Es ya el mayor escándalo de la corrupción en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estamos hablando de un desfalco a la nación por casi diez mil millones de pesos. Para darnos un comparativo, la tan cacareada Estafa Maestra importó siete mil millones. Solo que en este nuevo asunto hay que añadir que no se trata únicamente de grandes transferencias monetarias clandestinas a paraísos fiscales, ni siquiera limitarnos a delitos de cuello blanco, sino de un gigantesco golpe a lo más sensible en un país como México: la alimentación, el sustento nutricional y hasta la sobrevivencia de millones de mexicanos pobres y desnutridos, muchos de los cuales votaron por el actual gobierno. Se trata pues de una masacre descomunal y colectiva.
A ver: hay una treintena de denuncias contra este organismo bautizado como Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, creado por el actual gobierno y señalado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y otras entidades civiles. Sobre todo, por la creación de empresas fachada para la asignación de jugosos contratos sin licitación, extravíos de estados financieros, desvío de recursos y uso ilícito de atribuciones entre otros deleznables delitos. En un anticipado “mea culpa”, la cuasi inexistente Secretaría de la Función Pública –¿alguien se sabe el nombre de su titular?- ha reconocido que en la propia dependencia se investigan “anomalías” por 9,500 millones de pesos. Lo inadmisible es que, hasta ahora el gobierno de la 4T, cuya bandera ha sido su batalla contra la corrupción, no ha tenido un pronunciamiento y menos una acción decidida en relación a este enorme atentado contra nuestra población.
Aunque lo más grave e inquietante son los antecedentes: Ignacio Ovalle Fernández, a quien AMLO designó al frente de Segalmex, ha sido toda su vida un eficiente burócrata de altos vuelos. Aunque usted no lo crea, inició su carrera con Gustavo Díaz Ordaz y luego fue Secretario Privado de Luis Echeverría. Más tarde sería legislador y director de aquella Conasupo del neoliberalismo conservador. Y se sabe que en ese lapso le ofreció su primer empleo a un joven inquieto de primer nombre Andrés Manuel.
Así que el caso de Ovalle, que pasó de la precocidad a la ancianidad, es ya un tema de análisis político, pues ha transitado desde el diazordacismo al lopezobradorismo; lo malo para él, es que ha sido aterrizando en un cochinero de corrupción y sospechas. Aunque ahora fue protegido, renunciándolo e inventándole un puesto en la Secretaría de Gobernación. Lo grave es que el “benefactor” de antes está poniendo contra las cuerdas a su “beneficiario”. Porque hoy, el presidente López Obrador está obligado a demostrar que su bandera anticorrupción es real y no solo oral. Y que debe estar tan indignado como todos por esta engañifa inconcebible e inadmisible. Y es que, sin exageración alguna, el escándalo de Segalmex es un crimen de Estado. Que además podría cambiar el apotegma presidencial de “por el bien de todos, primero los pobres” a “por el bien de todos, primero los cuates”.
López Obrador tiene la palabra, para que no le enmienden aquello de que “no somos iguales” y le salgan con que “somos peores”.