AMLO, becas y balas

Hace algo más de una semana, Andrés Manuel López Obrador criticó severamente a la Marina por el operativo en Nayarit que acabó con la vida de un presunto cabecilla de la banda de los Beltrán Leyva y doce personas más.

Unos días después, de gira por el Estado de México, el dirigente nacional de Morena, regresó al tema con la siguiente afirmación: “Estamos absolutamente convencidos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia… Si se rescata al campo del abandono, si hay empleos en el país, si se atiende a los jóvenes, se les garantiza el derecho al estudio y al trabajo, se va a serenar a México”.

¿Tiene razón López Obrador en ese diagnóstico? ¿El país se “serenaría” con gasto social y desarrollo económico? ¿La paz vendría a golpe de becas y no de balas?

Sí y no. La relación entre desarrollo económico, delito y violencia es complicada. Hay muchos ejemplos de  sociedades tradicionales  esencialmente seguras, al menos en el sentido de no experimentar altos niveles de violencia criminal. Más acceso a satisfactores materiales no es necesariamente garantía de paz y tranquilidad.

Yucatán, por ejemplo, es uno de los estados más pobres del país y a la vez registra una tasa de homicidio similar a la de un país europeo. Por su parte, Ciudad Juárez experimentó, en las dos décadas previas a 2008, tasas de crecimiento económico similares a las de países asiáticos. Eso no evitó la orgía de violencia que consumió hace unos años a esa ciudad fronteriza.

Por otra parte, una porción mayúscula de los delitos es siempre obra de una fracción minúscula de la población. La inmensa mayoría de los pobres, los  ninis, los marginados y los desempleados no roba, no extorsiona, no secuestra y no mata.

En consecuencia, para propósitos de seguridad, los programas sociales de corte general no son instrumentos muy buenos. En gigantesca proporción, sus beneficiarios no cometerían delitos, reciban o no algún apoyo ¿Eso significa que esas intervenciones no merecen presupuesto? Por supuesto que no: si un programa social se justifica en sus propios términos, buenísimo. Si además reduce los índices delictivos, mejor. Pero, por lo regular, los escopetazos presupuestales no son la  mejor manera de prevenir  los escopetazos físicos.

Es mejor idea direccionar los recursos hacia grupos muy específicos. Por ejemplo, algunos programas de  reinserción social de presos, con intervenciones múltiples y sostenidas (atención psicológica, capacitación laboral, etc.), han demostrado ser efectivos en diversos contextos.

Igualmente, ciertos programas más amplios, pero con algún grado de focalización, pueden dar buenos resultados. La ampliación de la  jornada escolar en secundaria, sobre todo en comunidades con altos índices delictivos, está en esa lista.

Para el largo plazo, la  prevención del embarazo adolescente es una buena idea. En el mismo sentido, algunos talleres de auto-control impartidos a niños en comunidades de riesgo pueden ser eficaces, según la evidencia disponible.

También, ciertas formas de recuperación de espacio urbano, englobadas en lo que se conoce como prevención del delito mediante diseño ambiental, pueden tener potentes efectos disuasivos.

No busco hacer una lista exhaustiva. Hay muchas intervenciones sociales para las cuales existe evidencia de efectividad. Cualquier propuesta seria en materia de seguridad debe incorporar algunas. Pero hay que entender las limitaciones: se trata de programas focalizados, con efectos que a menudo sólo son visibles en el largo plazo. Complementan, no sustituyen, la acción de las instituciones de seguridad y justicia.

Suponer lo contrario es vivir en terrenos de la fantasía, así sea uno puntero en la contienda presidencial.

alejandrohope@outlook.com

@ahope71