Lanzado como un logro espectacular para deleite de la gradería, el operativo mal llamado Agave Azul tuvo una duración de 84 días que, por cierto, terminó en un amargo destilado para su creador y para la industria. Este operativo, que sólo ensució el buen nombre de la bebida símbolo de México ante el mundo, para muchos hombres de empresa dejó algunas lecciones que no habría que ignorar a futuro.
Una de ellas es que la realidad terminó por evidenciar los alcances legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en lo referente a sus facultades para perseguir a presuntos lavadores de dinero coludidos con el narcotráfico. Por eso, preocupados por la industria y por el ambiente para sus inversiones, los empresarios reconstruyeron los hechos grosso modo:
El 21 de mayo, en la Secretaría de Hacienda se recibió la petición del gobierno de Donald Trump sobre “asistencia para obtener información” en apoyo a una investigación sobre lavado de activos, la cual se encontraría presumiblemente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, se solicitó a la dependencia la información de personas y empresas vinculadas con presuntas actividades ilícitas de lavado de dinero, giros internacionales, actividades financieras, cuentas bancarias, entre otras más.
A partir de que la UIF emitió un comunicado anunciando con gran despliegue el Operativo Agave Azul, no sólo el sector empresarial expresó su preocupación, sino que muchos afectados comenzaron a recurrir exitosamente en contra de las medidas ilegales tomadas hacia sus empresas y personas.
Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una Jurisprudencia (2a./J. 46 /2018 (10a.) en la que estableció que el ejercicio de las facultades para bloquear cuentas que la Ley de Instituciones de Crédito dota a la UIF es contrario al orden constitucional y solo podrá hacerlo a petición expresa de un gobierno extranjero, dentro de un marco de obligación internacional.
Aun así, la campaña de promoción de Agave Azul, desde la UIF, continuó hasta que entre los hombres del sector privado comenzaron a conocerse los términos de los amparos que los juzgados federales estaban concediendo a los afectados.
En esos expedientes se puntualiza que la UIF interpretó que la solicitud de cooperación internacional de intercambio de información por parte de una agencia perteneciente al gobierno de Estados Unidos debía ser traducida en congelamiento de cuentas.
De todo el tinglado mediático que hemos visto del 2 de junio a la fecha, lo único realmente afectado hasta el momento ha sido el desprestigio a un sector que le ha dado gloria a México en el mundo.
La pregunta es: ¿a quién se le ocurrió la idea de ponerle así a un operativo contra el narco? Lo cierto es que esto terminó convirtiéndose en un destilado de trago amargo. Salud, pues.
