A lo largo de la historia mexicana, el Estado ha sido secuestrado por aparatos políticos que han pasado por encima de las leyes o que, de plano, las modificaron en función de sus propios intereses. Durante la primera parte del Siglo XIX fue la Iglesia Católica la que encarnó ese aparato; después, la aurora liberal duró apenas una década, antes de que otro aparato se adueñara de las decisiones ignorando la Constitución de 1857; y tras los movimientos que confluyeron en la revolución mexicana, hubo otro aparato de dominación que gobernó durante el resto de ese siglo.
Muchos creímos que en el Siglo XXI seríamos capaces de dejar atrás esa historia autoritaria para establecer, por fin, un Estado de derecho estable y democrático. Pero el sueño duró poco: como si hubiésemos vuelto al XIX, un nuevo caudillo popular utilizó con destreza la apertura democrática lograda para construir un nuevo aparato de poder. Su eficacia para destruir lo que se había logrado ha sido indiscutible: hoy no queda en pie ninguna de las reformas que se ganaron palmo a palmo para ir dignificando al Estado mexicano.
Los puestos y los presupuestos se reparten como botín de guerra y como premio a la obediencia; el sistema electoral está convertido en una instancia de legitimación del aparato en el poder; el sistema judicial fue capturado para seguir la línea impuesta por el caudillo; los órganos creados antes para contener los excesos de la autoridad presidencial han sido extinguidos; los recursos diseñados para hacer valer la ley y defenderse de las vulneraciones del poder político han sido anulados; el federalismo está totalmente controlado; los medios de comunicación que se resisten a la sumisión, están amenazados; y el pensamiento libre apenas sobrevive bajo la tutela del control político que pesa sobre las universidades públicas y los centros de investigación. Ya nadie pone en duda la existencia de ese nuevo aparato de poder. Hay quienes lo defienden y lo justifican, pero ya nadie lo niega.
La historia nos enseña que, mientras fueron capaces de lidiar con los problemas más graves del país, esos aparatos fueron más o menos incluyentes: iban sumando acólitos y consolidando su dominación. Pero cuando esos problemas los rebasaron, se volvieron intransigentes y violentos. Ni la guerra de reforma, ni la intervención francesa, ni la fase armada de la revolución, ni la guerra sucia de los setenta o la crisis del 94 podrían explicarse de otro modo: los aparatos que dominaban el país en cada uno de esos episodios optaron por sobreponerse a su propia decadencia, mediante la represión, el discurso de odio y la violencia.
Hay quienes afirman que eso ya está sucediendo con el nuevo aparato de poder que nos gobierna: que la inseguridad y la impunidad de los criminales; la pobreza que está volviendo por el costo de la inflación y el crecimiento casi nulo; los escándalos de corrupción que se han vuelto cotidianos; y la presión del gobierno de Estados Unidos, están poniendo a los dueños del poder contra las cuerdas. Y alegan que, por esa razón, están cada vez más agresivos, más amenazantes y desesperados. Quizás tengan razón.
Sin embargo, dudo que este nuevo ciclo de agresiones esté cerca de su fin. Por el contrario –y muy a mi pesar– creo que las reacciones que hemos visto en estos días son apenas el principio de una escalada política, mediática, judicial y fiscal que unirá como cemento a los miembros de este cuarto aparato de dominación de la historia mexicana. Así sucedió con los conservadores del XIX que promovieron el Segundo Imperio, con el final del Porfiriato y con la última etapa del PRI-gobierno. La prepotencia de los aparatos de poder aumenta tanto como su impotencia para lidiar con los problemas del país. Nos esperan tiempos muy aciagos.
Investigador de la Universidad de Guadalajara