La detención de Gilda Susana Lozoya Austin en la Ciudad de México demuestra que el caso de su hermano, Emilio Lozoya, nunca fue solamente uno de corrupción relacionado con Odebrecht, Agronitrogenados y otros escándalos. Detrás del exdirector de Pemex se construyó una compleja red financiera y patrimonial que, durante más de una década, dejó rastros en al menos siete países y terminó involucrando a buena parte de su familia. Lo ocurrido esta jueves confirma que, seis años después de la extradición de Lozoya, la historia está lejos de haber concluido.
Emilio Lozoya Austin fue detenido en España, en febrero de 2020, con fines de extradición a México. En Alemania, su madre, Gilda Margarita Austin, había sido detenida mientras la Fiscalía de Múnich investigaba presuntas operaciones de lavado y ordenaba cateos en inmuebles relacionados con Marielle Helene Eckes, entonces esposa del exdirector de Pemex. En Suiza, los movimientos financieros llamaron la atención de UBS y Morgan Stanley, donde se administraban cuentas vinculadas con sociedades utilizadas por la familia. En Reino Unido apareció Royal Exchange TEG Capital; en Luxemburgo otras estructuras corporativas; en Islas Vírgenes Británicas la offshore Tochos Holding, y en Estados Unidos surgieron registros de operaciones bancarias, compras de arte y direcciones utilizadas para abrir cuentas y administrar activos. Pocas investigaciones por corrupción han extendido su radio de acción con semejante alcance geográfico.
Uno de los datos más reveladores es que los bancos internacionales comenzaron a detectar riesgos antes que las autoridades mexicanas. Documentos conocidos a partir de los FinCEN Files muestran que desde 2013 UBS ya clasificaba a Lozoya como Persona Políticamente Expuesta y discutía internamente el origen de los recursos que ingresaban a las cuentas relacionadas con Tochos Holding. Los oficiales de cumplimiento cuestionaban las transferencias millonarias, las estructuras offshore y el rol que desempeñaban algunos familiares, entre ellos Gilda Lozoya, señalada como beneficiaria de determinadas sociedades. Es decir que mientras en México, Lozoya ascendía a la dirección de Pemex y encabezaba la implementación de la reforma energética, en la banca privada internacional ya existían alertas sobre su patrimonio y sus movimientos financieros.
La inclusión familiar fue parte central de las investigaciones. Emilio Lozoya fue el rostro público del escándalo, pero con el paso de los años aparecieron su madre, su entonces esposa Marielle Eckes, investigada por operaciones con recursos de procedencia ilícita; y ahora Gilda Lozoya, capturada por la Fiscalía General de la República por su presunta participación en operaciones relacionadas con Agronitrogenados. La hipótesis ministerial sostiene que distintos integrantes del entorno familiar figuraban como beneficiarios, accionistas o titulares de sociedades empleadas para administrar recursos cuyo origen está bajo investigación. Más allá de la responsabilidad penal que corresponda a cada uno, lo que hay detrás es una estructura patrimonial familiar.
Cuando Lozoya Austin aterrizó en México en julio de 2020, el gobierno de López Obrador prometió que sus declaraciones abrirían uno de los mayores procesos anticorrupción en la historia reciente. Se habló de una cadena de responsabilidades que alcanzaría a expresidentes, exsecretarios de Estado, legisladores y empresarios. La realidad es que ninguno de las denuncias prosperó, salvo una contra un exlegislador del PAN que ahora trabaja en el gobierno de la morenista Layda Sansores, en Campeche.
Y así, mientras Emilio Lozoya lleva dos años y tres meses en prisión domiciliaria, sin que los casos en su contra avancen o se cierren, su hermana es detenida por la FGR de Ernestina Godoy, quien ha prometido reabrir los casos que su antecesor, Alejandro Gertz Manero, puso en stand by, presumiblemente por acuerdos de sus principales operadores para “congelarlos”.
Posdata 1
Quien volvió a quedarse sola en una votación relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la ministra Lenia Batres. El Pleno confirmó la anulación de un crédito fiscal por 2 mil 868 millones de pesos que el SAT pretendía cobrar a FEMSA, al concluir, por una mayoría de ocho votos, que la autoridad intentó aplicar de manera retroactiva una reforma legal en perjuicio del contribuyente. Batres fue la única integrante de la Corte que respaldó la posición del fisco.
El proyecto mayoritario también desestimó la pretensión de reabrir un litigio que, para la mayoría de los ministros, ya había quedado resuelto con carácter definitivo. La Corte confirmó que existía cosa juzgada y que el crédito fiscal no podía subsistir. La decisión marca otro revés para el SAT en un asunto de alta cuantía y evidencia los límites que los tribunales siguen imponiendo a la autoridad hacendaria cuando ésta rebasa el marco legal.
El caso es relevante porque busca revivir la “cosa juzgada” y porque se trata de FEMSA, una empresa que en 2020 pagó cerca de 8 mil 800 millones de pesos para resolver otro diferendo fiscal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la resolución no responde a una negativa sistemática de la compañía a cumplir con sus obligaciones tributarias, sino a un litigio distinto en el que la Corte determinó que la autoridad carecía de sustento jurídico para mantener el crédito.
La votación también alimenta el debate sobre el perfil que ha asumido Lenia Batres dentro del máximo tribunal. Sus posiciones en asuntos fiscales suelen alinearse con los intereses recaudatorios del Estado, aun cuando la mayoría de sus colegas concluye que los actos de la autoridad vulneran principios constitucionales. Conforme se acerca el relevo en la presidencia de la Corte, el accionar de Batres sigue aterrando al sector empresarial nacional e internacional.
Posdata 2
Hablando de impuestos, la Secretaría de Hacienda estima que entre 2026 y 2027 dejarán de ingresar 3,439 billones de pesos por exenciones, tasas preferenciales, deducciones y estímulos fiscales contemplados en la legislación vigente. Tan sólo para este año el monto asciende a 1,671 billones de pesos, equivalente a 4.47% del PIB, mientras la dependencia mantiene como prioridad la consolidación fiscal y la reducción del déficit público.
La mayor parte de ese costo proviene del IVA. Hacienda calcula que dejará de recaudar más de 638 mil millones de pesos en 2026 por la aplicación de tasas reducidas y exenciones, particularmente en alimentos, medicinas y agua potable. A ello se suman las exenciones en el ISR para personas físicas y diversos estímulos fiscales que buscan incentivar sectores específicos de la economía.
El anuncio también deja ver el margen cada vez más estrecho que enfrenta la autoridad hacendaria. Mientras el SAT mantiene una estrategia agresiva de fiscalización para sostener niveles récord de recaudación, la Secretaría de Hacienda reconoce que una parte relevante de los ingresos potenciales nunca llegará a las arcas públicas por decisiones de política fiscal aprobadas en la ley. La presión sobre las finanzas públicas, por tanto, no sólo dependerá de recaudar más, sino de decidir si en el futuro esos beneficios fiscales siguen siendo sostenibles.
Posdata 3
La política de contención del gasto del gobierno federal empieza a reflejarse con mayor claridad en las finanzas públicas. Entre enero y mayo de este año, la Secretaría de Hacienda dejó sin ejercer 417 mil millones de pesos respecto de lo programado, de acuerdo con un análisis de Banamex basado en las cifras oficiales. Se trata de un subejercicio considerable que supera incluso el registrado durante los primeros cuatro meses del año y que confirma que el ajuste fiscal se está haciendo, en buena medida, por la vía del gasto.
El recorte es consecuencia de ingresos públicos por debajo de lo previsto, particularmente en el componente petrolero, lo que ha obligado a Hacienda a contener el ritmo del gasto para cumplir con la meta de reducción del déficit comprometida para este año. La estrategia ha permitido mantener disciplina fiscal, aunque a costa de retrasar recursos en diversas dependencias y proyectos.
¿Cuánto tiempo puede sostenerse esa estrategia sin seguir afectando el crecimiento económico? Pregunta para Palacio Nacional.
@MarioMal