María del Carmen Alanis
Hace unos días vi una imagen que no he podido sacar de mi cabeza. En una manifestación, las fotografías de personas desaparecidas aparecían impresas con el formato de las estampas de los álbumes del Mundial.
Era una forma dolorosa y poderosa de llamar la atención. Mientras el país y buena parte del mundo vuelcan su mirada sobre la mayor fiesta deportiva del planeta, miles de familias mexicanas siguen buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus madres, a sus padres, a sus hermanas y a sus hermanos.
Esa imagen me llevó a una pregunta que parece extraña, pero que considero indispensable: ¿alguien ha pensado en el Mundial y el Estado de Derecho?
El Mundial ya está en curso. Y no me refiero al futbol. Desde hace meses, México, Estados Unidos y Canadá comenzaron una de las experiencias de cooperación política, jurídica e institucional más complejas de las últimas décadas. La organización compartida de una Copa del Mundo no es únicamente un reto logístico; es una prueba para el Estado y, particularmente, para un Estado democrático.
Las democracias no se ponen a prueba cuando todo transcurre con normalidad. Se ponen a prueba cuando enfrentan acontecimientos extraordinarios. Y pocos acontecimientos exigen tanto de las instituciones públicas como un Mundial.
En esta justa deportiva se está evaluando, antes que cualquier resultado en la cancha, la capacidad de los Estados para coordinarse y actuar bajo los principios del Estado de Derecho.
Se pone a prueba el federalismo y la coordinación entre distintos órdenes de gobierno. Se pone a prueba la cooperación entre tres países que comparten fronteras, intereses estratégicos y enormes desafíos comunes. Se pone a prueba la capacidad institucional para garantizar seguridad sin sacrificar libertades públicas. Se pone a prueba la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la rendición de cuentas. Y también se pone a prueba la obligación del Estado de proteger los derechos humanos de quienes viven y transitan por nuestros territorios.
Hay un aspecto particularmente delicado del que poco se habla. La experiencia internacional demuestra que los grandes eventos deportivos incrementan los riesgos asociados a la trata de personas, la explotación sexual y otras formas de violencia, especialmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Preparar un Mundial también implica construir mecanismos eficaces de prevención, protección y cooperación internacional.
Pero el Estado de Derecho no se mide solamente por la capacidad para enfrentar amenazas externas. También se mide por la forma en que trata a sus propios ciudadanos.
Las madres buscadoras y quienes las acompañan ejercen uno de los derechos más básicos en una democracia: el derecho a exigir verdad y justicia. Sin embargo, en los últimos días hemos visto denuncias sobre el uso de la fuerza pública y agresiones contra manifestantes. Una joven que acompañaba a esos colectivos terminó hospitalizada con una lesión en la cabeza. Son hechos que obligan a reflexionar.
Porque un Estado democrático debe demostrar que puede garantizar simultáneamente seguridad y libertad. Debe ser capaz de proteger a millones de visitantes internacionales sin dejar de proteger a quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Debe ser capaz de organizar un acontecimiento global sin invisibilizar a las víctimas de sus propias tragedias.
Existe, además, una dimensión internacional que no deberíamos minimizar. Este Mundial representa, probablemente, el ejercicio de gobernanza compartida más importante entre México, Estados Unidos y Canadá fuera del ámbito comercial. La coordinación política y diplomática entre los tres países forma parte del éxito del proyecto común. En ese contexto, la ausencia de la Presidenta de México en la ceremonia inaugural no puede verse únicamente como un asunto de agenda o de protocolo. En política internacional, los símbolos también construyen confianza y envían mensajes sobre las prioridades de un Estado.
Durante mucho tiempo hemos medido el éxito de los mega eventos deportivos por el número de turistas, la derrama económica o la calidad de los estadios. Todos esos elementos son importantes, pero resultan insuficientes.
Quizá ha llegado el momento de incorporar otra variable a la conversación pública: la calidad de nuestras instituciones.
Aquellas estampas con los rostros de las personas desaparecidas nos recuerdan que un país no puede elegir entre celebrar y hacer justicia. Una democracia está obligada a hacer ambas cosas.
Porque en el Mundial también se juega el Estado de Derecho. Ese partido ya comenzó.
Y, por ahora, vamos perdiendo.