Occidente acaba de mostrar una contradicción que muchos preferían no mirar: las sanciones no son solamente una herramienta moral, también son una herramienta económica que tiene costos. Y cuando esos costos llegan a la energía, a la inflación, al transporte y al bolsillo de los ciudadanos, los principios empiezan a flexibilizarse.
El Reino Unido ha retrasado algunas medidas relacionadas con productos energéticos vinculados al petróleo ruso, en medio de la inestabilidad provocada por la crisis en Medio Oriente. El argumento oficial puede presentarse como una cuestión técnica o gradual, pero el mensaje político es evidente: cuando los precios suben y la seguridad energética se vuelve vulnerable, las sanciones dejan de ser tan firmes.
Esto no significa justificar actos beligerantes de ningún lado ni negar la gravedad del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero una cosa es condenar la violencia y otra muy distinta es construir una política de sanciones que no mide bien sus consecuencias. Las sanciones contra Rusia fueron presentadas como una estrategia casi quirúrgica: debilitarían a Moscú, aislarían su economía y reducirían su capacidad de sostener el conflicto. Sin embargo, el resultado ha sido más contradictorio. Rusia encontró formas de redirigir parte de su comercio energético hacia Asia, mientras Europa tuvo que reorganizar sus cadenas de suministro, pagar energía más cara y depender de nuevos proveedores.
En otras palabras: Occidente quiso castigar a Rusia, pero también terminó castigándose a sí mismo. La política de sanciones funcionó como símbolo político, pero no necesariamente como solución estratégica. El petróleo no desapareció del mercado; muchas veces solo cambió de ruta, de intermediario o de factura. Europa redujo parte de su dependencia directa, sí, pero a un costo económico, social e industrial muy alto.
La pregunta incómoda es otra: si Occidente pudo actuar con tanta rapidez contra Rusia en nombre del derecho internacional, ¿por qué no aplica una lógica similar frente a Israel?
Ahí aparece el doble estándar. Contra Rusia, la respuesta fue inmediata: sanciones financieras, restricciones energéticas, congelamiento de activos, aislamiento diplomático y presión internacional. Frente a Israel, en cambio, la respuesta ha sido mucho más limitada, incluso ante la crisis humanitaria en Gaza, las denuncias por el trato a civiles, el bloqueo, los asentamientos y los cuestionamientos al uso desproporcionado de la fuerza.
El problema no es que Occidente no tenga herramientas. Las tiene. Puede suspender acuerdos comerciales, revisar exportaciones militares, limitar cooperación tecnológica, sancionar funcionarios, congelar activos o condicionar relaciones diplomáticas. Ya lo hizo en otros casos. Lo que falta frente a Israel no es capacidad jurídica ni económica, sino voluntad política.
La diferencia no está en los principios, sino en las alianzas. Israel ocupa un lugar estratégico para Estados Unidos y Europa en Medio Oriente. Por eso, cuando se trata de Rusia, el lenguaje occidental es duro: agresión, castigo, aislamiento, consecuencias. Pero cuando se trata de Israel, el vocabulario cambia: preocupación, moderación, llamados al diálogo, investigación, revisión. Es el mismo derecho internacional, pero aplicado con dos velocidades distintas.
Para América Latina, esta contradicción importa mucho. Nuestros países conocen bien la historia de las sanciones selectivas, los bloqueos, las presiones diplomáticas y las políticas de castigo aplicadas según los intereses de las grandes potencias. Por eso, desde la región, la pregunta debe formularse con claridad: ¿las sanciones son una defensa universal del derecho internacional o son una herramienta política que Occidente usa contra sus adversarios y evita contra sus aliados?
El caso de Gaza vuelve esta pregunta aún más urgente. Si la protección de civiles, el acceso humanitario y el respeto al derecho internacional humanitario son principios universales, entonces deben aplicarse también cuando el actor señalado es Israel. No se puede exigir justicia en Ucrania y pedir paciencia en Palestina. No se puede hablar de soberanía, legalidad y derechos humanos solo cuando conviene al mapa geopolítico occidental.
El retraso británico en sanciones energéticas contra Rusia muestra que la economía real termina imponiendo límites a los discursos morales. Cuando la energía se encarece, los gobiernos recuerdan que las sanciones también tienen efectos internos. Y si esas medidas pueden flexibilizarse por razones económicas, entonces queda claro que nunca fueron solamente una cuestión de principios.
La verdadera discusión no es si Occidente debía responder al conflicto en Ucrania. La discusión es por qué esa respuesta fue tan rápida, severa y estructural frente a Rusia, mientras que frente a Israel las medidas siguen siendo parciales, lentas y cuidadosamente limitadas.
Si el derecho internacional solo se aplica contra adversarios geopolíticos, deja de ser derecho y se convierte en política de bloques. Y ahí es donde Occidente pierde autoridad moral: no por decir que defiende normas internacionales, sino por aplicarlas de manera selectiva, según sus intereses energéticos, sus alianzas militares y sus conveniencias estratégicas.