En los tribunales y en la política hay señales inequívocas de debilidad argumentativa cuando el acusado está perdiendo la batalla. Primero se niega el hecho. Si el hecho resiste, se le reinterpreta o se intenta justificarlo. Y cuando ya no es posible negarlo ni justificarlo, queda un movimiento final: impugnar a quien acusa, el procedimiento, su legitimidad o sus intenciones. Ese suele ser el último recurso de una defensa acorralada.
Algo de ese desplazamiento recorre la defensa que Morena y sus voceros han construido alrededor de la acusación del Departamento de Justicia contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios de Sinaloa.
Viridiana Ríos leyó la carta que López Obrador dirigió a Donald Trump como el anuncio de una estrategia: resistir hasta las últimas consecuencias, "morir en la batalla", aun a sabiendas de que el incendio alcanzará también a México. Y para darle linaje a esa decisión invocó a Lula da Silva, que "enfrentó a Washington con la valentía de quien no tiene nada que perder”.
La analogía suena seductora y nacionalista, pero es patriotera y defectuosa.
El episodio brasileño giró en torno al uso de instituciones judiciales para alterar una competencia electoral: la sospecha de que ciertos actores del sistema de justicia habrían actuado con motivaciones políticas para impedir una candidatura presidencial. La discusión de fondo era si un poder extranjero, con Trump a la cabeza, buscaba influir en un asunto interno en favor de Bolsonaro.
El caso mexicano corre en sentido contrario. No estamos frente a una disputa electoral entre Morena y la oposición, ni ante una controversia sobre la elegibilidad de un candidato. Estamos frente a una fiscalía extranjera que acusa a funcionarios mexicanos de asociarse con una organización criminal.
La analogía de Ríos sólo funciona si primero se da por probado lo que precisamente debería demostrarse: que las acusaciones contra Rocha Moya y los demás son falsas y que su único propósito es debilitar a Morena. Es un salto sin fundamento. Aun si aceptáramos que Trump tiene motivaciones políticas, ello no convierte en fabricación cualquier acusación contra alguien cercano a Morena, a Sheinbaum o a Obrador. Las motivaciones del acusador no determinan la verdad de lo que afirma: se puede actuar por interés propio y, al mismo tiempo, señalar problemas reales.
Conviene recordar un dato. Las acusaciones no cayeron de la nada en pleno proceso electoral, como quiere hacerlo ver Palacio Nacional o, más veladamente, Ríos en su columna. Se inscriben en una serie de investigaciones que la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lleva a cabo desde 2023, con más de treinta integrantes y operadores del Cártel de Sinaloa procesados. Esto parece más un proceso de investigación que una ocurrencia diseñada para la coyuntura mexicana.
Para la historia queda la reacción. Quien confía en que los hechos lo respaldan exige investigaciones transparentes e independientes, abre archivos, pone a sus funcionarios a disposición y busca desechar la sospecha. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho lo contrario: desde el principio convirtió un debate sobre seguridad y criminalidad en uno sobre soberanía y persecución política. Cuando, en lugar de responder a los señalamientos, se cuestiona a quienes los formulan, el objetivo deja de ser esclarecer los hechos para politizarlos.
Por eso la carta de López Obrador se entiende mejor como un síntoma del estado actual de Morena. Su tono es el de quien ya contó la derrota y ahora cuenta el miedo: el de quien entiende que el costo de una investigación puede ser enorme y que ciertos señalamientos podrían alcanzar a estructuras de poder más amplias, no sólo a individuos concretos. Es la preocupación de quien necesita convertir una investigación en una agresión política para que la atención no permanezca donde comenzó.
Volvamos al tribunal del principio. Cuando un defensor deja de discutir las pruebas y dedica su alegato a denunciar motivaciones políticas, el jurado todavía no sabe si el acusado es culpable, pero sí sabe que su abogado ya está en modo defensivo. Una democracia saludable distingue entre la defensa legítima de un proyecto político y la obligación de rendir cuentas. Cuando ambas se confunden, toda crítica se vuelve traición y toda investigación, persecución.
X: @solange_
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