Este 1 de mayo conmemoramos el Día del Trabajo, una fecha que trasciende en un recordatorio solemne de la lucha constante de la clase trabajadora, auténtico sostén de nuestra civilización moderna. Los derechos de los que gozamos hoy no son fruto de negociaciones pacíficas ni de la inercia del mercado; están cimentados en la resistencia histórica frente a la explotación. Recordar esta fecha es honrar la memoria de quienes exigieron que el esfuerzo humano no fuera tratado como una mercancía, sino como una expresión de la libertad.
En nuestro país, esta conmemoración adoptó un carácter institucional en 1913, cuando la Casa del Obrero Mundial logró unificar las voces de diversas organizaciones tras la Revolución. Aquel movimiento sembró la semilla de lo que más tarde sería el Artículo 123 de nuestra Constitución de 1917, pilar jurídico de vanguardia que reconoció, antes que en otras naciones del mundo, que la relación laboral debía estar regida por el equilibrio y la justicia social.
A un siglo de distancia, los datos nos obligan a realizar un análisis crítico sobre la vigencia de estos ideales. Según reportes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hasta 2025, México persiste como una de las naciones con la mayor carga horaria a nivel mundial, promediando 48 horas de trabajo semanales que repercuten sobre la calidad de vida y el derecho al tiempo propio.
A lo anterior suma la persistencia de una brecha salarial de género. Hasta el año pasado, se reportaba que las mujeres en México perciben, en promedio, un 20% menos que sus pares hombres. Esta desigualdad se agrava al considerar que las mujeres asumen de manera desproporcionada labores de cuidado y tareas domésticas no remuneradas; una "doble jornada" que el sistema jurídico y económico aún no termina de tasar ni reconocer plenamente.
Estas desigualdades no afectan únicamente a las personas adultas. El flagelo del trabajo infantil permanece como una de nuestras mayores deudas sociales. En México, aproximadamente 3 millones 700 mil niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años realizan actividades económicas que comprometen su educación, salud y libre desarrollo. Cuando una infancia se ve obligada a trabajar, no solo pierde su presente, sino que se le restringen las oportunidades de un futuro digno, contraviniendo el interés superior de la niñez.
La Organización Internacional del Trabajo a través de su oficina en México ha implementado el proyecto “AccioNNAr” para combatir el trabajo infantil. Mediante la cooperación con entidades privadas, así como los tres niveles de gobierno se busca incrementar la capacidad para prevenir, combatir y erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en el país.
Es innegable que los sacrificios del siglo XX han rendido frutos: hoy contamos con un catálogo de prestaciones mínimas que incluyen seguridad social, aguinaldo, licencias médicas, así como espacios de cuidado para las infancias como guarderías y salas de lactancia.
No obstante, el horizonte del 2026 nos presenta retos de nueva generación. Los esquemas de contratación irregulares que impiden generar antigüedad y el ahorro para una pensión digna, la discriminación sistemática contra personas LGBT+, personas con VIH, mujeres embarazadas, o la persistencia del acoso laboral y sexual, entre otras, son los obstáculos que la justicia debe derribar ahora.
El trabajo debe ser, ante todo, un espacio de autorrealización. La labor de las instituciones, y particularmente del Poder Judicial, es velar porque la ley sea un instrumento dinámico que garantice la paridad, la inclusión, la erradicación del trabajo infantil y de la violencia en el entorno laboral.
Renovemos el compromiso de construir una nación donde el trabajo sea recompensado con justicia, donde el descanso sea un derecho efectivo y donde la dignidad de quien trabaja sea siempre el límite infranqueable ante cualquier arbitrio.
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