La reciente aceptación por parte de PEMEX de que el derrame de crudo en el Golfo de México se debió a una fuga en un oleoducto cercano a Cantarell, nos exhibe un proceso caracterizado por la negación.
Antes que investigar, se niega la información.
Debemos reconocer que ésta no es una actitud exclusiva de este gobierno, pues siempre ha existido. Sin embargo, cada gobierno le da su sello personal.
En el caso de este gobierno hay una particularidad de forma, -o sea retórica-, que consiste en desviar la atención vinculando el problema actual con otros sucedidos durante administraciones anteriores.
Cuando un reportero cuestiona un problema como éste, podríamos imaginar que recibiría como respuesta: ¿y por qué no le recuerdas a la gente la tragedia de Sanjuanico y el derrame de petróleo del Ixtoc1? … En tiempos del priísmo.
Sin embargo, hay un tema de fondo que establece una gran diferencia con gobiernos anteriores y es el compromiso obradorista de campaña, que se convirtió en un dogma representativo de este régimen y un compromiso continuamente violado de “NO MENTIR”. Entonces, la mentira cotidiana se vuelve más grave que antes.
A final de cuentas los gobiernos simplemente reflejan los valores imperantes en la sociedad y el mexicano tiene una inexplicable fascinación por la mentira. En México mentimos por hábito. De este modo generamos mitos y leyendas que generan un entorno de desconfianza.
La mentira en nuestra sociedad es el resultado de una actitud de aversión al compromiso y las responsabilidades.
Cuando en casa, -por citar un ejemplo-, al hacer limpieza doméstica, -por falta de cuidado-, se nos resbala algo que llevábamos en las manos y no hay testigos, la respuesta siempre será: “Se cayó” … aventurando una posibilidad de que el accidente fuese producto de fuerzas extrañas y desconocidas, “propias del ámbito del realismo mágico”, o quizá que el objeto tuviese vida propia.
Difícilmente un mexicano asume su responsabilidad por iniciativa propia, -y menos aún-, siguiendo los dictados de su propia conciencia. Por ello el funcionario público miente con total cinismo, como parte de un condicionamiento social. Mentir en México no tiene consecuencias y ni siquiera es reprobable socialmente. La tolerancia ciudadana a la mentira es muy alta pues estamos acostumbrados a convivir con ella.
Sin embargo, esta actitud del funcionario público se presta a que en la administración pública se cometan las más graves injusticias en contra de los denominados “chivos expiatorios”, que generalmente son los que están en la posición más vulnerable de la cadena de mando.
Lo vimos en el accidente del Tren Interoceánico. Con gran velocidad se determinó que los culpables fueron el maquinista y un empleado de la compañía ferroviaria que ese día viajaba como pasajero en el tren. Sin embargo, no nos dijeron que las cámaras y el velocímetro del ferrocarril estaban fuera de servicio, según han denunciado los familiares de los funcionarios imputados como responsables del accidente.
Además, muchos expertos hicieron énfasis en que el descarrilamiento podría deberse a la mala calidad del balastro utilizado en las vías del ferrocarril. Sin embargo, el diagnóstico fue realizado con prontitud.
Es importante poner en el foco de atención la necesidad de invertir lo suficiente para garantizar el mantenimiento eficiente de la infraestructura dedicada a servicios públicos. La obsesión por el ahorro presupuestal está dejando una infraestructura que se está deteriorando a pasos agigantados y ello pone en riesgo la integridad física de sus usuarios.
¿Y LOS QUE PAGAN?
La presidenta anunció la publicación de un decreto presidencial para crear el Servicio Universal de Salud, para garantizar la cobertura para quienes lo necesiten sin necesidad de estar afiliados a alguno de los tres sistemas de salud pública que son: IMSS, IMSS Bienestar e ISSTE.
Es una magnífica noticia que los sectores más vulnerables del país tendrán cobertura en el ámbito de la salud. Sin embargo, es fundamental definir exactamente dónde deben recibir el servicio.
Del mismo modo que los hospitales privados deben estar fuera de la obligación de garantizar este derecho, el IMSS también debe quedar fuera.
No olvidemos que el IMSS vive de las aportaciones, -obligatorias-, de trabajadores y patrones. Es una organización tripartita integrada por el Gobierno Federal, organizaciones patronales y por las de trabajadores.
Su máxima autoridad es la asamblea general conformada por 30 miembros, junto con el Consejo Técnico, la Comisión de Vigilancia y la dirección general de este organismo.
Es evidente que conforme se incremente el número de beneficiarios, -añadiendo a quienes no aportarán cuotas-, la calidad del servicio médico, -y el acceso a medicinas-, empezará a deteriorarse en detrimento de sus derechohabientes, quienes sí pagan sus cuotas.
El IMSS no es propiedad absoluta del Gobierno Federal, sino propiedad compartida, aunque tradicionalmente el presidente de la república en turno siempre ha sido quien nombra a su director general.
Hoy el acceso a citas por parte de los derechohabientes del IMSS, -que pretenden ser recibidos en consulta por su médico familiar-, es demorado y si aumenta el número de derechohabientes añadiendo a los inscritos en el Servicio Universal de Salud, seguramente se impactará negativamente a la eficiencia del servicio.
Es necesario que los organismos empresariales, -y los que representan a los trabajadores de todo el país-, reivindiquen la vocación tripartita del IMSS y se revierta este decreto presidencial.
ESCUELA DE MANDOS POLICIALES
Es una excelente noticia la que da el secretario García Harfuch, de que se creará una escuela de mandos policiacos en el ámbito civil, para que las corporaciones dejen de ser encabezadas por mandos militares.
Sin embargo, ésta es una gran oportunidad para realizar una valoración psicológica y moral de quienes encabezarán las corporaciones policiacas, pues deben estar garantizados los valores morales de estos funcionarios, e incluso, crearse una certificación con valoraciones periódicas.
No olvidemos que los mandos policiacos en el ámbito municipal son el objetivo de todos los grupos de la delincuencia organizada, ya sean cooptados con beneficios económicos o con amenazas y por ello se vuelve fundamental que tengan fortaleza moral y emocional para no sucumbir ante el acoso de los grupos delictivos.
LA LUZ DEL MUNDO
Es inaceptable que habiendo un juicio para el líder de la iglesia La Luz del Mundo, en Estados Unidos, -y cumpliendo éste una condena carcelaria de 16 años-, la Fiscalía General de la República de México se haya negado desde hace mucho tiempo a investigar las denuncias hechas por quienes se presentan como sus víctimas.
Es evidente que esta institución religiosa cuenta con la protección de importantes funcionarios de este régimen.
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