La tensión en la relación México-Estados Unidos por los estragos que provoca el consumo de fentanilo en la población de nuestro vecino del norte, se vió profundizada en los últimos días por el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses, dos de los cuales fueron asesinados, el pasado 6 de marzo en Tamaulipas y por las declaraciones del presidente mexicano, que plantea prohibir el uso de fentanilo para uso médico, más las propuestas de Congresistas de Estados Unidos para que el ejército de ese país participe en el combate a los cárteles de narcotráfico, interpretada por el gobierno mexicano como una amenaza de injerencia o de invasión.

A todo esto habría que agregar las declaraciones de Antony Blinken, Secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que los cárteles de las drogas controlan partes del territorio de nuestro país, situación que el presidente de México negó.

Lo cierto es que estamos frente a dos narrativas contrarias del combate al tráfico de drogas, en las que el uso y tráfico de fentanilo ocupa actualmente un lugar central:

Por una parte, Estados Unidos reclama la inacción del gobierno de México en el combate a los cárteles de drogas, presionándolo para que frene el tráfico ilegal de fentanilo, lo que ha permitido, desde la perspectiva de ese país, que poco más de 100 mil ciudadanos estadounidenses mueran al año por el consumo de esa droga, que es además una droga sintética más potente, barata y difícil de detectar.

Por otro lado, el gobierno mexicano reclama a su par de Estados Unidos no reconocer el grave problema de demanda y consumo que existe al interior de su población y el tráfico de armas compradas en tiendas ubicadas en territorio estadounidense por parte de los cárteles de la droga.

Del lado del gobierno estadounidense vemos, sin duda, una legítima preocupación ante los niveles tan altos de demanda y consumo, y las consecuencias del mismo, que se reflejan en violencia y muerte de quienes consumen fentanilo.

De parte del gobierno mexicano, con la propuesta del presidente de prohibir el uso de fentanilo de uso médico, vemos una política frente al crimen organizado de total tolerancia, pues esa medida de ningún modo 2 serviría para frenar a los grupos del crimen organizado que trafican la droga, sino que tendría un efecto contrario. En 2021, México reportó a la ONU que utilizaría 4.6 kilos de la sustancia para fines médicos y, en ese mismo año, la SEDENA reportó el decomiso de poco más de 1850 kilos de esa droga. Es claro que la droga que se fabrica y trafica de manera ilegal nada tiene que ver con la utilizada con fines médicos como analgésico o anestésico. Recordemos que el fentanilo legal se utiliza como anestesia en cirugías complejas o que duran varias horas, en cuidados paliativos, en el manejo del dolor y en pacientes que requieren estar sedados.

¿Por qué los cárteles de las drogas han encontrado un gran negocio en el tráfico de fentanilo? Porque hallaron una gran oportunidad de negocios en fabricar versiones falsas o sintéticas del fentanilo, el cual revolucionó el tráfico de drogas, ya que lo mismo se usa para cortar la cocaína, que para modificar la heroína para hacer pastillas o para adulterar el cristal.

Vemos de parte del gobierno actual en México falta de autocrítica y la negación de un problema que muestra que nuestro país es claramente un productor de esa droga y lugar de tránsito de los precursores para su uso, pero peor aún, se está convirtiendo poco a poco en zona de consumo, aunque nuestro país tiene un subregistro en su consumo.

Actualmente toda acción en el combate a su consumo debe pasar necesariamente por el debate público para que los países homologuen las normas aduanales, México y Estados Unidos incrementen los intercambios de información e inteligencia, se dejen atrás los esquemas prohibicionistas, ambos países ataquen verdaderamente las estructuras financieras de las organizaciones criminales, exista un verdadero combate la impunidad y haya acceso a los tratamientos paliativos.

Esperamos que la tensión en la relación bilateral de paso a medidas bilaterales de combate al tráfico de drogas en general, pero en particular, en el caso del gobierno mexicano, se traduzca en un cambio de la estrategia de combate a los cárteles de drogas, que frene además el baño de sangre al interior del país y el control de amplias zonas del territorio por parte de los grupos criminales. Tenemos que trabajar para recuperar la paz para todas y todos los mexicanos.

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