La detención ayer en los Estados Unidos de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal y “hombre fuerte” en el sexenio del presidente Felipe Calderón , representa un duro golpe de la justicia estadunidense que coloca a un ex funcionario de primer nivel del gobierno mexicano en el mismo caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán y lo acusa de estar vinculado al narcotraficante recién condenado a cadena perpetua.

De hecho, el fiscal que ordenó fue el mismo que acusó a El Chapo y los delitos que le imputa tráfico de cocaína, conspiración y falso testimonio, tienen que ver directamente con las declaraciones que testigos del caso Guzmán Loera, como hicieran en ese juicio contra el ex funcionario mexicano, a quien acusaron directamente de recibir sobornos millonarios de parte del Cártel de Sinaloa.

Hoy mismo, después de ser capturado en Dallas, G enaro García Luna , quien recién había solicitado la nacionalidad estadunidense hace un año, fue trasladado en un avión del Departamento de Justicia a la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, la misma donde fue enjuiciado y sentenciado El Chapo Guzmán.

¿Qué tanto supo el gobierno de López Obrador de esta detención que tiene un impacto político directo en México por tratarse de uno de los hombres de mayor confianza y cercanía en el gobierno de Felipe Calderón? De eso hay dos versiones: la primera que el gobierno de México no supo nada sobre la inminente detención de Genaro García Luna, lo cuál de ser cierto significaría una falla garrafal de nuestros sistemas de inteligencia, tanto los de la época calderonista como los de ahora, los primeros porque nunca detectaron un presunto pago de sobornos al funcionario que encabezaba el gabinete de seguridad en el gobierno de Calderón, y los del actual gobierno porque no puede ser que no estuviera al tanto de que se seguía un proceso judicial contra un mexicano con esos antecedentes.

La otra versión dice que el gobierno de López Obrador si estuvo al tanto y que el tema incluso pudo haberse abordado en la reunión reciente con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que estuvo en México la semana pasada enviado por el presidente Trump pare negociar precisamente los temas de endurecimiento al combate a los cárteles de la droga en nuestro país.

Sea cual sea la versión real, el tema es de lo más delicado porque significa un golpe directo, ya sea del gobierno mexicano o del de los Estados Unidos, p . Si se trata de un mensaje de Palacio Nacional, hay razones de sobra para pensar que el presidente López Obrador estaría por que se enjuicie no sólo al sexenio calderonista y su fallida estrategia de seguridad, como él lo ha hecho en declaraciones y discursos hasta el cansancio, sino también en que se procese a los responsables de lo que él considera el origen de toda la violencia que hoy padece el país y que tiene a su gobierno con una severa crisis de seguridad.

Pero si se tratara de un mensaje directo desde Washington, el tema es todavía más delicado, porque vale la pena recordar que en los testimonios rendidos por los mismos testigos que hoy cita el fiscal federal para acusar a García Lun a, también se mencionaba, como receptores de sobornos del Mayo Zambada y del Cártel de Sinaloa, a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y, precisamente, Felipe Calderón Hinojosa. ¿Si ya fueron por García Luna, que era el alfil del sexenio calderonista, también irían contra los ex presidentes mexicanos en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos?

En todo caso, llaman la atención dos datos: a Genaro García Luna lo condecoró la DEA en 2012 por su “cooperación y profesionalismo en el combate a los cárteles mexicanos de la droga”, y el ex secretario de Seguridad federal tenía al menos 7 años radicando entre Miami, Dallas y México, e incluso había abierto una consultora sobre temas de seguridad en los Estados Unidos. Siete años después de que terminó su cargo, y de que ocurrieron los presuntos sobornos que hoy lo tienen a un paso de ser juzgado en la Corte de Brooklyn, llega esta acusación, que al parecer se detonó por la solicitud de nacionalidad que García Luna planteó al gobierno estadunidense hace poco menos de un año. Veremos hasta donde llega este caso que amenaza con volver a desatar los demonios de la narcopolítica en México y a poner nerviosos a muchos, al más alto nivel, de los sexenios anteriores.

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