En Palacio Nacional quieren seguir dictando agenda. Así lo aprendieron desde la administración de López Obrador. Desde el año 2018 intentan imponer su narrativa y desdeñan temas de interés nacional que incomodan a sus gobiernos. La inseguridad, la crisis de desaparecidos o la corrupción de morenistas en el ejercicio de gobierno son temas que evitan abordarse en el púlpito presidencial, desde la conferencia Mañanera.

El lunes de la semana pasada, horas después de que la Selección Mexicana quedara fuera del Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que al siguiente día, hablaría de la captura de “El Mayo” Zambada, las declaraciones del exembajador, Ken Salazar, y la participación contradictoria de las agencias de Estados Unidos.

Le urgía imponer su narrativa. luego de terminar la participación de México en uno de los torneos internacionales que nos mantuvo en vilo a millones de mexicanos, en Palacio Nacional querían que se hablara nuevamente de la defensa de la soberanía de nuestro territorio. Era mejor hablar de ese tema, que de los vínculos del exgobernador Rubén Rocha Moya con el crimen organizado.

Para la primera mandataria fue mejor cuestionar las declaraciones de Salazar, que no escondían nada nuevo y hacerlo “enemigo” de los mexicanos, que retornar a las acusaciones de Estados Unidos en contra de un gobernador de su propio movimiento.

En otros temas que les incomodan siguen la misma estrategia de evadir, la presidenta prefiere continuar con la cantaleta de pedir pruebas, antes que reconocer que campañas políticas están siendo financiadas con dinero proveniente del huachicol fiscal, como lo señalara ya el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Hace unos días, publiqué en mis redes sociales un video en el que recordé que, durante el debate presidencial de 2024, le advertí a la entonces candidata presidencial sobre la “robadera” del huachicol fiscal y aun así se hizo de la “vista gorda”, pues del 1 de junio al 22 de julio de 2025, cuando tenía nueve meses en el cargo, entraron 144 millones de litros de huachicol fiscal a nuestro país. Les molestó que evidenciara su complicidad en el jugoso negocio ilegal.

Como su intención es ser amos de la narrativa, Citlalli Hernández señaló equivocadamente que el gobierno de Vicente Fox había promovido una controversia constitucional para impedir que Pemex utilizara un marcador químico que habría permitido rastrear el combustible robado. Bien la desmintió Jorge Triana al aclarar que nunca se habló de marcadores y que el PEF 2005, el cual fue modificado, incluía un artículo que ordenaba a Pemex utilizar tecnología para identificar los combustibles.

Es evidente, hacen maromas por defender las administraciones de la 4T y no se percatan que, en su intento, responden disparates.

Las administraciones morenistas quieren distraer la atención. Quieren minimizar los costos políticos de su gobierno a través de su narrativa. Si dominan la conversación deciden de qué se habla y que se ignora. No podemos permitirles esconder la gravedad de lo que quieren callar.

Comentario final

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