El sistema contra la corrupción nace cojo

Especialistas en materia de transparencia y rendición de cuentas aseguraron que sin fiscal Anticorrupción, ni magistrados especializados y sin sistemas locales, existen riesgos de operatividad del Sistema Nacional anticorrupción (SNA). “Los trabajos del SNA no se pueden detener porque hay un mandato de ley, lo que va a pasar es que operará con deficiencias”, aseguró el doctor e investigador del CIDE, Mauricio Merino Huerta.

El académico explicó que nadie puede impedir que las leyes y las instituciones del sistema comiencen a operar, pero el Comité Coordinador del SNA, SFP, ASF, Inai, TFJA y CJF tendrá una dificultad mucho más grande dado que el Senado no hizo los nombramientos necesarios: fiscal anticorrupción y magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Fernando Nieto Morales, ex integrante del Comité de Acompañamiento Ciudadano para la designación del fiscal anticorrupción, coincidió en que el gran problema es que actualmente tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción incompleto.

“Tenemos un sistema incompleto que además entra en funciones plenas (el 19 de julio), es muy grave que los senadores hayan incumplido con su obligación de ley. En el caso del fiscal es muy grave porque no se trata de un retraso de meses sino de años.

“Es preocupante porque comenzará a trabajar un sistema sin cabeza, porque eso le resta legitimidad en una tarea que es importantísima como lo es atacar los casos de corrupción, porque es la persona que va a investigar y a desmantelar las redes de corrupción”, advirtió.

El 19 de junio vence el plazo establecido en la Constitución para que todos los estados tengan sus leyes anticorrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción es un nuevo mecanismo para combatir las redes de corrupción, tanto en el sector público como en el ámbito privado.

Está formado por siete componentes: la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Comité de Participación Ciudadana (CPC), el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), el Consejo de la Judicatura Federal.

Así como por el fiscal anticorrupción de la PGR —nombramiento pendiente en el Senado— y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde también están pendientes por ratificar —por la Cámara Alta— 18 magistrados que sancionarán las faltas administrativas graves de corrupción.

Para suplir estas “ausencias”, la PGR cuenta con Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia que puede iniciar con las investigaciones penales por corrupción; mientras que el TFJA habilitó una sala auxiliar especializada en casos de corrupción.

A nivel nacional, los estados también incumplieron con la homologación de sus leyes para crear los 32 Sistemas Locales Anticorrupción.

De acuerdo con un informe de la Coparmex y organizaciones de la sociedad civil, sólo Chiapas y Nayarit tienen una ley de sistemas locales anticorrupción satisfactoria, mientras que 24 estados aún no.

Morelos y Puebla apenas tienen una iniciativa en discusión; Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí tienen una iniciativa “regular”, y Morelos una ley calificada como “deficiente”, de acuerdo con el informe.

La diputada federal Minerva Hernández (PAN), integrante del Caucus Anticorrupción de la Cámara de Diputados, dijo que la falta de nombramiento es muy delicado porque es fundamental contar con esas figuras, de lo contrario tendremos un SNA “cojo”.

“A nivel estatal es más preocupante, nosotros estamos dándole seguimiento y hay algunas entidades que ni siquiera cuentan con su reforma constitucional; muchas otras ni siquiera cuentan con la ley que crea el Sistema Local Anticorrupción, hay un retraso delicado”, dijo.

Hernández afirmó que los integrantes del Caucus Anticorrupción analizan hacer un exhorto a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para que los gobernadores se pongan en cumplimiento de la ley: “Los estados deben cumplir, homologar sus leyes y llevar a sus entidades su sistema anticorrupción”.

Merino Huerta señaló que en la medida que los sistemas locales estén demorados, el SNA en su conjunto no podrá operar con toda la eficacia que se espera.

Sin embargo, consideró que hay un error de quienes dicen que el sistema puede “fracasar”. “Puede haber muchos obstáculos, pero los ciudadanos no podemos permitir que el sistema fracase y se tire a la basura, porque ganarían los corruptos”.

Destacó que es apremiante que los estados hagan su tarea porque en muchas entidades no se han homologado las leyes locales anticorrupción e incluso no se sabe de sus legislaciones porque cada estado tiene capacidades institucionales muy distintas.