La economía y la política
están interrelacionadas. A veces quisiéramos pensar que las decisiones económicas se toman considerando criterios de rendimiento social, eficiencia, competencia y pasamos de largo, quizás cómodamente, que la materia económica está profundamente relacionada con la política. Las decisiones económicas, en muchas ocasiones, las toman los políticos.
La reforma energética que fue desechada el domingo en el Congreso hubiera representado, de ser aprobada, uno de los peores errores en materia económica de la historia reciente de México. Los efectos nocivos, tóxicos en algunos casos, que la reforma podría haber generado en muchos ámbitos ya se han discutido en estas líneas. Sin embargo, no podemos pensar que por haber sido cancelada la reforma energética del presidente la economía mexicana tendrá ahora viento a favor.
Si los políticos tomaran decisiones solo basados en evidencia sobre las probables consecuencias de sus actos, entonces el debate para reformar el mercado eléctrico, y otros aspectos de nuestro sector energético, hubiera sido distinto. Hubiera reconocido las fallas del modelo actual y hubiera propuesto algo encaminado a mejorar uno de los sectores más relevantes para cualquier economía y en particular para las economías que quieran beneficiarse del progreso tecnológico.
Pero nuestros políticos no son conocidos por su sensatez. Y qué más muestra de eso que, como ya se ha señalado ampliamente, esta iniciativa incluso antes de haberse siquiera sometido a votación ya generaba nerviosismo entre los inversionistas, así que se puede aseverar que habría provocado merma en la inversión por el solo hecho de ponerla en la mesa. Otra vez: la política impactando a la economía.
Ninguna ley es perfecta.
Siempre será pertinente revisar lo que se puede mejorar del marco regulatorio. Y más el de un mercado sujeto a innovación constante como lo es el eléctrico. Si algo hay que sacar de positivo luego del tour de force en que estuvimos estos meses, sería que ahora todos entendemos un poco mejor nuestra producción eléctrica y sus retos.
Por eso mismo tenemos la obligación de no caer en la autocomplacencia y pensar que el peligro ya pasó y que volveremos a como estaban las cosas antes de la presentación de la iniciativa. Nada más lejano a la realidad.
El presidente anunció ayer mismo, al minimizar el revés en San Lázaro, que él interpreta que la Corte le dio luz verde para proceder a poner en marcha su ley de la industria eléctrica. En otras palabras, es claro que revisará permisos y contratos del sector y esa revisión no será propositiva, más bien todo apunta a una revisión punitiva. Es una contrarreforma por acupuntura, pero contrarreforma.
Los costos y los impactos a la inversión privada por la decisión política de AMLO de reconfigurar las reglas del mercado energético seguirán. Aunque haya sido un alivio de que el peor escenario quedó conjurado, la ambigüedad jurídica y la incertidumbre generada diariamente desde Palacio Nacional han paralizado la inversión en el sector.
Por la vía de la política el actual gobierno se afana en ponerle el pie a la recuperación económica. Un lujo que se da la clase gobernante, para la que son más importante supuestos criterios de nacionalismo y soberanía, antes que objetivos de rendimiento social, eficiencia, sustentabilidad y competencia que podrían beneficiar a todos los mexicanos.