La presidenta mandó la semana pasada al Congreso una iniciativa para crear una Comisión de Verificación de Candidaturas. El objetivo es evitar que personas vinculadas con el crimen se conviertan en aspirantes a cargos de elección popular. La idea, según explicaron desde Palacio Nacional, es que sea un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad.
En el INE no a todos les gustó que se proponga que la Comisión sea integrada por cinco consejeros electorales. De entrada, advirtieron que involucrar al instituto en tareas de inteligencia criminal, podría poner en riesgo su autonomía e incluso vulnerar la seguridad de sus funcionarios.
La tarea de detectar si existe un “riesgo razonable” de posibles vínculos entre aspirantes con la delincuencia organizada antes de formalizar una candidatura, no se vislumbra sencilla.
Tendrían que empezar por definir qué es un riesgo razonable. Me pregunto si lo que pasó en la elección de Sinaloa en 2021 entra en esa categoría. La violencia, los levantones y las amenazas contra candidatos que terminaron por abandonar la contienda, no fueron en su momento considerados riesgos razonables. Era tanto el miedo entre la población, que luego de la victoria de Rocha Moya, sus opositores no pudieron encontrar abogados dispuestos a impugnar la elección. Había muchas denuncias ciudadanas, pero fueron desestimadas. La magistrada del tribunal electoral Aída Inzunza, validó el proceso en una sesión que duró menos de cinco minutos.
Me pregunto también si lo sucedido en Morelos, Chihuahua, encendería las alertas de la futura comisión. En ese municipio, que atrapó la atención nacional luego del desmantelamiento de un narcolaboratorio en el que presuntamente participaron agentes de la CIA, no hubo candidatos opositores ni en 2021 ni en 2024. Las amenazas e intimidaciones evitaron que llegaran siquiera a la boleta.
En las campañas de 2024, el gobierno federal reconoció el asesinato de doce candidatos ya registrados, pero organizaciones civiles registraron más de 150 víctimas entre aspirantes, familiares y colaboradores del proceso electoral. No se necesita ninguna Comisión para concluir que detrás de cada uno de esos casos, hubo criminales involucrados. Frenar con violencia el avance de un opositor es un acto criminal. Y sin embargo, se postularon, se deshicieron de sus rivales y hoy están gobernando.
¿Cómo además garantizar que detrás de los informes que frenen una carrera política habrá imparcialidad en términos partidistas? La Comisión suena más bien a una simulación para lavarse la cara; una vacuna para poder deslindarse de un matón convertido en gobierno cuando sea investigado en otras latitudes.
La pregunta de fondo no es si México necesita filtros para evitar narcopolíticos, claro que los necesita. El problema es que el Estado sigue llegando tarde, cuando las amenazas ya callaron candidatos, las balas ya modificaron campañas y el miedo ya decidió en las urnas.
@PaolaRojas
Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.