Resulta inobjetable que a pesar de la problemática que enfrenta el país producto de la pandemia por la que atravesamos, el gobierno federal está trabajando en diversas áreas para alcanzar la estabilidad y el desarrollo que el pueblo de México demanda. Destacan las acciones contra la corrupción y la inseguridad por ser estos los principales flagelos que aquejan a la sociedad y de los cuales devienen un sinfín de problemas que lastiman profundamente a las y los mexicanos, entre ellos la pobreza, la desigualdad, la deficiencia de los servicios públicos, el desempleo y el estancamiento económico.
El proceso en contra del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, reviste fundamental trascendencia, ya que permitirá seguir desmadejando el entramado de corrupción e impunidad que durante décadas tuvo lugar en nuestro país al amparo del poder público y la clase política, el cual tiene varios hilos conductores que permitirán llegar al centro del problema, tal es el caso de los procesos judiciales a que están sujetos exgobernadores y exfuncionarios de primer nivel como Rosario Robles, y otros más que están muy próximos de ser alcanzados por la mano de la justicia, entre ellos Genaro García Luna.
A pesar de la evidente molestia de algunos, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, está decidido a cumplir su compromiso hasta las últimas consecuencias, de ahí que ha hecho del combate a la corrupción una política de Estado, lo cual merece ser puesto en el centro del debate público para poder trascender las críticas simplonas a su estilo discursivo y poder ver con una visión objetiva y de largo alcance los aciertos de la presente administración.
El desmantelamiento de la corrupción de Estado ha implicado también el despliegue de diversas acciones en materia de seguridad pública y financiera, dejando evidencia clara de los vínculos y complicidades que existían entre la clase gobernante y las organizaciones criminales. El combate al huachicoleo, al narcotráfico, a la trata de personas y al mal uso de recursos públicos tienen como común denominador la corrupción.
La impunidad de la que gozaron por mucho tiempo los criminales está vinculada con las cifras millonarias que recibieron los exfuncionarios públicos para “hacerse de la vista gorda” e incluso, alentaron un discurso cínico para convencer a la población de que la violencia solo se daba entre “los malos”, cuando la realidad es que la ciudadanía estaba sola frente a las extorsiones, los secuestros, los levantones, los asaltos a mano armada en la vía pública y en los hogares, el feminicidio, el abuso sexual, el despojo de bienes, el asesinato y las desapariciones de familiares.
Hoy, la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, sí están funcionado; el Ejército y la Marina están dando sobradas pruebas de lealtad, esfuerzo y servicio a la patria; y las dependencias de gobierno realizan un esfuerzo mayúsculo para hacer valer la austeridad republicana y hacer más con menos.
La detención del “Marro” líder del Cártel de Santa Rosa de Lima y la captura de integrantes clave del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y de otros grupos delictivos, no son acciones aisladas del combate a la falsificación de facturas, del congelamiento de cuentas bancarias a empresarios, tratantes y ex funcionarios públicos, ni tampoco de la reforma para las compras consolidadas que permitan adquirir medicamentos, insumos y servicios de calidad para el sector salud a los mejores precios por medio de Organismos Internacionales, tampoco de la prisión preventiva oficiosa, de la cancelación de la posibilidad de perdonar adeudos fiscales millonarios de forma discrecional o de la reparación del daño con el pago de 200 millones de dólares al gobierno federal por parte de Altos Hornos de México (AHMSA).
En otras palabras, la entrega de los apoyos sociales directamente a las manos de los beneficiarios sin intermediarios, la disolución del seguro popular, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el encarcelamiento de exfuncionarios, la cancelación de privilegios y el desmantelamiento de las células criminales, parten de un mismo eje rector y tiene un solo objetivo: devolverle al pueblo lo que es del pueblo.
Lo que busca el presidente de la República al desterrar la corrupción es establecer el Estado de Derecho para dar cauce a la gobernabilidad democrática, afianzar un sistema en donde el pueblo confíe en las autoridades, tenga tranquilidad, empleo bien remunerado, acceso a servicios públicos de calidad, justicia y equidad distributiva. Andrés Manuel, lo ha dicho claro y fuerte, lo suyo no es la venganza y tampoco está dispuesto a negociar, él está convencido de la urgente necesidad de establecer y fortalecer un nuevo régimen político y un nuevo orden social.
Quien piensa que existe “cacería de brujas” se equivoca, esos son los rancios paradigmas de los gobiernos pasados, hoy teniendo como armas a las instituciones y las leyes, se cazan corruptos y delincuentes para transparentar la verdad y hacer justicia.
No se confundan, nadie quiere cazar brujas, lo que el pueblo de México quiere es encontrar a las mujeres y jóvenes desaparecidos, recuperar el dinero de la estafa maestra, cerrar las tomas clandestinas, cancelar los contratos amañados y los privilegios, recuperar la tranquilidad que le arrebataron, vislumbrar un futuro próspero, que se le devuelva lo robado y que paguen con cárcel quienes infringieron la ley, sea quien sea.
Paola Félix Díaz
Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX; activista social y exdiputada federal.
