Hoy existen dos visiones políticas encontradas. La lucha por salvaguardar la soberanía exterior, -inspirada por el oficialismo y sustentada en la narrativa en contra del gobierno norteamericano-, y por otra parte, la batalla para defender la soberanía interior, de la que como líder emblemático se está perfilando la gobernadora Maru Campos. Esta última es la lucha en contra del control territorial del crimen organizado. Son dos visiones hoy confrontadas políticamente.
La soberanía exterior, -entendida como la defensa de nuestro territorio respecto a la invasión de una potencia extranjera-, está fuera de riesgo el día de hoy.
La última invasión fue la norteamericana en Veracruz, -en 1914-, y fue el resultado de un país confrontado en una guerra civil, que fue la revolución mexicana.
El tema soberanía exterior despierta mucho significado emocional a partir de la narrativa patriótica, que permite manipular emociones como hoy se está haciendo.
Que cuatro funcionarios de la CIA hubiesen participado como observadores apoyando a las autoridades mexicanas en el desmantelamiento de un narcolaboratorio no pone en riesgo nuestra soberanía territorial en lo más mínimo. Todo se resume en simbolismos políticos de tipo subjetivo.
Sin embargo, la soberanía territorial vulnerada por los cárteles mexicanos sí impacta la vida cotidiana de los pobladores. Cuando estos grupos paramilitares toman control de un municipio se apropian del dinero público, -del ayuntamiento-, y empiezan a extorsionar al ciudadano, provocan desalojos y comunidades desplazadas, toman control de la economía regional y hasta de la vida de los moradores. Sinaloa, la sierra de Guerrero, las zonas más productivas de Michoacán y algunos municipios del Estado de México dan cuenta de ello.
Hoy el verdadero riesgo está en la pérdida de soberanía interior a manos de los cárteles. Ésta no se sustenta en simbolismos patrióticos, sino en pérdida de gobernabilidad territorial, lo cual significa abandonar a su suerte a la población más vulnerable de México.
Debemos reconocer el esfuerzo de la presidenta Sheinbaum por resolver el problema de la narcopolítica. La “operación “colmena” es muestra de ello. Sin embargo, no es suficiente este esfuerzo, pues por cada cabeza que cae nacen nuevos cárteles regionales.
Se requiere poner en el centro de las prioridades gubernamentales el combate al crimen organizado, dando total preponderancia a la seguridad regional.
De no hacerlo, la gobernabilidad se debilitará a grado tal que a final del sexenio podría estar enfrentando graves problemas, -no solo de seguridad-, sino financieros, pues la inseguridad asusta a los inversionistas y ello podría impactar la productividad y la generación de empleos.
Se percibe una fuerte confrontación dentro de MORENA que impide a la presidenta llegar a fondo en decisiones importantes para el país. Los grupos radicales afines a López Obrador están a la defensiva, -no sólo evitando perder privilegios-, sino ser parte de una negociación política con Estados Unidos y terminar siendo extraditados. Por tanto, presionan a la presidenta en busca de la confrontación, como lo hizo el presidente López obrador al final de su mandato amenazando a Antony Blinken, -secretario de estado con el presidente Biden-, y confrontando directamente al embajador Salazar, -inicialmente su aliado-, sin ninguna consecuencia.
Sin embargo, los tiempos han cambiado y no es lo mismo Biden que el Trump de hoy, -ni siquiera el del primer mandato-, y tampoco podremos comparar la paciencia de Blinken con la combatividad de Marco Rubio, su sucesor.
El gobierno de Estados Unidos no tiene ningún interés en desmantelar al segundo piso de la Cuarta Transformación, -como le deben estar diciendo a la presidenta los radicales de Morena para enardecerla-, sino al contubernio entre funcionarios corruptos y los cárteles de la droga, y el ejemplo más claro lo tenemos con el caso Delcy Rodríguez en Venezuela.
El gobierno del presidente Trump no está metido en temas ideológicos, sino en negociaciones prácticas que le ayuden a dar resultados frente a su electorado. Sabe que desmantelar un régimen puede acarrear graves problemas, -no sólo políticos-, sino también sociales, y menos aún lo haría en la casa del vecino de “al lado”, pues habría repercusiones en su país.
La caída de Maduro no significó la sustitución del “Gobierno Bolivariano” por la oposición que representaban María Corina Machado y el candidato triunfador, -el presidente electo- Edmundo González.
Mas bien, quitaron a quien se había convertido en dueño de Venezuela y ahora, con la bandera bolivariana de Delcy Rodríguez la economía se recupera y beneficia a las familias. Quizá dentro de tres años la presidenta Delcy sea considerada una heroína que llevó a Venezuela hacia la prosperidad a partir de que liberó al país de la influencia nociva y el control dictatorial de Nicolás Maduro.
En Cuba posiblemente suceda lo mismo. Están desacreditando al último símbolo del castrismo, -representado por Raúl Castro-, y posiblemente ya habrán negociado con el presidente Díaz Canel para que siga al frente del gobierno revolucionario y éste, -con la bandera del Granma con versión renovada-, lleve a Cuba a la prosperidad, con el apoyo económico y empresarial de Estados Unidos. Por algo el director del FBI realizó una visita a Cuba hace unos días.
A final de cuentas lo más importante es definir cuál es la soberanía que a los mexicanos nos debe preocupar. Si la trillada, retórica, e improbable defensa respecto a una invasión norteamericana que sólo vive en los miedos de los morenistas que han abusado del poder para hacer negocios, -incluso con el apoyo de los cárteles-, y hoy temen que puedan ser llevados a enfrentar a la justicia norteamericana, o la soberanía territorial perdida cotidianamente, -hectárea por hectárea-, frente a los cárteles, que hoy han tomado abiertamente el control total y absoluto de muchos municipios de nuestro país.
Legitimidad jurídica vs legitimidad moral
La presidenta considera que, porque las autoridades electorales de Sinaloa reconocieron el triunfo de la elección del 2021 que dio el triunfo a Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, la legitimidad es absoluta.
Evidentemente las autoridades dieron legitimidad jurídica pero no la legitimidad moral. La legitimidad jurídica es un trámite procesal, pero la legitimidad moral se construye con valores democráticos.
¿Dónde queda la operación criminal? Casi mil secuestrados del equipo operativo del candidato opositor Mario Zamora, -del PRI-, así como la presión emocional sobre los votantes, y sobre los funcionarios de casilla.
Las denuncias fueron presentadas ante la autoridad judicial según declara Lorenzo Córdoba, en ese entonces presidente del INE.
El tribunal electoral local que legitimó la elección estuvo encabezado por la hermana del también cuestionado senador morenista Enrique Insunza, reclamado hoy por el gobierno de Estados Unidos.
Testimonio importante
Parece ser que se está investigando a Rocha Moya, pero queriendo no encontrar indicios que lo comprometan.
Seguramente el testimonio de quien era el gobernador priísta de Sinaloa durante las elecciones que encumbraron a Rocha Moya sea muy significativo, pues Quirino Ordaz era la máxima autoridad estatal en esa fecha y pertenecía al PRI.
El candidato que según las encuestas llevaba la delantera era el senador Mario Zamora, -también priísta-, y por tanto, ambos deben haber tenido comunicación.
Hoy Quirino Ordaz es embajador de México en España y se encuentra totalmente alejado de la política nacional, pero lo vivido ese día violento de las elecciones seguramente no lo ha olvidado.
El boomerang
Parece ser que MORENA está empeñada en construir el liderazgo nacional, -como opositora-, para la gobernadora de Chihuahua Maru Campos. Entre más la fustigan más crece.
Parece ser que han olvidado la historia. Quien encumbró como líder opositor a Andrés Manuel López Obrador fue el presidente Vicente Fox con su intento de desaforarlo siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México.
El desafortunado viaje a Chihuahua de la nueva presidenta de MORENA, acompañada del innombrable, -que como gnomo aparece en todas las investigaciones de corrupción de las grandes obras públicas, pero no tiene ninguna carpeta judicial abierta-, la impulsó aún más.
¿A usted qué le parece?
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