.) asumen los cargos como medio para engrosar sus carteras; lo mismo hacen los policías ministeriales. La historia es bien conocida: a los denunciantes les piden dinero “para gastos”, y en los siguientes días o semanas les siguen sacando distintas sumas hasta que el acusador se harta y concluye que no están investigando nada.

Los años que se establecieron como necesarios para que las distintas instancias policiales y de investigación se pusieran al día resultaron en simulaciones. El propio Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno, advirtió que uno de los efectos laterales del nuevo sistema de justicia sería el incremento de los delitos en la capital del país, por la liberación de reos. Hoy, la mancha delincuencial avanza en la Ciudad de México, desde la periferia (Iztapalapa, Tláhuac) hasta abarcar las áreas de mayor actividad comercial como la Condesa y Polanco, al parecer extorsionadas por integrantes del Cártel de Tepito, mientras las autoridades se mantienen en lo suyo: el fingimiento.

Pero, ¿cuántos de nuestros políticos advirtieron sobre las dificultades evidentes para consolidar un auténtico sistema de justicia penal? Prefirieron callar, temieron ser señalados como enemigos de los avances que se imponían desde el norte.

Muchos asesinos andan libres por las calles y para cometer sus fechorías gozan de la complicidad policiaca (¿cuánto reciben los agentes ministeriales por no cumplimentar una orden de aprehensión?). Por otra parte, saben que los dramáticos índices de impunidad (más del 90 por ciento) les garantiza inmunidad.

Recuerdo las presentaciones del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en los que exhibía como trofeos a los detenidos de la lista de los más buscados, en el hangar de la Policía Federal; mucha parafernalia para enseñar a los detenidos, pero poco o nada se decía de los liberados.

Posdata. Los perfiles, eminentemente políticos, partidistas, de los propuestos por Andrés Manuel López Obrador como súper delegados federales, uno en cada entidad, envían una señal inquietante; parecen una rémora de los jefes políticos del porfiriato o una réplica de los coordinadores de Pronasol, el programa estrella de Salinas de Gortari, cuya designación anticipaba su postulación como candidatos a las gubernaturas en la siguiente elección.

Presidente de GCI. @alfonsozarate