La corrupción es un fenómeno que no reconoce fronteras. Como pocos, daña el tejido social, resquebraja los cimientos de la democracia, merma la calidad de las instituciones y erosiona el Estado de derecho. Su combate es —y debe ser siempre— una tarea urgente y prioritaria, por ello, el Poder Judicial de la Federación (PJF) desde hace casi dos años, impulsa una campaña frontal para abatir a su interior la corrupción y el nepotismo.
En ejercicio de sus atribuciones, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al que por mandato constitucional corresponde la administración, vigilancia y disciplina del PJF, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, en octubre del año pasado, modificó la normativa relativa a la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, a fin de establecer nuevas bases y condiciones para la evaluación del desempeño judicial, la objetividad y transparencia de los procesos, el procedimiento de adscripción y readscripción, así como la ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito y, en general, para la valoración del comportamiento técnico profesional de los juzgadores.
Además de asignar un mayor peso al buen desempeño jurisdiccional —incluso sobre el desarrollo personal— pues bien sabemos que éste no necesariamente se vincula al buen ejercicio de la profesión, lo que se constituye en un incentivo para mejorar el profesionalismo, la eficiencia y la ética de los servidores públicos judiciales y de esta manera, contribuir a prevenir y erradicar conductas y prácticas que pudieran generar corrupción.
Por otra parte, en diciembre de 2019, también el Pleno del CJF aprobó el Plan Integral de Combate al Nepotismo, que incluye un conjunto de medidas preventivas y reactivas que buscan erradicar esta práctica, de manera que el ingreso a la carrera judicial y su permanencia en ella se definan por la capacidad, que se demostrará públicamente con los concursos públicos y la valoración transparente y abierta del desempeño profesional y jurisdiccional.
El Plan comprende medidas tales como: el reforzamiento de los métodos de selección del personal jurisdiccional; un padrón de relaciones familiares; la revisión de las disposiciones en materia de carrera judicial y disciplinaria, para definir todos los supuestos de contratación que generen responsabilidad; un comité de integridad para opinar previo a contrataciones que pudieran actualizar casos de nepotismo; un buzón electrónico para denuncias de casos de nepotismo, y la política integral conformada por la política de adscripciones y el propio Plan.
Así también, se estableció el Programa Anual de Verificación de Situación Patrimonial, para el seguimiento adecuado a la evolución patrimonial de los servidores públicos del PJF, el que se ha acompañado de evaluaciones de riesgo a servidores públicos con la finalidad de determinar las medidas de seguridad que requieren.
Con el firme propósito de poner fin a la corrupción, algunas de estas acciones se incluyen como ejes en la propuesta de “Reformas con y para el PJF”.
En el PJF estamos convencidos que mientras más prevengamos la comisión de actos cuestionables, vigilemos con mayor precisión el desempeño jurisdiccional, fomentemos el servicio profesional de carrera jurisdiccional y sancionemos ejemplarmente la corrupción, fortaleceremos nuestra legitimidad y la confianza de la gente.
Todos estos esfuerzos, son muestra de la firme determinación para combatir la corrupción al interior del PJF, en el que sólo tienen cabida funcionarios íntegros, que se conduzcan con la ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad que deben observar en sus funciones.
Ministra de la SCJN
