Castillejos y la hoguera de las confusiones

Qué fácil es perder el foco en este País de mentiras, como lo llama Sara Sefchovich. Cambiar lo más por lo menos y terminar todos enredados. El fiasco reciente del último peritaje sobre la incineración de cadáveres en el basurero municipal de Cocula es un episodio más de la pequeñez política dominante.

Antes de entrar al debate de fondo tiene sentido regresar al origen de ese peritaje, así como al acuerdo escrito y signado que lo produjo.

El primer convenio entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado mexicano, de noviembre de 2014, fue el resultado de una acertada decisión para asegurar confianza a propósito de una investigación judicial que dentro y fuera del país carecía de ella.

La relación entre los padres de los normalistas desaparecidos y la administración de Enrique Peña Nieto corría entonces por su peor momento. Al mismo tiempo la imagen de México se desbarrancaba desde muy alto, y es que el caso Ayotzinapa hizo estallar la
reputación del Estado.

El foco entonces del acuerdo era uno y principal: otorgar confianza nacional e internacional de que frente a esa tragedia se celebraría una investigación seria, rigurosa y convincente para todas las partes.

Es necesario precisar que esa confianza, cuando se relaciona con temas de justicia, no se alcanza por los resultados finales, sino por el procedimiento seguido. Como sucede con los experimentos científicos, el método utilizado es el que merece aplauso y no el desenlace que puede, o no, ofrecer grandes descubrimientos.

Al cierre de 2014 no había confianza en que la PGR pudiera —por sí misma— hacer una investigación protegida frente a las presiones políticas y por tanto apegada a los mejores estándares —métodos— internacionales.

Fue entonces que por acuerdo entre el Estado mexicano y la CIDH se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Ambas partes estudiaron y aprobaron la currícula de sus cinco integrantes y les entregaron un mandato amplio para que realizaran una investigación independiente como coadyuvantes de la PGR.

Lo primero que hizo el GIEI fue construir una relación de confianza con los padres de las víctimas. Y lo logró. Lo segundo fue establecer una relación de confianza con los responsables del gobierno y también obtuvo buenos resultados.

Doy fe que tanto Roberto Campa, subsecretario de Gobernación responsable del caso, como Arely Gómez, procuradora general, han emitido opiniones elogiosas hacia el profesionalismo del grupo.

En toda investigación hay escollos. El primero grave surgió cuando el GIEI cuestionó la verdad histórica del anterior procurador con respecto al basurero de Cocula.

Para despejar dudas, PGR y GIEI acordaron realizar un peritaje cuyos términos fueron de nuevo plasmados en blanco y negro y firmados por las partes. Cuatro son los puntos relevantes de ese documento: 1) el grupo de peritos en mecánica de fuegos quedaría integrado por seis expertos, tres propuestos por la PGR y tres por el GIEI; 2) el reporte producido tendría que reflejar las opiniones por consenso. Es decir que los seis peritos quedaron obligados al acuerdo en los contenidos o, en caso de diferencia, debían expresar sus votos particulares; 3) el reporte sería confidencial hasta que PGR y GIEI decidieran juntos la ruta de comunicación y; 4) los familiares de las víctimas conocerían el contenido del reporte antes de su difusión.

El último argumento está ligado al primer acuerdo de noviembre de 2014 que a la letra dice: “El Estado se compromete a mantener la confidencialidad de la información sobre nuevos resultados de la investigación hasta transmitir la información a los familiares.”

La confianza permaneció intacta entre los actores hasta el día anterior en que, de manera unilateral, funcionarios de la PGR traicionaron las cláusulas de dos convenios distintos.

Alguien por encima de la procuradora Arely Gómez decidió que ya era tiempo de reventar esa confianza. Instruyó para que se quebrara el pacto de confidencialidad, para que la información fuese dada a conocer sin consenso de los peritos, sin la participación del GIEI y sin haber avisado a los familiares de las víctimas.

¿Qué ganancia se obtuvo? Incendiar la credibilidad de los involucrados en el acuerdo, sobre todo de aquellos sinceramente empeñados en combatir la impunidad de la tragedia.

Sin duda el daño mayor es para las instituciones del Estado mexicano.

No propongo aquí que este atropello haya sido instruido por el presidente Enrique Peña Nieto, pero tengo la sospecha fundada de que detrás se halla el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes.

ZOOM: Es un hombre ambicioso que quiere ocupar el lugar de la procuradora Arely Gómez y para lograrlo está dispuesto a todo, inclusive a despedazar la reputación del país. Lo único relevante es convertirse en el primer fiscal general autónomo de la historia mexicana. ¡Que a todos nos agarren confesados cuando eso suceda!

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@ricardomraphael