En 2008, los gobiernos de México y Estados Unidos suscribieron la Iniciativa Mérida con el objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Mientras EE. UU. se encargaría donar equipamiento y fondos para programas de seguridad y de justicia, México tendría el compromiso de desarrollar estrategias para combatir la corrupción.

Por Mario Maya
 

Desde su creación, la Iniciativa ayudó a construir y fortalecer a las policías; promovió sistemas de transparencia y rendición de cuentas; fomentó la integración de la inteligencia en los sistemas tecnológicos; ayudó a establecer mecanismos de monitoreo y evaluación en los sistemas de procuración de justicia y fortaleció la colaboración entre la sociedad civil y las autoridades.

No obstante, el acuerdo empezó a debilitarse en 2017 debido a decisiones del entonces presidente Donald Trump, y a partir del gobierno del presidente López Obrador, cuando comenzó a argumentar que se buscaría reorientar la Iniciativa debido a que “no funcionaba”.

Finalmente, la Iniciativa llegó a su fin y para sustituirla, los gobiernos de México y EE. UU. anunciaron el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, que representa -en teoría- una nueva visión de seguridad y colaboración regional.

Una de las principales críticas que recibió la Iniciativa Mérida se concentró en el énfasis del uso de las fuerzas militares para combatir el crimen y la común violación de los derechos humanos. Sin embargo, no hace mucho sentido esta crítica ya que el actual gobierno ha profundizado la militarización del país y ha disminuido el presupuesto destinado a la profesionalización de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

En lo sustancial, los objetivos son muy ambiciosos; sin embargo, el contenido es muy general hasta el momento. No se explica cómo se alcanzarán estos objetivos ni con qué recursos.

Independientemente de si este acuerdo es mejor que la Iniciativa Mérida, su efectividad radicará en sus reglas de operación, estrategias, líneas de acción y, sobre todo, en un sistema de medición que ayude a monitorear el progreso, a evaluar el impacto y a obtener resultados.

Si el Encuentro Bicentenario carece de estos criterios y se queda en la discreción y la opacidad de “los otros datos”, este nuevo acuerdo habrá sido en un simple acto protocolario que visiblemente refleja la voluntad de dos países por colaborar en temas en común, pero que en el fondo carece de un sustento que garantice el fortalecimiento de la seguridad, la salud y el desarrollo social.

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@MarioMayaol

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