No se necesita un análisis sesudo para observar que el gobierno mexicano ha decidido escalar sus respuestas ante la ofensiva múltiple del gobierno de Donald Trump. La solicitud de extradición del gobernador Rocha Moya quebró la estrategia de la “cabeza fría” que había seguido la presidenta Sheinbaum y, desde ese momento, se desató una retahíla de declaraciones y decisiones que ya están amenazando la continuidad de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
Tengo para mí que la carta publicada por Andrés Manuel López Obrador marcó el momento exacto en que se rompió el espíritu de colaboración y “cooperación sin subordinación” que se había seguido hasta entonces. Saltó a la vista el nado sincronizado entre esa carta y el discurso de Claudia Sheinbaum en el monumento a la Revolución, donde la defensa de la soberanía nacional se dijo agraviada por las acusaciones “sin pruebas” del departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de militantes de su partido, leídas como una injerencia política inaceptable. Ahí se acabó la buena fe y se acabó la cordialidad mexicana. Obviamente, la colaboración también entró en pausa.
Dudo que el presidente Trump haya decidido estresar las relaciones comerciales entre ambos países a partir de esas decisiones del gobierno de México. Creo que la política mercantilista que ha adoptado Trump desde que comenzó su segundo cuatrienio habría llevado, de todos modos, a someter el Tratado de Libre Comercio de la región norteamericana a esa incierta revisión anual que, de hecho, somete nuestros vínculos económicos a las prioridades políticas coyunturales. Dado que el TMEC fue diseñado para dar certeza de largo aliento al comercio y las inversiones entre los tres países involucrados, puede decirse que, por lo pronto, está muerto. En el mejor de los casos podría revivir tras las elecciones que habrá en los Estados Unidos en el mes de noviembre. Pero, honestamente, lo dudo.
Por otra parte, la ofensiva estadounidense para allegarse del respaldo incondicional de la gran mayoría de los gobiernos de América Latina está teniendo éxito. Con excepción de Brasil, cuya fuerza propia le ha permitido al presidente Lula da Silva seguir jugando en el territorio de los BRICs y conservar una autonomía relativa, el resto del barrio se ha ido rindiendo ante el poder imperial de Estados Unidos. La lista de los países que han girado hacia la derecha es abrumadora: Argentina con Milei, Ecuador con Noboa, Bolivia con Rodrigo Paz, Chile con Kast, Honduras con Nasry (Tito) Asfura, Perú con Keiko Fujimori, Colombia con De la Espriella y, por supuesto, Venezuela con Delcy Rodríguez, además del emblemático Nayib Bukele de El Salvador. En rigor, los gobiernos que se dicen de izquierda en nuestra región no solo se han quedado ya en franca minoría, sino que cargan además con el desprestigio de los Ortega en Nicaragua y con el peso simbólico del gobierno comunista cubano, con Miguel Diaz-Canel.
De escalarse el conflicto entre México y los Estados Unidos, el gobierno de Claudia Sheinbaum tendría que afrontarlo con muy pocos y muy débiles aliados regionales y lidiando, a la vez, con los intereses de China: la otra potencia mundial que se está colando hasta por las ventanas. Sería un choque que, ya de entrada, nacería de una profunda desigualdad: México acusa a Estados Unidos de prepotente, mientras que ellos acusan al gobierno de México de impotente. Y ambos tienen razón.
De confirmarse que los Estados Unidos orquestaron el secuestro del Mayo Zambada con el FBI, la presidenta se verá en el peor dilema de política exterior de cualquier jefe de Estado: romper relaciones diplomáticas con el agresor, como ocurrió con Ecuador tras la invasión a la embajada mexicana en Quito, o rendirse a los hechos.
Investigador de la Universidad de Guadalajara
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