Estamos de visita en Nueva York, dentro de una lujosa sala de una casa de subastas que anuncia la exhibición y venta de piezas de muy alto valor, provenientes de la cultura mexicana. A pesar de tener piezas muy curiosas y atípicas, llama muchísimo la atención un marco de roca tallada, que parece tener ojos y una gran boca. Mide casi dos metros de altura y la han llamado “El monstruo de la tierra”. La ficha de esta pieza indica que se trata de una escultura olmeca, con 2 mil 800 años de antigüedad, originaria de Chalcatzingo (Morelos) y un costo invaluable. Ni la ficha ni el catálogo precisan más información, por ejemplo: la historia detrás de la comunidad de la que salió, el recorrido que la llevó hasta la sala de exhibición y mucho menos el modus operandi para obtenerla.
Escenas como ésta, formaron parte de una normalidad asumida durante décadas e incluso siglos, piezas extraídas de su lugar originario, para ir cambiando de manos, lejos de su contexto y sus comunidades, solo para ser comerciadas como simples objetos de colecciones privadas.
Sin embargo, en estos días, el anuncio sobre la recuperación de 160 piezas arqueológicas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Secretaría de Cultura de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, vuelve a recordarnos la importancia de la justicia cultural e histórica que también exigimos como nación, al resto de los países que por siglos saquearon y comercializaron nuestro patrimonio histórico y cultural.
Esta restitución se inscribe en una política que comenzó a consolidarse en 2018, a través de la cual se articularon capacidades técnicas, jurídicas y diplomáticas para intervenir de manera activa en el mercado internacional de bienes culturales. Desde entonces, el país ha logrado recuperar alrededor de 16 mil 500 piezas que se encontraban fuera de nuestro territorio. Esta escala ya no admite una lectura anecdótica; lo que está en curso es una política pública con continuidad, dirección y resultados.
La lectura inmediata de estos acontecimientos podría quedarse así, solo en la dimensión cultural, el valor estético o incluso económico de las piezas. Sin embargo, hay algo más profundo y valioso para nosotros como pueblo de México. Me refiero a que la recuperación de estos bienes forma parte de una política de Estado orientada a ejercer soberanía sobre nuestra memoria cultural e histórica. Durante años, la salida de piezas arqueológicas se explicó como resultado de vacíos legales, debilidad institucional o simple tolerancia internacional. Hoy, hay una intervención sistemática, que combina acciones jurídicas entre dependencias, una diplomacia cultural orientada a la defensa de nuestro patrimonio y una postura política firme, para exigir lo que por derecho nos pertenece frente a contrapartes con las que antes se toleraba y pasaba por alto este tipo de actos, considerados como simple mercadeo cultural ilegal.
Es importante decir que parte importante de las restituciones recientes ha sido voluntaria, lo que sugiere que en estos actos ya no se discute la legalidad de la posesión, sino que, gracias al esfuerzo sostenido que ha dejado precedentes, hoy la justicia internacional comienza a incorporar criterios de responsabilidad sobre el origen y el significado de estos bienes.
Nos corresponde como sociedad, dar seguimiento puntual a todo lo que deberá ocurrir después del retorno de estas piezas. Algunas se irán a museos para su estudio y exhibición, mientras que otras van a requerir restauración. El retorno, en este sentido, no es el final del proceso, sino el punto de partida para que esas piezas vuelvan a tener un lugar dentro de la historia que les corresponde.
Recuperar nuestros bienes culturales no anula los daños ocurridos en el pasado, pero sí define nuestra postura actual frente a estos hechos, porque nos coloca en una ruta sostenida de defender lo que nos pertenece como nación; y en esta decisión hay un mensaje muy importante, incluso educativo, para todas las generaciones: la soberanía no se agota en el territorio ni en las instituciones, se extiende hacia nuestra historia y hacia nuestra responsabilidad para recuperarla y preservarla, porque México ha dejado de ser un país interesado en negociar su memoria como mercancía.
Académico
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