Junto con la salud, el ingreso es indispensable para vivir. Permite comer, tener techo, vestido y lo necesario para vivir. La fuente de ingresos de la gran mayoría es su trabajo. Por eso es urgente apoyar con ingreso vital, de manera temporal, a quien pierde su trabajo -formal o informal- en esta pandemia.
Ningún gobierno progresista puede abandonar a su suerte a la clase trabajadora, es decir a quienes viven de su trabajo y en esta crisis lo perdieron. Sin ingreso básico no se puede sobrevivir mucho tiempo. Por eso es tan relevante y urgente la propuesta de ingreso vital, básico, temporal y de emergencia. (Ver ingresovital.org).
Cuando hay desempleo y se pierden trabajos se incrementa la pobreza. Por eso Coneval, la entidad del Estado responsable de medir pobreza y evaluar programas, pronostica que 9 millones 800 mil personas más caerán en pobreza. Lo más grave es que la pérdida de trabajo afecta más a quienes menos tienen. Coneval también calcula que 31 millones 700 mil personas estarían en pobreza extrema, 10.7 millones más, sin ingreso suficiente para comer.
Para Acción Ciudadana Frente a la Pobreza la propuesta de apoyar a quienes menos tienen y más lo requieren es correcta, política, económica y éticamente. El problema es que el gobierno no lo está haciendo.
No es válido suponer que ya se apoya al 70% de la población de menor ingreso. Por una sencilla razón, los programas sociales no estaban destinados a personas adultas con trabajos -formales e informales- en zonas urbanas. Esos programas no funcionan para cubrir el ingreso vital a quienes se quedaron sin trabajo.
Por ejemplo, el programa más grande, las becas, está destinado -y qué bueno- para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hogares en pobreza no dejen la escuela por falta de recursos. Los otros programas tampoco son la respuesta. La transferencia para adultos mayores completa el ingreso de personas mayores de 68 años de edad que ya no pueden trabajar. Igual los apoyos para personas con discapacidad permanente, que tampoco pueden trabajar. O los apoyos a jóvenes que no tienen trabajo.
Esos programas -que son los de mayor cobertura- pueden ser buenas políticas de inclusión social y equidad, siempre y cuando se apliquen bien, de manera transparente y sin clientelismo, para que sí lleguen a quienes realmente lo requieren. El problema no son los programas.
Así como se no pueden recetar aspirinas para enfermedades graves, tampoco se puede suponer que las becas y transferencias son la solución a quienes perdieron su trabajo. No es válido afirmar que si hay 10 millones de becas de $800 al mes, o apoyos a adultos mayores, eso “ayuda en algo”.
Porque no se trata de “ayudar en algo”, se trata de garantizar derechos. Para “ayudar en algo” están la solidaridad, o la filantropía o la caridad de personas y organizaciones. El Estado no puede abdicar de su responsabilidad como garante de derechos, como lo ordena el art. 1º de la Constitución.
En nuestra perspectiva de largo plazo, el ingreso vital es el primer paso para construir uno de los pilares de un sistema de protección social. Ingreso básico garantizado, acceso a servicios públicos de salud y a servicios de cuidado son los tres pilares indispensables del sistema de protección social. Son derecho de todas las personas.
Esos tres pilares de protección social más la educación son factores de igualdad si se aplican bien. Son la mejor política frente a la desigualdad y también frente a la pobreza. Son medidas indispensables desde una perspectiva progresista, sobretodo si cuentan con financiamiento equitativo y progresivo.
Aclaro, la propuesta de ingreso vital no es “universal”. No propone transferencias de ingresos a todas las personas. Nuestra propuesta es ingreso garantizado para quienes lo requieren. Lo que es universal es la garantía. Quien lo requiera, lo recibe, por ser un derecho. Así de simple.
