Carlos Slim salió esta semana a defender a México y a sí mismo. El empresario más rico del país dedicó parte de su conferencia anual a cuestionar la decisión de Moody’s y otras agencias de riesgo que degradaron la perspectiva y la calificación soberana mexicana, además de ajustar la nota de una docena de bancos. El ingeniero calificó como “irracional” el movimiento de Moody’s y aseguró que la economía mexicana mantiene fortaleza suficiente para sostener el grado de inversión. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó sus declaraciones y dijo que la voz de Slim “tiene mucho peso”.
México se encuentra prácticamente a un escalón de perder el grado de inversión que obtuvo hace 30 años y que ha sido uno de los principales pilares del país para la atracción de capital, el financiamiento de la deuda y para mantener la estabilidad macroeconómica. Moody’s y Standard & Poor’s modificaron recientemente las perspectivas y calificaciones ante el deterioro fiscal, que, entre otros factores, ha sido generado por el bajo crecimiento, la crisis financiera de Pemex y el incremento de la deuda pública. Hacienda celebró que las agencias hayan dado entre 12 y 18 meses para una nueva revisión, como si se tratara de un voto de confianza, pero en realidad es una advertencia.
Slim entiende perfectamente lo que está en juego porque sus negocios están profundamente expuestos al desempeño financiero del país. De entrada, la degradación soberana arrastró también a varias instituciones financieras, entre ellas a su Grupo Financiero Inbursa. Un perfil crediticio más bajo implica mayores costos de financiamiento y presión sobre acciones y bonos. Para un empresario con presencia en telecomunicaciones, banca, seguros, infraestructura, energía, comercio y construcción, una eventual pérdida del grado de inversión sería desastroso para sus negocios en el país.
Por eso llamó la atención que Slim intentara presentar el tema como un exceso de las calificadoras y no como resultado de decisiones estructurales tomadas desde el poder. La deuda pública de México, medida a través del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, pasó de alrededor de 10.5 billones de pesos al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto a niveles cercanos a 16 billones hacia 2025-2026. Como proporción del PIB, el indicador pasó de niveles cercanos a 43% a un rango de 52%, de acuerdo con datos de Hacienda. El deterioro se aceleró entre el último tramo del gobierno de López Obrador y el arranque de Sheinbaum, impulsado por el incremento del déficit fiscal, pensiones progresivas, gasto social desbordado, subsidios de proyectos sin rentabilidad y rescates recurrentes a Pemex.
La paradoja es que Slim ha sido uno de los principales beneficiarios del gasto público de los últimos años. Tan solo entre el sexenio de López Obrador y el arranque del actual gobierno, empresas vinculadas al magnate obtuvieron más de 2 mil 600 contratos públicos por montos superiores a los 100 mil millones de pesos, particularmente en infraestructura y energía. Destacan obras ferroviarias, proyectos carreteros y contratos petroleros vinculados con Pemex. Este martes, cuando reporteros le preguntaron por esa cercanía con la 4T, tanto Slim como su vocero Arturo Elías Ayub reaccionaron con molestia. La realidad es que la magnitud de los contratos y la concentración de sus negocios han hecho imposible separar el poder económico y poder político, como lo pregonó AMLO.
También resultó revelador que esta semana, Slim acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reunirse con su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, acompañado de Elías Ayub. Es público que Inbursa tiene abiertos expedientes en el máximo tribunal, entre los que destaca el amparo en revisión 148/2026, promovido contra disposiciones fiscales de la Ley de Ingresos relacionadas con cancelación de facturas y efectos tributarios de comprobantes digitales, un tema de alto impacto para grandes contribuyentes y grupos financieros. A ello se suman litigios de Seguros Inbursa, como el amparo en revisión 152/2025 y el recurso de reclamación 338/2025, vinculados con indemnizaciones y criterios de responsabilidad civil derivados de daños eléctricos relacionados con infraestructura de la CFE, donde la Corte ha comenzado a emitir resoluciones menos favorables para las aseguradoras. También aparece en el radar judicial la solicitud de atracción 343/2026 relacionada con reclamaciones derivadas del colapso de la Línea 12 y empresas vinculadas a Grupo Carso.
Algo similar ocurrió con su comentario sobre la salida de Telefónica Movistar de México. Slim dijo que era “muy triste” que una empresa de ese tamaño abandonara el mercado mexicano. El señalamiento tiene mucho de ironía, porque América Móvil mantiene una posición dominante en telecomunicaciones desde hace décadas y buena parte de la competencia que ha ido desapareciendo no logró sobrevivir precisamente frente al tamaño del imperio de Slim.
En el fondo, la aparición pública de Slim tuvo como objetivo enviar una señal de estabilidad a inversionistas locales y a los mercados internacionales, ahora que están aumentando las dudas sobre la sostenibilidad fiscal de México. El ingeniero dijo también que no cree que los cambios institucionales y las reformas al Poder Judicial o al sistema electoral minen la confianza empresarial, simplemente “porque México no ha tenido reelección de presidentes”. ¿Y ya con eso?
Posdata 1
Pemex seguirá siendo un problema fiscal para México durante todo el sexenio. Moody’s advirtió este miércoles que la petrolera continuará requiriendo rescates del gobierno federal al menos hasta 2030, pese a la meta anunciada por Hacienda y por la presidenta Claudia Sheinbaum de dejar de apoyarla financieramente a partir de 2027. La calificadora considera poco realista ese escenario debido a la carga de deuda, el deterioro operativo y la falta de generación de efectivo de la empresa.
El diagnóstico golpea directamente uno de los principales mensajes económicos del gobierno. Hacienda sostiene que el saneamiento financiero de Pemex permitirá reducir gradualmente las transferencias y capitalizaciones públicas, pero Moody’s considera que el deterioro financiero de la empresa sigue representando un riesgo soberano. La petrolera acumula pasivos cercanos a los 75 mil millones de dólares y mantiene patrimonio negativo, además de problemas de producción, refinación y pagos a proveedores. Incluso BBVA advirtió que modificar el modelo de negocio de Pemex será indispensable para evitar que México pierda el grado de inversión en los próximos años.
Posdata 2
Con la novedad de que el T-MEC ya no será revisado sólo bajo criterios económicos, sino como parte de la estrategia industrial y de seguridad nacional de Estados Unidos. El secretario Marcelo Ebrard encabezó la delegación mexicana que se reunió con sus contrapartes de Estados Unidos, encabezados por Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de la USTR, luego de que Jamieson Greer fuera convocado de último momento a una reunión de gabinete con Donald Trump.
La delegación estadounidense llegó con funcionarios de alto nivel de la USTR, cuatro legisladores del Comité de Ways and Means y alrededor de 60 empresarios ligados a manufactura, logística y cadenas de suministro. El tamaño y perfil del grupo dejó ver que Estados Unidos tiene varias prioridades en la revisión del T-MEC. En las primeras conversaciones aparecieron automotriz, acero y aluminio, dispositivos médicos y cumplimiento laboral, además del concepto de “seguridad económica”, que empezó a dominar las discusiones bilaterales.
Al terminar la jornada hubo además una recepción privada con integrantes de ambas delegaciones y empresarios de los dos países. Ahí estuvieron el nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri; la representante de México ante el Banco Mundial, Diana Alarcón González; el titular de Sader, Julio Berdegué Sacristán; el embajador estadounidense Ronald Johnson; Sergio Contreras, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior; José Medina Mora; entre otros.
Ebrard confirmó además que ya quedaron pactadas nuevas rondas de negociación para el 16 y 17 de junio en Washington y otra más el 20 de julio en la Ciudad de México. El secretario consideró positivo que exista desde ahora un calendario definido, aunque detrás de esa aparente normalidad empieza a configurarse una discusión mucho más compleja sobre cadenas de suministro, contenido regional y dependencia de Asia, particularmente de China.
Y precisamente desde Washington llegó ayer el mensaje más importante. Jamieson Greer declaró que Estados Unidos “prefiere construir las cadenas de valor en este hemisferio” y advirtió que si México logra un entendimiento con Estados Unidos sobre aranceles a terceros países —“entiéndase China”, dijo— podría recibir un tratamiento preferencial. Remató incluso que, “por estrategia de seguridad nacional”, Washington busca concentrar sus cadenas de suministro en Norteamérica. Con esas definiciones, la administración Trump dejó perfectamente claro que la revisión del T-MEC será también una negociación geopolítica, donde comercio, industria y seguridad nacional comenzarán a operar bajo una misma lógica.
Posdata 3
La administración de Claudia Sheinbaum comenzó a construir uno de sus principales argumentos políticos sobre la seguridad. Esta semana, el secretario Omar García Harfuch informó que el promedio diario de homicidios dolosos en México acumula una reducción cercana al 49% entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, mientras que delitos de alto impacto muestran también una tendencia descendente. El gobierno federal presume más de 54 mil detenidos, decomisos históricos de armas y droga, así como operativos focalizados en estados donde la violencia se había disparado en los últimos años.
Guerrero se convirtió en uno de los casos que más busca destacar el gobierno federal y la administración estatal de Evelyn Salgado. García Harfuch aseguró que la entidad registra una disminución de 60.6% en el promedio diario de homicidios dolosos tras los reforzamientos implementados desde noviembre de 2024 y julio de 2025. El General Ricardo Trevilla detalló que actualmente operan más de 10 mil elementos federales en el estado, particularmente en Acapulco, Chilpancingo, Costa Grande y Tierra Caliente.
Los datos desagregados muestran además reducciones importantes en otros estados. Guanajuato, gobernado por Libia Dennise García, reporta caídas relevantes en homicidios dolosos respecto de los niveles más críticos asociados a la guerra entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el CJNG. También se observan disminuciones en Jalisco, de Pablo Lemus; en el Estado de México, gobernado por Delfina Gómez; y en Zacatecas, donde David Monreal logró estabilizar parcialmente indicadores después de varios años de crisis de violencia. Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila, también registra descensos en Tijuana derivados de operativos federales focalizados.
@MarioMal
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