Hace unos días participé en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), en la presentación de una obra colectiva sumamente oportuna: La Copa del Mundo frente al Sistema Penal, coordinada por el Dr. Miguel Ontiveros Alonso (UBIJUS, 2026). Esta publicación subraya una verdad fundamental, que la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá, no solo representa una gran fiesta deportiva que llenará de emoción a millones de personas, sino también una prueba de fuego exigente para la fortaleza, la transparencia y la eficiencia de nuestro sistema de procuración de justicia y del conjunto de las instituciones del Estado mexicano. Un megaevento de esta magnitud atrae millones de visitantes, genera flujos económicos extraordinarios, dinamiza sectores como el turismo, la hotelería, el transporte y los servicios. Sin embargo, también multiplica riesgos complejos y de alto impacto, como la trata de personas y turismo sexual infantil, violencia organizada en estadios y sus alrededores, discriminación, homofobia y crímenes de odio, fraudes masivos en alquileres temporales y servicios turísticos, delitos de oportunidad, extremismo violento, así como graves afectaciones al entorno urbano y ambiental. Estos fenómenos someten a una presión extrema la coordinación entre fiscalías, policías, jueces, autoridades migratorias, de protección civil y de seguridad, revelando posibles debilidades en prevención, respuesta rápida, uso de evidencia tecnológica, aplicación uniforme de la ley y protección efectiva de los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables. ¿Estamos preparados institucionalmente para enfrentar este desafío?
Los autores de la obra coinciden en que, ante la magnitud del reto, México requiere una política criminal moderna, preventiva e inteligente, capaz de incorporar herramientas de vanguardia como el uso ético de la IA en aeropuertos y espacios masivos para identificar generadores de violencia, programas robustos de compliance en todas las organizaciones involucradas, protocolos claros y armonizados de actuación, y estrategias integrales de protección a las personas, con especial énfasis en los grupos más vulnerables. Por ello, el Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para nuestro país: mejorar y actualizar nuestras leyes penales, armonizar protocolos de actuación entre los distintos órdenes de gobierno, fortalecer la coordinación interinstitucional, capacitar de manera continua a los operadores del derecho y elevar sustancialmente el funcionamiento general de nuestras instituciones de justicia y seguridad. La cita mundialista debe ser vista como un poderoso catalizador para impulsar reformas que trasciendan el evento mismo y fortalezcan de manera estructural nuestro Estado de derecho.
El verdadero triunfo mundialista no se medirá únicamente por los goles, el espectáculo o el impacto económico. El triunfo más profundo y perdurable será que, tras su realización, se desate una reflexión nacional seria, autocrítica y constructiva sobre las áreas de mejora que la organización de la justa inevitablemente arrojará sobre nuestro sistema de justicia, porque sin duda este megaevento actuará como un espejo amplificador de nuestras fortalezas y debilidades institucionales. Será necesario que estos temas sean ampliamente discutidos y analizados, sin prejuicios ni simulaciones, en la academia, el Poder Judicial, el Legislativo, los gobiernos estatales y la sociedad civil. El objetivo debe ser transformar la experiencia del Mundial en un catalizador de reformas estructurales para mejorar y actualizar leyes penales y procesales, armonizar protocolos de actuación entre los tres órdenes de gobierno, fortalecer mecanismos de capacitación continua para operadores del derecho, optimizar el uso de tecnologías éticas y elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas. La academia, como lo ejemplifica esta obra coordinada por el Dr. Ontiveros, está llamada a desempeñar un papel protagónico. A través de las universidades y centros de estudios e investigación, deben aportarse análisis rigurosos sustentados en evidencia, propuestas concretas y viables, y una visión estratégica de largo plazo.
Convertir los desafíos del Mundial en oportunidades de transformación institucional no solo fortalecerá nuestra democracia, sino que dejará como legado instituciones jurídicas más fuertes, transparentes, eficientes y confiables, verdaderamente al servicio de la persona humana. Esa debe ser la gran herencia para las generaciones futuras y el legado más valioso que debe dejar esta Copa del Mundo.