¿Justicia en serio o escándalo mediático? 

Miguel Carbonell

La difusión en días recientes de diversos videos en los que presuntamente se documentan actos de corrupción y/o delitos electorales ha generado un verdadero tsunami en la opinión pública. La desilusión y hasta la ira de los ciudadanos parecen estar alcanzando a todos los partidos, incluso a los actores políticos que habían hecho de la honradez y la lucha contra la corrupción sus banderas. 

Sin embargo, el escándalo puede irse tan pronto como llegó, si las autoridades competentes deciden no actuar o si lo hacen con la lentitud y la negligencia que a veces han demostrado. 

Y hay varias autoridades que están llamadas a tomar cartas en el asunto: el INE por lo que hace a la presunta financiación irregular de MORENA. La Secretaría de Hacienda respecto a la fiscalización del pago de impuestos, en el caso de que los “pagos” o “aportaciones” que se observan en los videos del Senado de la República y del hermano del Presidente AMLO hayan sido entre particulares y no se hayan dirigido a gastos electorales. La auditoría superior del Estado de Chiapas, para deslindar si los recursos entregados por David León son o no son de origen público. La UIF para verificar si se pudiera tratar de actividades con recursos de origen ilícito, según lo prevé el artículo 400BIS del Código Penal Federal. La Auditoría Superior de la Federación en caso de que se hayan utilizado recursos federales o se trate de hechos en los que intervengan servidores públicos que laboren en alguna oficina federal. La FEPADE en caso de que se trate de delitos electorales (lo serían, por ejemplo, si los recursos hubieran provenido de algún presupuesto público y se hubieran utilizado para gastos ordinarios de algún partido político o para financiar actividades de campaña electoral). La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, respecto al ámbito de competencias de responsabilidades penales presuntamente cometidas por servidores públicos federales. La Secretaría de la Función Pública en el caso de que lo que vimos en los videos involucre responsabilidades administrativas de servidores públicos.  

Acabo de enumerar a ocho distintas autoridades y es probable que a esta lista se puedan sumar varias más. ¿Cuál de ellas decidirá hacer en serio su trabajo, citar a declarar a las personas que aparecen en los videos, precisar las fechas en las que fueron grabados, esclarecer lo que ahí se observa, acudir ante las instancias judiciales o administrativas competentes para imponer las respectivas sanciones, recuperar el dinero desviado para reintegrarlo a la Tesorería de la Federación, etcétera? Necesitamos verificar que las instituciones hacen su trabajo, o de otra forma quedará severamente afectada la credibilidad de la clase política en su conjunto. 
Cuando eso ha sucedido en otros países, las consecuencias pueden ser graves para el proceso de democratización. Ahí están los ejemplos de Argentina luego de la crisis del “corralito” del 2001 y la debacle venezolana a partir de 1999. En ambos casos, luego de más de dos décadas, la crisis política y económica persiste en niveles que hubieran sido difíciles de imaginar en su inicio, lastrando las esperanzas de vida de millones de personas.  

La única vacuna posible contra el bochornoso espectáculo de las “filtraciones” es la aplicación sin distingos de la ley: una política estricta de legalidad igualitaria que termine con décadas de complicidades e impunidad para quienes han incurrido en actos de corrupción. 

Solamente el compromiso con la legalidad, aplicada de forma rigurosa a todos, puede sacarnos del pantano al que apenas nos estamos comenzando a asomar. Vendrán más videos, más filtraciones, más documentos de carpetas de investigación que “milagrosamente” circulan en grupos de WhatsApp. Pero no nos confundamos: lanzar porquería de un lado hacia otro no equivale a hacer justicia ni implica que los responsables la van a pagar. Solamente cuando se abran los procesos judiciales respectivos podremos estar ciertos de que prevaleció la justicia. 

Una nota final: no todos los videos o documentos que seguramente seguirán apareciendo en las próximas semanas o meses podrán ser utilizados ante un juez. Hay reglas de validez probatoria establecidas en la Constitución y en las leyes que no permiten que se ofrezca información, en el marco de un proceso, que haya sido obtenida de forma ilegal. Muchas grabaciones subrepticias es posible que no sean capaces de pasar ese escrutinio y tendrán que ser desechadas. Quienes las filtran seguramente lo saben, pero su propósito es servir al enorme espectáculo de la degradación de la política, en el que muchos saldrán severamente lastimados.   

Investigador del IIJ-UNAM

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