Ejecución extrajudicial, otra vez

Una vez más, elementos del Ejército Mexicano se vieron involucrados en una presunta ejecución extrajudicial de cinco civiles en Nuevo Laredo. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó de lo ocurrido el 18 de mayo no por iniciativa propia, sino después de la indignación que provocó la difusión de un video grabado desde la cámara de un inmueble cercano al lugar de los hechos, de la que los militares no se percataron.

En el video se percibe que después de una persecución y de que las víctimas chocaron, los soldados les dieron alcance y mientras las extraen vivas de un vehículo, responden a un presunto ataque disparando al azar y en dirección a donde habían colocado esposados a los civiles. Al término de la supuesta agresión, los detenidos aparecen ya muertos.

En un comunicado, la SEDENA dio a conocer que, resultado de una investigación, la Fiscalía General de Justicia Militar cumplimentó 16 órdenes de aprehensión en contra del personal militar involucrado. La dependencia ratificó su compromiso “con el pueblo de México de actuar en todo momento en el cumplimiento de sus misiones, con irrestricto apego al respeto de los derechos humanos y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza…”, lo cual, a la luz de los últimos acontecimientos, está lejos de la verdad.

Cabe recordar que el 2 de febrero de este año, también en Nuevo Laredo, cinco jóvenes murieron, luego de que un grupo de militares les disparó porque presuntamente no obedecieron una orden de detenerse. El 3 de julio de 2020, en la misma ciudad, un civil fue abatido por miembros del Ejército Mexicano, tras ser reconocido como persona herida.

Las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza por parte del personal militar han sido recurrentes desde que inició la llamada guerra contra las drogas, pero se han agudizado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin que las autoridades civiles sean capaces de establecer un control efectivo para poner fin a estos abusos.

En este sexenio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha registrado al menos 11 acontecimientos parecidos en los que se han visto involucrados elementos de las Fuerzas Armadas y en los que se han registrado 39 víctimas.

Sobre lo ocurrido el pasado 18 de mayo, esta organización civil afirma que “Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército no son hechos aislados ni realidades del pasado, sino expresiones de un patrón de actuación que sigue presente”.

En el marco de la discusión de la creación de la Guardia Nacional, en mi calidad de diputada federal en la LXIV Legislatura, al igual que especialistas y organizaciones civiles, advertí de los riesgos que implicaba para los derechos humanos la ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Hechos como los ocurridos en Nuevo Laredo, desafortunadamente, confirman esta advertencia, al tiempo que se ratifica que, a pesar de la militarización, la violencia, los homicidios dolosos y la operación del crimen organizado, siguen al alza.

Más allá de condenar las ejecuciones extrajudiciales, es momento de que el presidente revisé la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. Al ser omiso al respecto, López Obrador se convierte en cómplice de estas graves violaciones a los derechos humanos que, en la gran mayoría de los casos, quedan impunes.