Esta semana se sacudió la tierra de El Quijote con la acusación a uno de los expresidentes de la democracia española, venturosamente iniciada en julio de 1976 con la gestión de Adolfo Suárez González. Me refiero a José Luis Rodríguez Zapatero, quien al paso de los años sigue teniendo muchos adeptos.
La imputación en contra de Zapatero es por: "organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental". Por primera vez un expresidente entra directamente en una investigación criminal vinculada con el tráfico de influencias y blanqueo en el caso de la empresa Plus Ultra.
Plus Ultra era una aerolínea que transportaba menos del 0.1% de los pasajeros en España, principalmente a América Latina, cuando recibió un rescate —en el contexto de la pandemia— de 53 millones de euros.
Según el diario El País: “el juez ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y falsedad documental en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El auto lo sitúa como líder de una presunta trama internacional y lo acusa de blanqueo de capitales gracias a sus contactos institucionales y empresariales”. Los pagos que entre 2020 y 2025, Zapatero y su entorno recibieron por parte de empresas relacionadas con la trama, por la consultoría que él daba a Plus Ultra, alcanzan a sus hijas, a través de una empresa de comunicación.
El magistrado del caso reveló que Washington participó en la investigación facilitando la información contenida en el móvil del exdueño venezolano de Plus Ultra, Rodolfo Reyes Rojas.
El expresidente de España, entre 2004 y 2011, ha expresado su disposición a colaborar con la justicia y ha negado los hechos.
Como sabemos, existe el principio de inocencia que goza todo imputado, pero lo que ha sido un volcán en erupción en la vida política de la península, es la acusación y el cateo en la oficina del expresidente, que ha agitado las aguas del Mediterráneo con opiniones a favor y en contra, y cimbrado a la clase política española como nunca había sucedido desde el inicio de la democracia en ese país, situación ante la que la Casa Real se ha mantenido al margen.
Una vez más los dineros en la política, las palancas del poder y la entrega de comisiones se hicieron aparecer en un caso criminal, que es de pronóstico reservado.
Pero del Mediterráneo nos vamos al Caribe con otro misil. El Departamento de Justicia de Estados Unidos en la corte Federal del Distrito Sur de Florida, acusó formalmente al expresidente de Cuba, Raúl Modesto Castro Ruz, de ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas, el derribo de la avioneta donde iban tres ciudadanos cubanoamericanos y un cubano residente en 1996.
Así, el hermano del legendario Fidel Castro Ruz tiene en su contra un delicado señalamiento, mientras en la isla aseguran que se trata de una acción de intervencionismo. Todo esto es reflejo de que la batalla política utiliza los misiles de acusaciones contra cualquier personaje público y ahora toca a la clase gobernante de Iberoamérica.
La justicia internacional está activando sus obuses con recursos judiciales, algunos surgidos en otros territorios para investigaciones o procesos que buscan un cobro de facturas políticas, y otros buscando justicia a ciertos personajes que pudieron traicionar la voluntad popular y allegarse de los recursos del pueblo.
Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales. Autor del libro “El Ciudadano Republicano y la Cuarta Transformación”. @UlrichRichterM