En dias pasados se sucitaron hechos que confirman lo que todo mundo sopone: que el dinero no reportado en nuestras campañas electorales sigue siendo el gran “elefante en la sala” que no podemos sacar. Primeramente, el Instituto Nac|ional Electoral (INE) aprobó los dictámines de fiscalización de los gastos de precampañas federales de los partidos políticos, imponiendo multas millonarias por gastos no reportados, pero nuevamente, sin acreditar aportaciones privadas ilícitas, ni rebases a topes de gasto, esto a pesar del notorio y público dispendio financiero desplegado en el desarrollo de esas actividades. Y, al mismo tiempo, nos enteramos de la detención en Madrid del ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el gobierno de Ernesto Zedillo, quien había denunciado a altos ejecutivos de Televisa, por supuestamente recibir pagos millonarios en efectivo de partidos y actores políticos por cobertura y promoción simulada, lo que nos recordó la persistencia de esa mala práctica durante las campañas electorales de nuestro país.
El INE aprobó multas por casi 70 millones de pesos a los distintos partidos políticos por irregularidades en su precampaña a la Presidencia de la República y al Congreso. Gran parte de las multas aplicadas, fueron consecuencia de la extraordinaria labor del INE para recabar evidencias de gastos en eventos públicos y en propaganda fija en las calles, que luego contrasta con los informes presentados por los partidos. Esto le permitió a la autoridad acreditar que los partidos omitieron cuantiosos gastos en sus informes relacionados a actividades de propaganda, transporte, logística y publicidad callejera del 20 de noviembre al 18 de enero. Sin embargo, en el Dictámen aprobado no se advierten hallazgos sobre aportaciones ilegales importantes -ya séa de orígen público o privado-, y tampoco se acreditaron rebases a los topes de gasto establecidos.
Llama la atención que en el dictámen de fiscalización del INE no se haya acreditado el rebase del tope de gasto a ninguna precandidatura, a pesar del visible dispedio de publicidad en gran parte del país durante el desarrollo de las precampañas y en los meses previos. Del dictámen del INE se concluye que todas las precampañas fueron escrupulosamente responsables y se sujetaron a los limites de gasto que tenían establecidos. Es decir, que ninguna precandidatura presidencial gastó mas de 85 millones de pesos, y que ninguna precandidatura a una diputación federal gastó más de 329 mil pesos, por ejemplo. En consecuencia, ninguna precandidatura fue anulada por violaciones a las reglas financiamiento. A diferencia de lo que todo mundo supone, para el INE todo lo reacaudado y gastado durante los dos meses de precampañas y los meses previos se llevó a cabo dentro de los parámetros de la legalidad, sin que haya habido prácticas fraudulentas o ventajas indebidas. Si nos atenemos a ello debemos estar tranquilos, el dinero no es y no será un factor determinante en las campañas que arrancan el 1 de marzo.
En el Dictámen del INE tampoco se acreditaron aportaciones privadas, ni lícitas (apenas un raquítico 2% de todo lo recaudado) ni ilícitas, así tampoco recursos públicos indebidos. Baste señalar que, de acuerdo al Dictámen, las precampañas a la Presidencia y al Congreso de los siete partidos costaron 212 millones de pesos, pero casi todo ese dinero, de acuerdo a los partidos políticos y el INE, se financió con las propias prerrogativas partidistas, solo 4.3 millones de pesos se obtuvieron de distintas fuentes, un mísero e insignicante 2%. Es decir, que en todo el dispendio de gasto que se observó durante el periodo de precampañas en todo el país, practicamente no hubieron aportaciones privadas. “Felízmente”, ni los empresarios, los constructores, los prestadores de servicios, ni nungun interés privado o poder fáctico contribuyó con recursos a financiar esas actividades. Tampoco hubieron recursos públicos al márgen de las prerrogativas partidistas. Si asi fuere, estamos del otro lado, no debemos preocuparnos por que haya inequidad en las próximas campañas, ni por la integridad de nuestros procesos democráticos.
Casi todo el gasto que el INE acreditó a los partidos como no reportado, es por propaganda en internet y en vía pública, pues son rubros que dejan rastro, que permiten “seguirle la huella”. Pero, a modo de ejemplo, no hay ningun indicio de gastos en propaganda simulada en radio y TV. Ello obedece en que ese tipo de operaciones no deja evidencia que la autoridad pueda acreditar. Sabemos que suelen realizarse pagos por cobertura en medios durante las campañas a pesar de que son operaciones prohibidas, por la existencia de indicios en expedientes judiciales -pensemos en el caso Demetrio Sodi o informes de legisladores del PVEM, por ejemplo-, pero también por declaraciones dentro de procedimientos judiciales de personas involuradas en esas operaciones -como la que rindió el dueño del extinto “Bar Bar” en la CDMX tras el escándalo del balazo al futbolista Salvador Cabañas en sus instalaciones, acusando persecusión de sus exsocios de una empresa de “brokers” encargada de simular facturas para coberura en medios a partidos políticos. A este mismo tipo de operaciones se refiere la denuncia que había presentado Eduardo Fernandez antes de ser detenido en Madrid en dias pasados, acusado de extorsión. Su denuncia se refería a hechos supuestamente ocurridos entre 2008 y 2011, en donde la televisora había recibido cuantiosos recursos en efectivo por propaganda simulada en campañas electorales, pero que habían sido tratados como ingresos por cobro por eventos especiales celebrados en el Estadio Azteca, propiedad de la empresa. Este hecho nos recordó que las prácticas de simulación se normalizaron como consecuencia de la reforma de 2007 que estableció la prohibición para contratar spots de radio y TV a partidos politicos y particulares con fines politico electorales, y que se mantiene una especie de mercado negro de transacciones ocultas para la fiscalización electoral. Pero que el orígen y el monto de los pagos por publicidad política subrepticia escape al alcance de la actividad fiscalizadora del INE, no implica que esas transacciones no existan, ni que no vayan a dejar de ser un factor que impacte en las equidad e integridad de estos comicios.
Nos encontramos en la víspera del inicio de las campañas y éstas habrán de desarrollarse bajo un modelo de financiación y control de la financiación electoral que ha dado muestra de tener grietas. Un modelo sobrerregulado que desde su origen ha incentivado los registros financieros ocultos, las subdeclaraciones y la simulación. Donde el ente fiscalizador se ve limitado para acreditar las aportaciones no reportadas, las cuáles generalmente van a actividades que difícilmente dejan rastro financiero, como la propaganda electoral simulada o las estrategias clientelares o de movilización de votantes. La mala noticia es que no podremos evitarlo en el corto plazo. Una mayor transparencia financiera electoral requerirá reformas en el mediano plazo que la incentiven, como el hecho de aligerar el nivel restrictivo de las reglas de financiamiento y gasto. La buena noticia es que para estos comicios aún se contará con el arma más importante que ofrece la democracia para atender el desafío del “elefante en la sala”. Se llama voto, y de su uso como mecanismo de control para premiar o castigar el juego sucio dependerá en buena medida la calidad e integridad de las elecciones más desafiantes de nuestra historia.
