La última semana de abril fue particularmente intensa para la propiedad intelectual (PI) en México. El Día Mundial de la PI, que en 2026 se dedicó al deporte, se celebró en un contexto especialmente pertinente: la reciente incorporación a nuestra legislación de la figura de la publicidad de emboscada (‘ambush marketing’). En ese mismo periodo, se publicó finalmente el tan esperado Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se anunció la propuesta de un nuevo director general del IMPI.
En paralelo, la Suprema Corte resolvió el caso Diego Luna vs. Johnnie Walker, fijando que la indemnización por el uso no autorizado de la imagen no puede ser menor a 40% de las ventas del producto correspondiente. Y, para completar la semana, se publicó el Reporte Especial 301 2026 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).
El dato central fue que México dejó la “lista de vigilancia prioritaria” para ubicarse en la “lista de vigilancia”. Es, sin duda, una buena noticia y un avance que debe reconocerse. No sorprende que, casi de inmediato, la Secretaría de Economía emitiera un comunicado destacando la decisión como una señal positiva de cara a la revisión del T-MEC. Refleja acciones concretas, particularmente en materia regulatoria, farmacéutica y ciertos compromisos en el combate a la piratería.
Pero conviene precisar: México no salió de la lista; simplemente cambió de nivel dentro de ella. De hecho, es en la “lista de vigilancia” donde el país ha permanecido más de dos décadas. El ajuste es positivo, pero no implica que el problema esté resuelto. El propio reporte es claro en señalar que, si bien se han dado pasos relevantes, persisten problemas estructurales que limitan la efectividad del sistema.
Aquí es donde el análisis se vuelve interesante. Desde una perspectiva estrictamente nacional, podría pensarse que lo ideal sería no aparecer en el Reporte 301. Sin embargo, desde la lógica del sistema de PI, la realidad es distinta: estar en la lista implica escrutinio, medición y exigencia. Y eso, en un entorno donde muchas veces la PI no es prioridad, puede jugar a favor.
El mejor ejemplo lo tenemos en el reglamento. Durante casi seis años se esperó su emisión. Y, sin embargo, apareció en el Diario Oficial de la Federación (edición vespertina del 28 de abril) apenas dos días antes de la publicación del reporte. Difícil considerarlo una coincidencia. La misma USTR ya anticipaba su expedición en abril de 2026. Entre la presión internacional reflejada en el reporte y la inminente revisión del T-MEC, el margen para postergarlo simplemente se agotó.
Vale la pena decirlo con claridad: el Reporte 301 no es un ejercicio neutral ni imparcial, ni mucho menos meramente técnico. Es una herramienta de política comercial. No busca describir la realidad, sino incidir en ella. Y, en ese sentido, funciona.
El propio reporte reconoce avances en materia de observancia. Entre ellos, destaca la Operación Limpieza liderada por el IMPI para combatir la comercialización de productos ilícitos en mercados físicos. Los avances reconocidos, además de enviar una señal positiva, demuestran que, cuando hay voluntad institucional, los resultados pueden materializarse.
Sin embargo, el mismo documento es igualmente claro al señalar los pendientes. Para combatir los crecientes niveles de piratería en México, se exhorta a dotar de mayores recursos, a mejorar la coordinación entre autoridades, impulsar los procesos penales y establecer sanciones verdaderamente disuasivas. Es difícil no coincidir. Desde esta columna lo hemos señalado de forma reiterada: sin recursos (humanos y materiales) no hay sistema que funcione. En el caso del IMPI, esto pasa por algo tan elemental como permitirle utilizar los recursos que él mismo genera. Sin capacidad operativa, no hay eficiencia administrativa que alcance.
Por eso, el movimiento de México dentro de la lista debe leerse con cuidado. Hay avances y deben reconocerse. Pero el reto ya no es normativo. Las leyes están. Los compromisos internacionales también. El desafío es institucional: hacer que todo eso funcione en la práctica. En ese contexto, mantenerse en el reporte puede ser, paradójicamente, una buena noticia: mantiene el tema en la agenda, ejerce presión y obliga a tomar decisiones. Desaparecer del radar sería más cómodo, pero también menos útil.
Al final, el verdadero objetivo no es salir de la lista, sino construir un sistema de PI que funcione por sí mismo, sin necesidad de recordatorios externos. Mientras eso no ocurra, seguir bajo observación puede ser más útil que incómodo.
Especialista en propiedad intelectual y protección de innovación
X: @MA_Margain