Derecho de piso al turismo

No hay duda. Gruesos nubarrones ensombrecen el horizonte del turismo mexicano. Por espacio de cuatro años consecutivos la marcha del turismo mexicano ha evolucionado con una notable robustez, logrando alcanzar lo que bien puede ser calificado como el mejor momento en su historia, especialmente, en su componente internacional, en el que se pronostica una tasa media de crecimiento anual de 8.5% tanto en ingresos como en llegadas de turistas internacionales entre 2012 y 2016, lo que equivale a crecer una vez y media más que el resto del mundo, con lo que México pasará de ocupar el sitio 15 en el ranking internacional de países visitados al inicio de ese lapso, hasta llegar al octavo al cierre de este año.

No obstante lo anterior, hay tres ingredientes que amenazan el desempeño futuro de la actividad turística del país: el resultado electoral en Estados Unidos, el presupuesto del sector en 2017 y la intentona por crear una nueva carga fiscal a los turistas en Baja California Sur.

En primer término, difícilmente se puede pensar que el desenlace en las elección de Estados Unidos no vaya a tener impacto en el turismo mexicano. Es cierto que si los efectos de la llegada de Trump al poder se quedaran solo en una devaluación del peso, la mayor parte del turismo mexicano ganaría; sin embargo, la volatilidad producto del resultado electoral y las posibles consecuencias derivadas de la implementación de las promesas de campaña tienen el potencial para representar una severa afectación pues además de la cercana relación entre ambas economías, el mercado norteamericano es poco más del 60% de los turistas aéreos y más de 90% del total de turistas internacionales a México.

Por otro lado, aunque el Congreso aumentó 450 millones de pesos a la solicitud de presupuesto de la Secretaría de Hacienda para el Sector Turismo para 2017, el monto aprobado significa un retroceso de 43% en la asignación hecha en 2015. Más allá de la consideración de que la inversión pública del sector tiene limitados efectos en la infraestructura y operación de la industria, el mensaje que queda, pone sobre la mesa, una vez más, la dudosa credibilidad del discurso oficial –e incluso legal– de que el turismo es una prioridad del aparato gubernamental, con el consecuente descrédito ante los inversionistas privados.

Finalmente, una mención especial merece el despropósito del gobierno de Baja California Sur por imponer a los turistas extranjeros el pago de una cuota de 350 pesos –al modificar el artículo 129 bis de su Ley de Hacienda– fundando el cobro por “…el uso y aprovechamiento de obras que realiza el Estado destinadas a infraestructura sobre bienes de dominio público y por la prestación de servicios en el ejercicio de sus funciones de derecho público, tendientes a prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones a éstas”. Es significativo destacar que en la exposición de motivos de la iniciativa, parte del sustento se fundamenta en señalar que: “…es imperante, emprender acciones (…) para el fortalecimiento de la seguridad pública, lo que permitirá desde luego, proyectar un Estado más seguro y tranquilo para los turistas nacionales e internacionales que nos visitan”.

Independientemente de que nadie está en desacuerdo en buscar alternativas para la mejora de la competitividad de los destinos turísticos a través de inversión pública, es absurdo pensar que se debe seguir esquilmando a los turistas con un nuevo cobro a quienes ya pagan el IVA en sus consumos, con un sobreimpuesto estatal de tres puntos adicionales por servicios de alojamiento, además del pago de derechos por servicios migratorios.

La medida, inaplicable en sus términos –no hay manera de obligar a las aerolíneas a actuar como recaudadoras, por ejemplo– y muy probablemente anticonstitucional por excluir a los turistas nacionales, además de tocar tambores de guerra en contra de las empresas turísticas, se presta a dos peligrosas lecturas, en un delicado momento:

1. Por un lado, se está –directamente por lo mencionado en la exposición de motivos– ante el cobro de un ‘derecho de piso’ a los turistas.

2. Sería la primera acción de un gobierno mexicano –aunque sea de una entidad federativa– con ‘dedicatoria´ al mercado estadounidense (83% de los extranjeros que ingresan por el aeropuerto de San José del Cabo), luego de la reciente elección en aquel país.

Después de esto solo resta preguntarnos ¿iremos adelante para matar a la gallina de los huevos de oro?

Director de la Facultad de Turismo y Gastronomía, Universidad Anáhuac México.

Twitter: @fcomadrid