Nepotismo y corrupción en Pemex (tercera parte)

Mario Maldonado

Marcos Herrería Alamina, junto con Tomás Hernández Wade, tienen ahorcados a cientos de proveedores con deudas cercanas a 100 mil millones de pesos

El nepotismo es una palabra que debería estar grabada con letras doradas junto al logotipo de Pemex, escribí a inicios de octubre, en un texto en el que se daba cuenta de cómo el tráfico de influencias y los compadrazgos siguen siendo el común denominador para ocupar puestos directivos en la empresa en el actual gobierno. 

Uno de los principales ejemplos es el caso de Carmelina Esquer Camacho, presidenta de la filial Pemex Procurement International, quien sin experiencia previa es la encargada de realizar las compras de productos de importación de la petrolera. Esquer Camacho es hija del secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Esquer Verdugo. 

Asimismo, la esposa de Esquer Verdugo despacha desde febrero de 2019 como Gerente de Capacitación, Desempeño y Compensaciones del Corporativo de Pemex, con un sueldo bruto de 149 mil 657 pesos mensuales.

En junio se documentó la injerencia de Elvira Daniel, directora del Centro Nacional de Control de Gas Natural, en Pemex, derivado de la relación que tiene con el director general, Octavio Romero, quien tampoco tiene experiencia previa en el sector de hidrocarburos. 

Otro personaje de igual importancia en Pemex, quizá al nivel de Romero y Daniel, es el director Corporativo de Administración de Pemex, Marcos Herrería Alamina, quien junto con Tomás Hernández Wade, jefe de Unidad de Administración y Finanzas de Pemex, tienen ahorcados a cientos de proveedores con deudas cercanas a 100 mil millones de pesos.  

Ambos fueron socios de Daniel y Romero en la empresa Mercocha, dedicada a la cría y comercialización de ganado en Tabasco. Su relación se remonta a 2012, cuando se terminó de constituir la empresa, encabezada por Javier May Rodríguez, amigo de Romero y Daniel, y quién es subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural Territorial de la Secretaría de Bienestar.

Herrería Alamina, como es la regla en Pemex, tampoco tiene experiencia para dirigir ese puesto, pues se encarga lo mismo de la seguridad de instalaciones y ductos de Pemex, como de todas las compras y pagos. Ostenta un récord de 72% de asignaciones directas. 

La relación de Herrería con Octavio Romero y Elvira Daniel va más allá: es un personaje cercano a López Obrador desde hace varios años, incluso es cuñado de uno de los hermanos menores del Presidente. El parentesco se comprueba por medio de un acta de matrimonio del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, en la que consta que Pedro López Obrador se casó el 14 de diciembre de 1984 con Isabel del Carmen Herrería.

Marcos Herrería tiene un sueldo neto en Pemex de 109 mil 453.47 pesos mensuales y también trafica con influencias y parientes en su círculo cercano, comenzando por su esposa Violeta Georgina Abreu González, quien funge como coordinadora de la estrategia institucional de la Secretaría de Bienestar con un sueldo de 100 mil 318.39 pesos mensuales.

A esto se agrega que en su círculo cercano mantiene intereses personales y con terceros a través de su secretaria particular, Monserrat Pineda Hallal, quien tiene un sueldo de 103 mil 468 pesos mensuales, y su esposo Roberto Patlan Esponda, actual titular de la Coordinación de Procura para Pemex Exploración y Producción con 105 mil 099 pesos. 

A través de estos dos subordinados directamente de Herrería, y una extensa red de personas que ingresaron a Pemex en 2019, mantienen a los empresarios sometidos por la falta de pago, y también por los moches para la asignación de contratos de Procura y Abastecimiento, según aseguran varios empresarios contratistas. 

Respuesta del abogado de Lozoya

Se puso en contacto con esta columna el abogado de Emilio Lozoya Austin, Miguel Ontiveros Alonso, para precisar que “el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin nunca ha sido propietario —ni lo es—, de bien inmueble alguno en el Estado de Texas, en Estados Unidos. Asimismo, expone: “Es falsa también la afirmación en el sentido de que el señor Lozoya Austin esté siendo procesado por el delito de delincuencia organizada”.

En respuesta, se señala que son numerosas las referencias de agencias inmobiliarias y de bienes raíces en Estados Unidos que identifican a la propiedad ubicada en el número 47 de Mohawk Path TRL, en el estado de Texas, con el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, e incluso también la identifican como residencia de su esposa, Marielle Helene Eckes. 

Según los registros inmobiliarios, la propiedad fue adquirida en diciembre de 2013; en mayo de 2019 fue puesta en venta —justo cuando se liberaba orden aprehensión contra Emilio Lozoya y éste huía del país— y consumada la venta el 17 de septiembre de 2020, hace apenas unas semanas.

Con respecto a los delitos que se le imputan al exfuncionario, estos consisten en operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa; este último un delito tipificado en el mismo sentido que la delincuencia organizada —agrupación coordinada para delinquir— pero sin la estructura y permanencia de una organización criminal que considera la Ley en la materia.

Se enloda el caso Radiópolis

En el conflicto por el control corporativo de Radiópolis, PRISA ha acusado al equipo de asesores jurídicos de Miguel Alemán y Corporativo Coral, de llevar a cabo actos ilícitos que atentan contra la correcta administración de justicia.

De acuerdo con una denuncia presentada por SRE (subsidiaria de PRISA), ante la Fiscalía General de la República, el grupo de Miguel Alemán, a través de Ignacio Carral Kramer, presentó dos demandas de amparo en las que introdujo datos y antecedentes que nada tienen que ver con el litigio, con la finalidad de burlar el turno aleatorio del Poder Judicial Federal, para que la demanda la conociera el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Alejandro Dzib Sotelo.

Lo curioso es que a pesar de que aseguran que la demanda de amparo tiene notorias inconsistencias, pues hace mención a un expediente de hace siete años que no guarda ninguna relación con el conflicto por Radiópolis, el juez Dzib Sotelo la admitió a trámite sin solicitar ninguna aclaración al respecto, y concedió una suspensión que ha beneficiado a los intereses del grupo de Miguel Alemán.

@MarioMal

TEMAS RELACIONADOS
Guardando favorito...

Comentarios