¿Puede parar?

Sergio García Ramírez

La libertad de expresión es un derecho radical, cimiento de la democracia, con lo que ello implica

Un grupo de ciudadanos difundió un desplegado: “En defensa de la libertad de expresión”. Describió, razonó y señaló: “Esto tiene que parar” (EL UNIVERSAL, 18 de septiembre). El desplegado se dirigió al Presidente de la República, que tiene a su cargo “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” (artículo 1º de la Constitución, norma obligatoria, no súplica sometida a la benevolencia del gobernante).

En aquel documento expusimos nuestra preocupación: “la libertad de expresión se halla bajo asedio en México”, pese a que su ejercicio está garantizado por el artículo 6º de la ley suprema y por tratados internacionales de obligatoria observancia (que no es “contemplación”). No hubo respuesta. Me refiero a una respuesta razonada, no a una contracarta de quienes no fueron los destinatarios de la protesta, ni a un exabrupto del verdadero destinatario, inconsecuente con el Estado de Derecho en el que vivimos (supongo) y el respeto que merecen quienes se dirigen, respetuosamente, al titular del Ejecutivo.

El planteamiento sigue en el aire: el asedio “tiene que parar”. Pero invito a que nos preguntemos: ¿puede parar? Como abogado diré que esos ataques son ilegales. Pero no podría calificarlos desde la perspectiva de otras profesiones. Que hablen ellas. Quizás un filósofo o un sociólogo dirían que son ilegítimos o inmorales. Un historiador advertiría un retroceso a etapas caracterizadas por la violencia del Estado contra las libertades de los ciudadanos. Un biólogo, un médico, un antropólogo tal vez reconocerían cierta patología con raíz genética: cosas del ADN. Si es así, no parece probable —y ni siquiera posible— que el asedio se detenga. ¿Cómo persuadir al destinatario del desplegado de que cese la agresión a sus compatriotas obstinados en ejercer derechos que la ley ampara, pero la pasión rechaza? ¿Con invocaciones a la ley, los tratados internacionales, la razón?

La libertad de expresión es un derecho radical, cimiento de la democracia, con lo que ello implica. El filósofo alemán Arturo Schopenhauer (otro extranjero fifí, que no forma parte de un complot de conservadores) escribió: “la libertad de prensa es para la máquina del Estado lo que la válvula de seguridad es a la máquina de vapor. Es la voz de los descontentos”. Conviene que “se escuchen a tiempo sus alegatos para entenderlos. Esto es infinitamente más práctico que permitir que el descontento se reconcentre, germine, fermente, se exacerbe y crezca hasta producir una explosión”.

Para reparar el entuerto, bastaría leer la Constitución (y entenderla) sin necesidad de recurrir a Schopenhauer. Y en todo caso convendría mirar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —vinculante para el Estado y para quien ejerce el poder con desenfado— sobre la garantía que merecen los periodistas, y la necesidad de que el gobernante evite expresiones que generen encono y agresión: la “siembra de odio” a la que se refirió el desplegado.

No obstante lo anterior, tal vez los invitados “fraternalmente” a dejar su país y trasladarse al extranjero podrían considerar la mudanza que se les propone. Más allá de nuestra frontera se ejerce con holgura (y en inglés) la crítica al gobierno mexicano. Si se habla allá, es probable que no haya aquí la más leve reacción que ofenda o intimide a los críticos, aunque éstos se pongan “pesados”. Tenemos una costumbre gallarda para sortear las arremetidas que recibimos desde aquel lado: “amor y paz, suave, suave”. Esta es harina de otro costal.
 

Profesor emérito de la UNAM

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