Somos un país de raíz indígena, aunque ese origen aún incomode a ciertos sectores de las élites, acostumbrados a mirar nuestra diversidad desde la distancia. La presencia de nuestra raza milenaria habita y se mantiene viva en nuestras formas cotidianas de hablar, en los nombres de nuestras calles, colonias y barrios, incluso en nuestros platillos y festejos.
Durante el siglo XX, el Estado atendió esa realidad desde el indigenismo, una política que llevó servicios e instituciones a numerosas comunidades y que también definió, desde el poder público, la manera en que debían incorporarse al proyecto nacional.
Con el paso de los años, ampliamos esa discusión, exigiendo reconocimiento jurídico, participación política, protección de sus territorios y respeto a sus autoridades. En 1992, la Constitución reconoció la composición pluricultural de la nación; en 2001 se incorporó la libre determinación, la autonomía y los sistemas normativos, legitimando décadas de organización comunitaria, luchas agrarias, movimientos regionales y demandas provenientes de todo el país.
En este largo andar, 2019 ocupa un lugar importante, por ser el año en el que los pueblos y comunidades afromexicanas fueron reconocidos expresamente en el artículo 2º de nuestra Constitución; después de décadas de organización y de trabajo para recuperar su presencia en la historia nacional, los censos y las políticas públicas.
Cinco años después, el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió una nueva reforma al mismo artículo; construida a partir de consultas, demandas comunitarias y aportaciones de los pueblos, autoridades tradicionales, organizaciones, especialistas y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El Congreso de la Unión la aprobó con amplio consenso y el decreto fue publicado en septiembre de 2024. Desde entonces, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son reconocidos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Ese reconocimiento constitucional abrió una nueva etapa. Ahora corresponde definir los procedimientos, las responsabilidades y los recursos que permitirán ejercer esos derechos en la vida cotidiana. Con ese propósito, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó la elaboración de la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con la participación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, legisladores, especialistas y representantes comunitarios.
La propuesta será sometida a consulta previa, libre e informada antes de ser enviada al Congreso de la Unión. Será discutida en asambleas regionales y mesas de trabajo, donde las comunidades podrán formular observaciones y plantear modificaciones. Después vendrá la integración de la iniciativa definitiva y su discusión legislativa. La tarea de esta ley será llevar el reconocimiento constitucional a las asambleas comunitarias, los ayuntamientos, las escuelas, las clínicas y los tribunales. Ahí se comprobará su verdadero alcance, la capacidad de una comunidad para acreditar a sus autoridades, administrar recursos, proteger su patrimonio, recibir atención en su lengua y participar en las decisiones que afectan su territorio y su forma de vida.
Los pueblos indígenas y afromexicanos han sostenido durante generaciones una parte esencial de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra organización social. La ley que ahora comienza a construirse puede convertir ese reconocimiento constitucional en derechos que se ejerzan plenamente dentro de nuestras instituciones. Pero estos esfuerzos legislativos no pueden quedarse sólo en la letra; la inclusión en la norma no lleva al ejercicio de manera automática, es trabajo de todas y todos transformar el sistema de valores que por años les ha tenido invisibilizados, integrarlos en la vida diaria y respetarles en sus derechos y formas de organización.
Académico