La frontera común entre México y Estados Unidos es el primer objetivo de Donald Trump en su guerra declarada contra los cárteles de la droga mexicanos. Más allá de su incompleto muro fronterizo, el control de los 3,152 kilómetros con tecnología y sistemas de vigilancia militar en ambos lados de la frontera, con una cooperación total e incondicional del lado mexicano, es una estrategia que ya puso en marcha la Casa Blanca.
La reciente declaración del secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, en el sentido de que la frontera común con México está controlada por los cárteles de la droga mexicanos, es parte de la narrativa con la que el trumpismo impulsa esa estrategia para controlar y manejar esa línea fronteriza.
“Lo que estamos viendo en la frontera es que los cárteles siempre están cambiando. Y son una amenaza. No hay una sola pulgada de la frontera norte de México que no esté controlada por una plaza. ‘Plaza’ son los nueve cárteles que la controlan y tienen ‘centros de plazas’, y cada plaza tiene un jefe, y siempre están buscando puntos débiles para impulsar el tráfico de personas y el tráfico de drogas, y se han vuelto muy buenos en ello; ahora incluso usan drones, SANT”, dijo Markmullin en su reciente comparecencia ante el Senado estadounidense.
Pero, ante las resistencias y los límites en la cooperación fronteriza que le ha impuesto el gobierno mexicano, Trump busca darle la vuelta al discurso soberanista de la presidenta Sheinbaum y está haciendo alianzas directas y planes de cooperación con los gobiernos de los estados mexicanos que limitan con Estados Unidos. El primer caso notorio de esa estrategia fue Chihuahua, con la actuación de agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos en la sierra tarahumara, del cual no se dio aviso al gobierno federal, lo que desató una campaña de ataques y descalificaciones desde el gobierno federal en contra de la gobernadora Maru Campos.
El otro estado con el que Trump ya tiene alianzas y cooperación directa es Coahuila, gobernado por el priista Manolo Jiménez, que el pasado 19 de junio estuvo de visita en la embajada estadounidense en la Ciudad de México, donde se reunió con el embajador Ronald Johnson para “revisar los planes de cooperación bilateral” y hacer acuerdos directos con la entidad coahuilense, donde Johnson se dijo sorprendido y elogió la buena seguridad estatal de la que goza Coahuila.
Nuevo León y el gobierno del emecista Samuel García también están cooperando ya con el gobierno de los Estados Unidos y han sostenido reuniones con funcionarios y agencias estadounidenses para reforzar la seguridad y la tecnología de vigilancia en la única aduana fronteriza que tiene el estado en la zona de Colombia. De hecho, versiones que se escuchan en Palacio Nacional dicen que el apoyo de la bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León a la solicitud de juicio político que emprendieron el PRI y el PAN contra el gobernador García tiene que ver, justamente, con su interlocución directa con la administración Trump, algo que ha molestado en el gobierno de Sheinbaum.
Curiosamente, los únicos estados fronterizos mexicanos que se habían negado a cooperar con el gobierno de Estados Unidos en su nueva estrategia para blindar la frontera eran los tres gobernados por Morena: Baja California, Sonora y Tamaulipas. Y no fue casualidad que hayan sido, precisamente, esos tres gobernadores los primeros a los que el gobierno de Trump ordenó investigar y abrirles expedientes de presunta colaboración con el narcotráfico.
La primera investigada fue Marina del Pilar, gobernadora morenista de Baja California, a la que le quitaron la visa y que, tras conocer del expediente abierto en su contra por la justicia estadounidense, decidió acercarse y contactar, a través del abogado estadounidense Michael B. Nadler —exfiscal federal en Miami y quien armó el caso judicial en contra del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab—. El audio difundido la semana pasada por el periodista Héctor de Mauleón en estas mismas páginas no deja lugar a dudas de que la gobernadora del Pilar ya se acercó a buscar algún tipo de acuerdo y a negociar con el gobierno estadounidense.
Los otros dos gobernadores a los que busca doblar Estados Unidos con investigaciones y expedientes fueron el de Sonora, Alfonso Durazo, y Américo Villarreal, de la estratégica Tamaulipas. La nota de Steve Fisher, periodista de Los Angeles Times, aunque rechazada por ambos gobernadores mexicanos, mencionó que Durazo ingresaba a Estados Unidos no con visa de turista, sino con un visado especial llamado “parole”, que se otorga ya sea por razones médicas o humanitarias, pero también a quien colabore con el gobierno estadounidense en investigaciones sobre seguridad.
Es decir, que el gobierno de Trump, para brincar las negativas de la presidenta Sheinbaum a aceptar mayor cooperación con su gobierno, decidió ir directamente con los gobernadores para pactar y negociar con ellos el blindaje estadounidense a la frontera común. Y de los seis estados fronterizos que tiene México, tres ya aceptaron esa cooperación directa con su administración, mientras que en los otros tres, Baja California y Sonora ya están negociando y a Tamaulipas saben que lo tienen contra la pared por el tema del huachicol.
Si a eso se añade la reciente información difundida por el diario The New York Times, en el sentido de que al menos 10 políticos mexicanos, la mayoría de Morena, entre gobernadores y congresistas, ya están cooperando con el gobierno de los Estados Unidos y declaran de manera voluntaria, está más que claro que el control de la frontera es apenas el primer paso de lo que busca Donald Trump de cara a sus elecciones en noviembre, en las que sus acciones contra los cárteles mexicanos y los narcopolíticos que los protegen se van a recrudecer y a subir de intensidad a partir del próximo mes de septiembre.
Se batieron los dados y mandaron escalera doble para la selección mexicana. ¡Vamos México!
