El cerco político, judicial y legislativo sobre Alejandro Moreno Cárdenas comenzó a cerrarse esta semana. La detención del contador vinculado a su hermano y la de quien fue su director de Comunicación Social en Campeche ocurrieron al mismo tiempo que Morena reactivó la operación para retirarle el fuero. A todo esto se suma la reorganización de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y la confrontación abierta entre legisladores del PRI y del partido gobernante. Los acontecimientos son parte de una ofensiva que coloca al senador y presidente nacional del PRI ante el momento más delicado de su carrera política.
La orden para procesar su desafuero ya fue dada. Fuentes gubernamentales aseguran que tanto la dirigencia de Morena como Palacio Nacional pidieron a la Cámara de Diputados sacar el expediente de la congeladora y resolverlo durante el periodo ordinario que comienza en septiembre. La instrucción alcanza a la bancada que coordina Ricardo Monreal y obligará a recomponer la Sección Instructora, el órgano encargado de determinar si existen elementos para retirarle la inmunidad al dirigente priista.
El lunes fue detenido en la Ciudad de México, Luis Antonio Espinosa Campos, contador que prestó servicios a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alito. Un día después, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche aprehendió a Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social durante la administración de Moreno en aquella entidad.
Ambos son investigados por su presunta participación en operaciones relacionadas con la televisora Mayavisión y empresas señaladas como factureras. La indagatoria se concentra en un supuesto desvío de 36 millones de pesos, aunque las autoridades también revisan pagos por alrededor de 97 millones realizados a esa empresa durante el gobierno de Moreno. Se busca establecer si los servicios contratados fueron efectivamente prestados.
Las aprehensiones no pueden leerse sino como una nueva ofensiva contra Alito, quien ciertamente arrastra un pasado político más que cuestionable. La Fiscalía de Campeche ha solicitado retirarle el fuero para procesarlo por presunto peculado y uso indebido de atribuciones. Una de las acusaciones se relaciona con un posible desvío de 83.5 millones de pesos. En abril, las autoridades estatales enviaron información adicional a la Cámara de Diputados y el asunto quedó en condiciones de ser dictaminado.
El obstáculo inmediato es la integración de la Sección Instructora. Hugo Éric Flores, quien la presidía, pidió licencia tras separarse de la bancada de Morena para dedicarse a la construcción de un nuevo partido. En San Lázaro se impulsa a Sergio Gutiérrez Luna para sustituirlo y conducir el procedimiento contra Moreno. La designación aún debe formalizarse. También saldrá de la Comisión, Raúl Bolaños-Cacho, del Partido Verde, para convertirse en el nuevo presidente de la Cámara. La reconfiguración será operada desde la Junta de Coordinación Política.
Ricardo Monreal no puede ordenar por sí solo el desafuero porque la decisión corresponde a un órgano colegiado y posteriormente al pleno. Sin embargo, controla los tiempos de la mayoría, la negociación con el Verde y la construcción de los votos. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, ha exigido públicamente que el expediente sea resuelto pronto.
El enfrentamiento de este miércoles entre Arturo Ávila, de Morena, y Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, endureció las posiciones. Los diputados intercambiaron insultos, acusaciones de vínculos con el crimen organizado y empujones en el Senado, principalmente por las denuncias que Moreno ha llevado a Estados Unidos contra el gobierno mexicano y dirigentes morenistas.
En Morena había resistencia a recurrir al desafuero por el antecedente de Andrés Manuel López Obrador en 2005. El temor era convertir a Alito en víctima y regalarle una bandera a la oposición. Esa reserva se agotó después de sus viajes a Washington, donde ha denunciado al gobierno de Claudia Sheinbaum por autoritarismo y acusado a Morena de mantener relaciones con el crimen organizado.
Moreno suma cinco visitas a Washington durante este sexenio. En la más reciente presentó ante el Departamento de Estado una queja contra tres consejeros del INE, a quienes acusa de censurarlo por ordenar el retiro de publicaciones en las que utiliza expresiones como “narcogobierno” y “narcopartido”. También ha buscado reuniones con legisladores, funcionarios y organismos internacionales para solicitar sanciones contra políticos mexicanos.
Para la dirigencia morenista, esa ofensiva terminó con las dudas sobre su desafuero. Sus integrantes sostienen que Moreno busca protección política fuera de México ante la posibilidad de perder la inmunidad. El priista asegura que enfrenta una persecución de Estado y calificó las detenciones de sus colaboradores como “terrorismo judicial”.
¿Qué hará Alito cuando se active formalmente su desafuero? Puede combatirlo desde el Senado, acudir a organismos internacionales o permanecer fuera del país y alegar persecución política. Entre sus cercanos se habla ya de la posibilidad de que busque asilo o alguna forma de protección en Estados Unidos, aunque no se sabe si el país que gobierna Donald Trump vería con buenos ojos esa estrategia o si se uniría a México en su persecución.
Posdata 1
A propósito de Campeche, Layda Sansores también enfrenta escándalos y cuestionamientos. La gobernadora fue captada recientemente viajando en clase Premier de Aeroméxico rumbo a Madrid, acompañada de su hermana Laura Sansores, presidenta del DIF estatal, y al menos dos personas más. El viaje ocurrió días antes de su cumpleaños y después de que la propia mandataria reconociera que su administración enfrenta una crisis de liquidez tan grave que, según dijo, no tenía recursos “ni para pagar la luz”. Hasta ahora no se ha informado oficialmente el motivo de la estancia en España ni quién cubrió los boletos y los gastos de la comitiva.
La contradicción entre el viaje y la situación financiera es sólo el episodio más reciente. En enero fue detenido José Alberto Abud, entonces rector de la Universidad Autónoma de Campeche y crítico de su gobierno, por una supuesta posesión de drogas. Fue liberado dos días después y su defensa denunció un montaje, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la justicia no debía utilizarse como “vendetta política”. La administración de Sansores también ha sido señalada por el hostigamiento judicial contra periodistas como Jorge González y contra el diario Tribuna, sometido a medidas que implicaban la revisión previa de contenidos sobre la gobernadora. La Fiscalía estatal llegó además a exigir a Producciones Telemar que revelara los nombres de periodistas y editores responsables de notas críticas.
Posdata 2
UBS puso el foco en uno de los principales riesgos internos para la economía mexicana: el debilitamiento institucional y su impacto sobre las decisiones de inversión. El banco suizo advirtió que la menor confianza en las instituciones puede complicar el desempeño económico en el corto plazo, sobre todo ahora que México también enfrenta presiones fiscales, una política monetaria restrictiva y la incertidumbre comercial derivada de la revisión del T-MEC. La advertencia es importante porque el deterioro institucional ya comenzó a incorporarse en los análisis de bancos, inversionistas y calificadoras.
Las finanzas públicas tuvieron un resultado mejor al presupuestado durante el primer semestre de 2026, pero no por un incremento de los ingresos, sino porque el gobierno gastó menos de lo programado. La recaudación quedó por debajo de las expectativas debido principalmente a menores ingresos petroleros y del Impuesto Sobre la Renta. Para UBS, este resultado no resuelve el problema estructural de Hacienda, que consiste en consolidar las finanzas públicas y estabilizar la deuda sin sacrificar inversión, servicios ni crecimiento económico.
Posdata 3
La Suprema Corte de Justicia de la Nación amplió el margen de actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Omar Reyes, al determinar que los jueces no deben conceder suspensiones para levantar bloqueos de cuentas mientras se resuelve el fondo de un amparo. Por mayoría de ocho votos, el pleno eliminó los criterios 87/2019 y 117/2024, establecidos por la integración anterior, bajo el argumento de que permitir movimientos en las cuentas congeladas puede frustrar las medidas preventivas de la UIF y poner en riesgo la integridad del sistema financiero.
La resolución complementa la decisión adoptada por la Corte el 6 de abril, cuando confirmó que la UIF puede ordenar bloqueos sin una orden judicial ni una petición de autoridades extranjeras. El fundamento es que se trata de una medida administrativa de carácter preventivo y no de una sanción penal. Las personas incluidas en la lista de bloqueados conservan el derecho de audiencia ante la propia Unidad y pueden promover un juicio de amparo, pero ya no obtendrán mediante una suspensión el acceso provisional a los recursos mientras se analiza la legalidad de la medida.
La Corte estableció, sin embargo, que la facultad no es ilimitada. Cada bloqueo deberá contar con una motivación reforzada, indicios objetivos y elementos que permitan relacionar al titular de las cuentas con operaciones de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo o delitos asociados. La UIF no podrá sostener estas decisiones únicamente en notas periodísticas o señalamientos sin respaldo. El fallo fortalece una de las herramientas más eficaces del Estado contra las redes financieras criminales, pero también eleva la responsabilidad de Omar Reyes y su equipo. Sin controles internos, expedientes sólidos y revisión judicial efectiva, una medida diseñada para combatir el lavado puede convertirse en un instrumento de presión política o administrativa.
@MarioMal
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