La ruptura de Mai e Inés Gómez Mont

El proceso penal que la Procuraduría Fiscal de la Federación y la FGR iniciaron contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su pareja Inés Gómez Mont está por cobrar su primera víctima: la sociedad conyugal de ambos. El empresario y la conductora de televisión no sólo han decidido llevar defensas y vidas separadas, sino que hay indicios de que cada uno estaría buscando obtener beneficios personales.

En este escenario, quien queda en una posición más comprometida es precisamente Gómez Mont, pues la sobrina del exsecretario de gobernación calderonista, Fernando Gómez Mont, tendría una amplia presencia legal en las empresas que se investigan como factureras o como parte de una red de lavado de dinero, mayor a la de su marido.

De 22 empresas que se investigan, la celebridad era la representante legal de 14, mientras que su marido sólo figuraba en ocho razones sociales. Ya sea por caballerosidad o por estrategia, Mai involucró de manera plena a su pareja en el negocio, por lo que el principal objetivo de las pesquisas judiciales es Inés Gómez Mont.

Quienes pasaron como promotores por las filas de Álvarez Puga y Asociados aseguran que la presencia de la conductora, tanto en el negocio como en las ganancias, nunca fue una imposición; al parecer Gómez Mont siempre estuvo al tanto de la naturaleza de los negocios de la familia y ella misma pidió tener participación.

Son muchas las referencias que confirman que los lujosos regalos, las propiedades, los vehículos último modelo y la vida suntuosa que le prometía Mai fueron las principales razones por las que se hicieron pareja, y en el acuerdo marital, en el que compartieron bienes e ingresos, terminaron por compartir también órdenes de aprehensión.

En ese camino de defensas separadas, y muy probablemente confrontadas, Gómez Mont ha optado por el apoyo familiar, por lo que tendrá de su lado al despacho Zapata, Velasco, Gómez Mont Abogados, con sus primos Felipe y Pablo Gómez Mont Landerreche al frente de la estrategia legal. Por su parte, Víctor Manuel Álvarez Puga caminará ahora de la mano del despacho AGPRyC de Juan Araujo y César González.

La tarea no se ve sencilla para ninguna de las dos partes. A pesar de que las denuncias que detonaron las órdenes de aprehensión son por presuntos delitos fiscales y por nada escandalosos montos, sobre la ahora expareja pesa otro par de carpetas de investigación que incluyen delitos de lavado de dinero y, por tanto, de delincuencia organizada.

Las querellas por las que se busca aprehender a Gómez Mont y a Álvarez Puga son por defraudación fiscal de 16 millones de pesos –aderezadas con un delito por Lavado de Dinero imputado de manera polémica por la Procuraduría Fiscal–; aquí también con mayor participación de la conductora, ya que mientras a ella se le señala por 14 millones de pesos, a él se le imputan los mismos delitos por tan sólo 2 millones.

En estas condiciones, la defensa de Gómez Mont busca hacer efectivo un acuerdo reparatorio con el SAT y deslindarse de las actividades que Álvarez Puga viene realizando desde hace una década en materia de estrategias de evasión fiscal.

En sentido contrario, Álvarez Puga busca colaborar con la justicia mexicana mediante un criterio de oportunidad, posibilidad que le abre, técnicamente, el no ser el principal involucrado en los delitos y, políticamente, tener mucha información de peces gordos que se beneficiaron con los servicios de evasión.

Nota: Los abogados Juan Araujo y César González se deslindaron de participar en la defensa de Víctor Manuel Álvarez Puga.

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