En un país donde el debate sobre armas suele centrarse en la violencia interna, existe una industria que opera fuera del radar público pero conectada directamente con los intereses militares y comerciales del país vecino del norte. México, sin fabricar armas de fuego a gran escala, produce millones de cartuchos y proyectiles que alimentan los sistemas armamentísticos de Estados Unidos. En los últimos cinco años, más de siete mil 431 millones de municiones han salido de tres plantas: Industrias Tecnos en Morelos, Cascade Cartridge International en San Luis Potosí y NAM de la Frontera en Baja California, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional.
La mayor parte de esa producción tiene como destino a empresas estadounidenses especializadas en la fabricación de armas ligeras, como Smith & Wesson, Sturm Ruger, SIG SAUER y Lockheed Martin, cuyos productos forman parte del ecosistema armamentista que abastece a cuerpos policiales, civiles armados y ejércitos alrededor del mundo. Según el Banco de México, el negocio de exportación de armas y municiones representa alrededor de 100 millones de dólares anuales. México no fabrica rifles de asalto ni revólveres, pero sí contribuye a mantener en movimiento su cadena de suministro.
Industrias Tecnos, dueña de la marca Aguila Ammunition, es una empresa mexicana que produce cartuchos de armas de fuego cuya planta está ubicada en Cuernavaca, Morelos.
“Proveemos a instituciones nacionales y contamos con más de 200 distribuidores en México. Nuestros productos se venden en 28 países, principalmente en los Estados Unidos, gran parte de Centro y Sudamérica, Europa y Asia”, dice la página web de la marca Aguila Ammunition.
La empresa surgió en 1961 de la fusión del grupo Cobre de México, Banco Nacional Mexicano y Remington Arms Company, esta última, compañía de origen estadounidense, bajo la dirección de los hermanos Israel y Pablo Brener. En 1970 la asociación tomó el nombre Industrias Tecnos y creó la marca Aguila Ammunition, que comenzó las exportaciones de cartuchos a América del Norte y Centroamérica en la década de los 90, según su página de internet. En diciembre del año pasado, León Brener-Hellmund fungía como su consejero presidente.
Industrias Tecnos, ubicada en Cuernavaca, opera desde hace décadas y ha tenido episodios que la colocaron momentáneamente en el centro de la conversación. Uno de ellos ocurrió el 9 de junio de 2021, cuando fueron robados más de siete millones de cartuchos útiles durante el trayecto de dos tractocamiones por la carretera federal 57, a la altura de San Luis de la Paz, Guanajuato. Esa ruta es una de las arterias comerciales más utilizadas por el transporte de mercancías entre el centro del país y la frontera con Estados Unidos.
La empresa también enfrenta una investigación del gobierno de Estados Unidos en el marco del capítulo laboral del T-MEC. El procedimiento fue iniciado tras denuncias sobre presuntas violaciones a derechos laborales de los trabajadores sindicalizados en la planta de Cuernavaca. Aunque no se han hecho públicos los detalles de la revisión, se trata de uno de los pocos casos dentro del acuerdo comercial donde están en juego prácticas laborales en el sector de defensa y seguridad.
Las otras dos fábricas —Cascade Cartridge en San Luis Potosí y NAM en Tijuana— operan bajo esquemas similares. Desde ambas, cada semana salen cargamentos con dirección a Estados Unidos, y en algunos casos, a Europa. Las exportaciones no se limitan al mercado estadounidense: también han alcanzado a países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como Francia, Alemania y España. En América Latina, los cartuchos mexicanos han sido enviados a Brasil —uno de los ejércitos más activos de la región—, además de Uruguay, Chile, Perú, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. Incluso Costa Rica, país sin fuerzas armadas, figura en la lista de destinos.
Este flujo constante de municiones mexicanas contrasta con la intención de México de detener el tráfico de armas hacia el sur. Mientras México exige a Estados Unidos un mayor control sobre la venta de armas de asalto que ingresan ilegalmente al país, por la vía legal permite la salida semanal de cargamentos completos de munición fabricada localmente. Es un intercambio que no figura en los discursos oficiales ni en los boletines de seguridad nacional, pero que está ampliamente documentado en permisos de exportación, datos aduanales y registros financieros.
Pese a los montos y los actores involucrados, la industria mexicana de municiones ha operado con bajo perfil. Los nombres de las empresas no figuran en la conversación pública, aunque sus productos sí. En cada proyectil que cruza la frontera, hay una ruta compartida entre la regulación militar mexicana y el mercado estadounidense, una línea que conecta silenciosamente a ambos países en la construcción del poder de fuego.
