En las últimas semanas, Cuba volvió a colocarse en el centro de una nueva escalada de presión estadounidense. El endurecimiento a niveles superiores de medidas coercitivas de EEUU y las amenazas a terceros países y sus empresas, ha incrementado los cortes eléctricos porque Cuba lleva meses sin recibir combustibles, ha disminuido los ingresos de Cuba, ha obligado a empresas extranjeras suspender vínculos con Cuba que ha agravado la situación económica de la mayor de las Antillas. Reuters reportó que Cuba el banco que daba servicios de transacciones con Visa y Mastercard suspenderá ese servicio a partir del 6 de junio de 2026, por el impacto de nuevas sanciones estadounidenses. También informó que algunas cadenas hoteleras, navieras y aerolíneas han reducido o suspendido operaciones vinculadas con la isla, en medio del endurecimiento de medidas contra sectores clave como turismo, logística, finanzas y energía.
En ese contexto, entrevisté en la Embajada de Cuba en México al embajador Eugenio Martínez Enríquez, quien presentó la coyuntura no como una crisis aislada ni únicamente económica, sino como una disputa directa por la soberanía. Para él, la política estadounidense no busca corregir problemas internos cubanos, sino profundizar el cerco hasta hacer inviable el funcionamiento normal del país. Lo dijo con una frase que resume el fondo del conflicto: “las órdenes ejecutivas del 29 de enero y el primero de mayo del presidente de Estados Unidos sencillamente intentan desconectar a Cuba de la economía internacional”. Y agregó: “ningún país ha funcionado desconectado del sistema financiero de la economía internacional como pretende Estados Unidos hacer con Cuba”.
La declaración es importante porque desplaza el debate. Ya no se trata solo de si Cuba enfrenta problemas administrativos, productivos o económicos internos. Todo Estado los tiene. La cuestión es si una potencia extranjera puede convertir esos problemas en una estrategia de asfixia. Martínez Enríquez fue más lejos al afirmar que Washington aplica “amenazas a empresas, sanciones a empresas, confiscación de sus bienes, intervención de sus cuentas, persecución a aseguradoras de barcos, a barcos, a empresas, a quien se acerque a líneas aéreas”. En sus palabras, esto constituye “una guerra cruel y despiadada a un país, a un pueblo que no se la merece”.
Desde esa lectura, Cuba funciona hoy como un espejo para América Latina. Lo que se prueba contra La Habana puede convertirse mañana en método contra cualquier gobierno que decida una política exterior propia. El propio embajador lo advirtió con claridad: “lo que pasa con Cuba puede pasar con cualquier Estado de América Latina y del Caribe”. Para él, la presión no termina en Cuba; establece un límite político para la soberanía regional.
Ese es el punto más relevante para México, la CELAC y el Caribe. La discusión no debería reducirse a simpatías o antipatías hacia el sistema cubano. El tema de fondo es si América Latina acepta que un país externo determine con quién puede comerciar, de quién puede recibir combustible, qué cooperación médica puede mantener o con qué potencias puede relacionarse. Martínez Enríquez lo formuló así: “Estados Unidos quiere imponer con quién nos relacionamos. No tiene derecho Estados Unidos a decir si tenemos relaciones con la República Popular China o no, con la Federación Rusa o no”.
La cooperación médica cubana aparece en este escenario como una de las disputas más sensibles. El embajador denunció que Washington busca “gestionar, presionar y amenazar a otros para que prescindan de servicios de médicos y técnicos de la salud cubana”. Según él, existen programas cubanos de cooperación legítima en más de 50 países, y el objetivo de Estados Unidos sería que esas poblaciones “se queden sin médicos” bajo el argumento de que dichos programas generan ingresos para el gobierno cubano. En el caso mexicano, recordó que hay “3,360 médicos cubanos en 555 municipios”.
México, hasta ahora, ha sostenido esa cooperación. En marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el acuerdo con Cuba y afirmó que ha sido beneficioso para México, incluso mientras otros países de la región cancelaban o reducían estos programas bajo presión estadounidense. Esta posición coloca a México en una tradición diplomática reconocible: no intervención, autodeterminación y cooperación con base en necesidades sociales, no en alineamientos impuestos.
La reacción regional también importa. CARICOM expresó preocupación por el agravamiento de las medidas económicas, comerciales y financieras contra Cuba, y señaló que las dificultades que enfrenta la isla también afectan a ciudadanos caribeños que estudian o viven allí. En la entrevista, Martínez Enríquez recordó además que CARICOM rechazó la amenaza del uso de la fuerza contra Cuba, el bloqueo y llamó a una relación normal con la isla.
Hay una frase de la entrevista que debería ser tomada como advertencia regional: América Latina y el Caribe, recordó el embajador, se declararon en 2014 como una “zona de paz”, basada en el respeto a “las diferencias, los diferentes modelos políticos y económicos existentes” y en principios como “la igualdad soberana, el no uso de la fuerza ni la amenaza del uso de la fuerza”. Esa idea hoy vuelve a ser urgente, porque el lenguaje de la seguridad puede convertirse fácilmente en excusa para disciplinar políticamente a la región.
Por eso Cuba no es solamente un asunto cubano. Es una prueba para América Latina. Si la región acepta que se castigue a un país por ejercer su soberanía, mañana la misma lógica podrá aplicarse contra cualquier otro. México, la CELAC y el Caribe no tienen que coincidir ideológicamente con La Habana para defender un principio elemental: ningún Estado debe ser sometido económicamente para forzar un cambio político.
La defensa de Cuba, en este sentido, no es únicamente solidaridad. Es defensa preventiva de la soberanía latinoamericana.