EL ANILLO Y LAS GRANJAS
Bajo un manto de selva tropical, los cenotes, las cavernas y los ríos subterráneos son una formación distintiva de la naturaleza yucateca, proveedora del agua dulce que la vida requiere y albergue de misterios ancestrales.
Una parte de esas formaciones se encuentra en el borde del cráter de Chicxulub, concentradas en un semicírculo irregular de unos 180 km de diámetro que se conoce como el Anillo de Cenotes (el centro cae ligeramente al norte de la localidad de Chicxulub). Es un Área Natural Protegida y sitio RAMSAR, lo que implica protección especial. Con más de 40 cenotes, ofrece un ecosistema subterráneo único y diverso, reserva geohidrológica crucial.
Ese prodigio natural con generosa biodiversidad y antiguos habitantes está en riesgo por la intervención humana, casi siempre ávida de acumular riqueza. No hay contemplación ambiental ni de comunidades en el trazo y ubicación de trenes, carreteras, centros multimodales, puertos. Tampoco en el impulso al turismo y la actividad inmobiliaria. Y mucho menos en la radicación de granjas porcícolas y avícolas, que es el tema de este artículo.
En los últimos 20 años se produjo un crecimiento exponencial de estas actividades, muy favorecido por el acceso a tierra ejidal barata, agua abundante, comunidades en precariedad económica, bajos costos laborales, regulación y control laxos e insuficientes, apoyo gubernamental en permisos y estímulos, mercado turístico en playas y urbes, proximidad de puertos para exportación, logística en expansión.
La Semarnat estimó en 2023 la existencia de más de 500 granjas porcícolas de distinto tamaño en la península (organizaciones sociales identifican 800), la mitad en el estado de Yucatán, dónde 200 de las grandes se ubican en el anillo de cenotes (36), reservas naturales (6) y áreas prioritarias de conservación de la biodiversidad (122). De ellas, 23 son consideradas megagranjas (20 naves o más) con capacidad para la cría de miles de cerdos.
Por ejemplo, la empresa Kekén del Grupo Kuo, dominante en el sector, puede procesar 5.000 ejemplares diarios en Sitilpech y en Kinchil. Integra desde la cría hasta la comercialización, con la cadena de tiendas Maxi Carne en Yucatán y con exportación a varios destinos. La empresa reconoce un total de 53 mega granjas propias, 108 aparceros operativos y tres plantas de almacenamiento de alimentos para el ganado.
La Asociación Ganadera de Porcicultores del estado, contabiliza 1,9 millones de porcinos aglomerados en mega granjas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reconoce una cifra similar de personas viviendo en núcleos urbanos de Yucatán. Por ende, la relación existente en el territorio yucateco es de casi 1 cerdo por habitante urbano del estado.
Por su parte, la Asociación de Avicultores de Yucatán reconoce 112 mega instalaciones operativas. Según el censo agropecuario efectuado por el INEGI en 2022, estos espacios aglutinan a más de 38,1 millones de gallos, gallinas y pollos. En este caso, algo más de 16 ejemplares avícolas por cada residente local.
En este sector productivo prevalecen: Bachoco, de Sonora, que reconoce 90 granjas operativas, medianas y grandes, y Crio, empresa yucateca con 13 mega granjas y 14 centros de distribución.
Estas grandes factorías o fábricas de animales faenados para consumo humano, no escatiman recursos para acelerar tiempos de producción y contener contratiempos sanitarios, utilizando alimentos ultra procesados, hormonas, antibióticos, químicos, cambios genéticos, sobrepasando con mucho los ritmos de la naturaleza.
Se instalan con la complicidad del poder político, sin Manifestación de Impacto Ambiental, sin consulta previa e informada, violando el derecho de los pueblos y avasallando comunidades. Las porcícolas, en particular, desalientan la producción de pequeña y mediana escala del porcino local o las convierten en subsidiarias (aparcería).
Todas tienen un fuerte impacto ambiental por deforestación de selva baja con pérdida de biodiversidad, por contaminación del agua en cenotes y manto acuífero, del suelo y las milpas por residuos tóxicos y plaguicidas, y del aire por emisión de gases nocivos y olores.
Los efectos negativos llegan a otras actividades económicas comunitarias como apicultura, agricultura y turismo responsable. Se afecta la salud en forma directa, de trabajadores y población, y está latente el riesgo de generación de virus propiciado por el tipo de confinamiento animal (2009, AH1N1). Se alteran las relaciones socioculturales y productivas por desplazamientos, cambio forzado de hábitos comunitarios, pérdida de hábitat natural e imposición de actividad laboral precaria.
En marzo de 2026, el Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, alertó sobre una crisis ambiental y de derechos humanos en la Península de Yucatán, calificándola como una "zona de sacrificio" debido al crecimiento descontrolado de granjas y solicitó a los tres niveles de gobierno declarar una emergencia ambiental y sanitaria. (Zonas de sacrificio son aquellas en que la actividad económica está por encima de la salud humana y la calidad ambiental. Son lugares con alta concentración de emisiones tóxicas y residuos contaminantes, donde las autoridades han sido omisas en aras de un pretendido desarrollo económico). Según el Relator Especial "vivir en una zona de sacrificio es perder el derecho a morir de viejo".
Hay algunas intervenciones de Profepa intentando que se cumplan las insuficientes regulaciones. Es el caso de la clausura de una ampliación de granja avícola en Kinchil por uso del suelo sin permiso y afectación ambiental en 13.7 hectáreas y en Hoctún por desmonte ilegal en 8.9 hectáreas, ambas de Crío. En septiembre de 2025 clausuró definitivamente la granja porcícola Pecuaria Peninsular en Santa María Chi con inventario de 60 mil puercos, luego de años de reclamos de comunidades y organizaciones. Sin embargo, la actuación oficial es insuficiente y lenta ante el alcance de los daños causados.
Los números no describen ni transmiten las penurias de las comunidades y de la naturaleza. Los niños expuestos a contaminantes y tóxicos, con un servicio de salud precario o inexistente. La selva devastada y con los ecosistemas rotos. Pérdida de polinización y abejas que se mueren. Las milpas y la ganadería de baja escala, sustituidas por el empleo mal pagado y en condiciones insoportables. El abandono forzado de la vida en comunidad para sobrevivir individualmente en los suburbios urbanos con salarios miserables. Es como si no existieran derechos, ni humanos ni ambientales.
Ahora bien. Nada de ello ocurre sin resistencias, a pesar de las asimetrías de poder. Bajo diversas formas, una férrea oposición es protagonizada por comunidades mayas, organizaciones ambientales y colectivos ciudadanos. Denuncias, amparos, recursos legales, protestas, manifestaciones, campañas aclaratorias y de sensibilización, presentaciones ante la Semarnat, Profepa, Conagua y autoridades estatales exigiendo clausuras, cancelación de permisos, respeto a las leyes
Las más visibles, pero no las únicas, además de Santa María Chi, en Sitilpech (Izamal), Kinchil, Chapab, Homún, con protagonismo de comunidades mayas locales. Colectivos ambientales como Indignación-Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Greenpeace, Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, Comunidades Mayas de los Chenes y diversos colectivos ciudadanos, con campañas sistemáticas en redes sociales y acciones de apoyo internacional.
Sin embargo, estas oposiciones ocurren en situaciones específicas, con reclamos particulares que no afectan estructuralmente a las condiciones que aseguran la reproducción del atropello. La articulación del conjunto de los reclamos es lo que permitiría incidir políticamente para transformaciones de fondo.
Es tarea pendiente formular un programa integral de restauración ambiental, reparación de daños, saneamiento y atención de la salud, con participación de comunidades, organizaciones y especialistas independientes; impedir la radicación de nuevas granjas, regularizar y controlar las existentes en función de las mejores normas, consensuadas socialmente; revisar la legislación en los tres órdenes de gobierno con participación ciudadana; atender las demandas y reclamos de los afectados. Se trata de entender el desarrollo del país desde otra perspectiva, nacional, descolonizada, integral, igualitaria. Desde abajo.
Con información de Animal Político, Greenpeace, Chat GPT, Diario de Yucatán, Expansión, Desinformémonos, Jaltún, Proceso, Noticias ONU, Reforma, El Universal.