Las reformas a la Ley General de Turismo en materia de seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes, tan largamente esperadas, hoy son prácticamente una realidad, constituyendo un logro fundamental del desarrollo de la política y gobernanza turística en beneficio del sector nacional.
La nueva normativa jurídica, establecerá como obligaciones de los prestadores de servicios turísticos, efectuar los protocolos y acciones preventivas definidas por las autoridades competentes que, priorizando el interés superior de la niñez, permitan detectar la posible comisión de delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes; así como llevar a cabo medidas de seguridad para salvaguardar su vida e integridad, previo a la prestación del servicio, ya sea de manera física o a través de medios electrónicos. Para lo cual, deberán requerir a los turistas que sean acompañados por menores de edad acreditar el parentesco, la patria potestad, tutela o guarda y custodia que tengan con los menores, o en su caso, acreditar su mayoría de edad a través de documentos oficiales, de lo contrario, se les deberá negar el servicio y se dará aviso a las autoridades investigadoras correspondientes sobre la posible comisión de algún delito.
Y es que la realidad exige redoblar esfuerzos y tomar todas las medidas posibles. Basta decir que, de acuerdo con los datos de la organización World Vision México, nuestro país es el segundo destino para la explotación sexual contra personas menores de 18 años y tiene el deshonroso primer lugar a escala mundial en consumo de pornografía infantil.
La trata de personas en la modalidad de explotación de niñas, niños y adolescentes en el sector turístico ocurre fundamentalmente de dos formas: sexual y laboral. En la primera, un delincuente se hace pasar por “turista” nacional o extranjero y se traslada a cierto destino para establecer contacto sexual con personas menores de 18 años; y en la segunda, una persona menor de 18 años es sometida para realizar actividades o trabajos en condiciones peligrosas o insalubres que atentan contra sus derechos y dignidad.
No obstante la Secretaría de Turismo ha implementado acciones preventivas individuales y conjuntas con la Secretaría de Seguridad Publica y Ciudadana contra el trabajo infantil y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en contextos turísticos, era necesario subsanar el vacío jurídico en la legislación nacional, pues si bien el delito se encuentra tipificado, para su eficaz prevención, investigación, persecución y sanción es necesario tender una red institucional y social más vigorosa que la de los tratantes.
Dentro de las acciones preventivas destaca la actualización del Código Nacional para la protección de niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo, cuyo protocolo de actuación dirigido a prestadores de servicios turísticos busca impulsar la participación activa de todos los actores para construir destinos turísticos con cero tolerancia para estos delitos.
Estoy cierta de que el nuevo texto normativo constituye un paso más en la lucha contra la trata de personas y en la protección efectiva a las niñas, niños y adolescentes de México; sin embargo, desde la sociedad tenemos que afrontar el gran desafío de impulsar la cultura de la denuncia y no pasar por alto delitos aberrantes, para darle voz a quienes son víctimas de este delito silencioso que atenta contra la dignidad humana.
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