El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un ejército de 134 asesores para resolver los asuntos de los consejeros electorales y que cuestan al año más de 100 millones de pesos, a los que se suman recursos millonarios para consultorías y asesorías externas.

Estas asesorías son en campos especializados relacionados con la elección, pero también en materias administrativas, legales, electorales o de fiscalización, lo que eleva la suma de pagos a consultores.

Con la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución del IFE, creció en automático la nómina de asesorías de consejeros, porque aumentó de 9 a 11 el número de integrantes del Consejo General.

Hoy, cada una de las oficinas de los 11 consejeros destina desde 500 mil y hasta 960 mil pesos al mes exclusivamente para el pago de asesores, de entre 9 y 15 por cada consejero.

Así, este primer año del INE se erogarán 100 millones 787 mil pesos brutos como pago de sus asesores.

De acuerdo a información obtenida vía solicitud de información UE/15/01171, con corte al 20 de marzo, quienes tienen más asesores son el consejero Enrique Andrade, con 16, cuya nómina mensual bruta es de 754 mil pesos, y Javier Santiago Castillo, con 15 asesores que representan un gasto de 814 mil pesos al mes.

El consejero Arturo Sánchez también tiene 15 asesores, con una nómina al mes de 797 mil 504 pesos.

Con 12 asesores, sin considerar exclusivamente los del Consejo General, la oficina del consejero presidente Lorenzo Córdova representa un gasto mensual de 960 mil 692 pesos.

La oficina de la consejera Pamela San Martín, con diez asesores, gasta 575 mil 850 pesos al mes y la de la consejera Beatriz Galindo, con nueve asesores, ejerce 666 mil 432 pesos.

José Roberto Ruiz Saldaña y Marco Antonio Baños cuentan ambos con 13, pero en el primer caso cobran en conjunto 747 mil 33 pesos y en el segundo 783 mil pesos, mientras que en la oficina de Ciro Murayama, con 13, se gastan 742 mil pesos.

Con 14 asesores, la oficina del consejero Benito Nacif gasta más de 734 mil en percepciones y aunque por la oficina de la consejera Adriana Favela han desfilado 26 asesores en un año y de manera no simultánea, hoy son nueve con un costo de 821 mil 882 pesos brutos en sueldos.

Y pagan más por fuera. A pesar de que en el INE trabaja personal especializado que asesora a los consejeros y las Direcciones Ejecutivas, paga también asesorías externas.

Así, en el último tramo de 2014, además de la bolsa para el pago de asesores de consejeros —que creció en más de 20 asesores, para dos nuevos consejeros pero se ha mantenido casi en el mismo ritmo, salvo en los meses en los que en el extinto IFE trabajaron sólo cuatro consejeros— contrató 15.54 millones de pesos en asesorías relacionadas con tareas preparatorias de las elecciones.

Para “Asesoría Técnico Científica del Consejo General para conformar una nueva división territorial en los ámbitos federal de las entidades federativas” contrató 15 millones 415 mil pesos y aún están en ejercicio pues las tareas de diseño de redistritación terminarán hasta 2016.

También se contrataron, por 2.3 millones de pesos, cinco asesores “que realicen diversos estudios relativos al padrón electoral y las listas nominales que se utilizarán en la jornada electoral”, a razón de 422 mil pesos cada servicio de consultoría.

Otro millón de pesos se llevó la contratación de especialistas del Comité Técnico Asesor del PREP 2015 y auxiliares miembro del Comité para estudios relativos al padrón y las listas nominales de lectores.

En la contratación de consultoría para la definición de la fase de implantación de mejoras en los procesos operativos del INE se fueron otros 2.4 millones de pesos y 3.5 millones de pesos más por concepto de “consultoría para la aplicación del marco normativo de control interno del INE en cuatro de sus procesos”.

Para atender nuevas obligaciones de transparencia, evaluar procesos y asesoría para mejora de calidad de la información en el portal de obligaciones de transparencia, el INE requirió asesorías por casi 700 mil pesos.

Incluso se contrataron servicios profesionales “de análisis político electoral” para la comunicación de resultados derivados de investigaciones del Centro para el Desarrollo Democrático, instancia que la Contraloría General del INE ha señalado como una de las que representaban mayor duplicidad de gastos en asesorías en el último tramo de funciones del desaparecido IFE.

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