Pemex y Petrobras firman hoy un acuerdo de colaboración que puede marcar un punto de inflexión para la política energética mexicana. Más allá del simbolismo político entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva, la relevancia del convenio radica en que abre la puerta a algo que durante años fue rechazado por el obradorismo: la participación de un socio externo en áreas donde Pemex no tiene recursos suficientes, experiencia técnica o capacidad de ejecución.
La asociación se da en un momento particularmente complejo para la petrolera mexicana. Aunque Pemex redujo su deuda financiera a alrededor de 79 mil millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2026, mantiene fuertes presiones de liquidez, vencimientos y adeudos multimillonarios con proveedores. También arrastra una baja producción petrolera y la necesidad de sostener la meta gubernamental de 1.8 millones de barriles diarios.
Petrobras confirmó para este martes en Río de Janeiro la firma de un memorándum de entendimiento para explorar oportunidades de cooperación técnica y operativa con Pemex. Sin embargo, detrás de esa definición diplomática está la posibilidad de desarrollar, en conjunto, proyectos petroleros en aguas profundas y campos maduros, las áreas donde la empresa brasileña posee una de las mayores ventajas competitivas del mundo.
La brasileña es considerada una referencia global en exploración y producción offshore. Su experiencia en los yacimientos presal de Brasil la convirtió en una de las petroleras más eficientes del sector. Actualmente produce alrededor de 2.7 millones de barriles diarios y tiene aprobado un plan de inversiones superior a los 100 mil millones de dólares hacia 2030, de los cuales más de 69 mil millones se destinarán a exploración y producción.
En tanto, Pemex enfrenta una situación opuesta. La empresa tiene reservas, activos y potencial geológico, pero carece de recursos suficientes para desarrollar proyectos complejos a gran escala. El mejor ejemplo es Trión, el proyecto de aguas ultraprofundas en el Golfo de México que requiere inversiones cercanas a los 11 mil millones de dólares y que terminó siendo desarrollado junto con la australiana Woodside, que opera el campo.
¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar el gobierno mexicano? Si la colaboración se limita al intercambio tecnológico y asistencia operativa, el impacto será marginal. Pero si evoluciona hacia esquemas de inversión conjunta, desarrollo compartido de campos o participación en proyectos offshore, el escenario cambia por completo. Estimaciones basadas en proyectos similares sugieren que una asociación de esta naturaleza podría aportar entre 50 mil y 100 mil barriles diarios adicionales en los próximos años.
Para Sheinbaum, asociarse con una petrolera estatal latinoamericana elimina buena parte del costo político que tendría una alianza similar con ExxonMobil, Chevron o Shell. No se presenta como una apertura petrolera ni como una reforma energética, aunque podría significar un gran cambio para Pemex.
La empresa que dirige Juan Carlos Carpio necesita capital, tecnología y capacidad de ejecución, mientras que Petrobras busca oportunidades de crecimiento y acceso a nuevas reservas. Ambas compañías tienen incentivos para avanzar más allá de un simple acuerdo de colaboración.
La alianza, además, fortalece la relación entre los gobiernos de México y Brasil en un contexto en el que América Latina busca reposicionarse frente a Estados Unidos y su política comercial proteccionista. Se da también en medio de la revisión del T-MEC y la redefinición de las cadenas energéticas en el continente.
Así, lo que comenzó como un memorándum de entendimiento podría terminar convirtiéndose en el proyecto petrolero más importante del sexenio. Ya lo veremos.
Posdata 1
“Ni un solo peso para los líderes de la CNTE”. Así respondió Mario Delgado a las críticas por los recursos comprometidos por el gobierno federal para Oaxaca en medio del conflicto magisterial. El secretario de Educación aseguró que los apoyos anunciados están destinados a infraestructura, plazas y necesidades del sistema educativo estatal, y no a la dirigencia de la Coordinadora. La declaración busca desactivar la percepción de que el levantamiento de los plantones fue producto de una negociación estrictamente económica y no de un acuerdo político.
Lo cierto es que, independientemente de la discusión sobre los recursos, el gobierno de Claudia Sheinbaum consiguió un objetivo que parecía lejano hace apenas unos días. La CNTE retiró sus campamentos del Zócalo de la Ciudad de México y de otros puntos estratégicos del país. En Oaxaca, donde la Sección 22 concentra la mayor fuerza de la Coordinadora, quedaron liberados el Centro Histórico, los portales, el Zócalo y más de 30 calles que permanecieron ocupadas desde finales de mayo. Tras 26 días de movilización, la postal volvió a la normalidad para comerciantes, habitantes y visitantes.
El repliegue también permitió el regreso a clases de más de 800 mil estudiantes oaxaqueños y la reanudación de actividades en alrededor de 13 mil escuelas de educación básica afectadas por el paro. La decisión fue respaldada por las bases magisteriales. En la consulta interna realizada por la Sección 22, 12 mil 818 docentes votaron por levantar la movilización, frente a 3 mil 594 que se pronunciaron por mantenerla. El dato revela que incluso dentro del movimiento comenzó a imponerse la presión por recuperar las actividades escolares después de casi un mes de suspensión.
La tregua representa un alivio político para el gobierno federal y para la administración de Salomón Jara, que mantuvieron abiertas las mesas de diálogo a través de la Secretaría de Gobernación y la SEP. Sin embargo, el conflicto podría estar lejos de concluir. Las demandas centrales de la CNTE sobre pensiones, seguridad social y condiciones laborales siguen sobre la mesa. Lo que hoy celebra el gobierno no es la solución definitiva del problema, sino haber recuperado las calles, las aulas y una relativa estabilidad en uno de los episodios de mayor presión política que ha enfrentado la administración de Sheinbaum.
Posdata 2
A diferencia de los pronósticos catastrofistas que han acompañado la revisión del T-MEC desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en Wall Street comienza a consolidarse una visión distinta. JP Morgan considera que el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá sobrevivirá a la revisión de 2026 porque el nivel de integración económica entre los tres países hace demasiado costosa cualquier ruptura. La industria automotriz es un ejemplo, pues ninguna de las cadenas de suministro de Norteamérica funciona hoy sin componentes, procesos y manufactura distribuidos entre las tres economías.
Lo relevante del análisis es bajo qué condiciones va a mantenerse el T-MEC. Para el banco estadounidense, la revisión marcará un endurecimiento de las reglas de origen, particularmente en sectores estratégicos como el automotriz y el tecnológico, donde el gobierno de Trump busca cerrar cualquier resquicio que permita la entrada indirecta de productos chinos al mercado estadounidense.
El dato que debería seguir con atención el gobierno mexicano es otro. JP Morgan advierte que, aun si el acuerdo se preserva, Estados Unidos continuará utilizando la relación comercial como instrumento de presión en temas ajenos al comercio, como la seguridad, el combate al narcotráfico y condiciones para la inversión. Dicho de otra forma, el futuro del principal acuerdo económico de México dependerá tanto de los negociadores comerciales encabezados por Marcelo Ebrard como de la capacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum para responder a las exigencias de Washington en materia de seguridad.
Posdata 3
La Suprema Corte de Justicia de la Nación propinó un revés relevante a Aeroméxico en un litigio que llevaba años arrastrándose y que involucra uno de los negocios menos visibles, pero más rentables, de la operación aeroportuaria. Por unanimidad, los ministros rechazaron el amparo con el que la aerolínea buscaba extender por otros 20 años la concesión para operar espacios fiscalizados de almacenamiento de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Corte concluyó que la Ley Aduanera no vulnera derechos adquiridos ni implica una aplicación retroactiva de la norma.
El origen del caso se remonta a 1990, cuando Aeroméxico obtuvo la concesión del recinto fiscalizado, y a 2003, cuando recibió una prórroga por dos décadas más. Al concluir ese periodo en 2022, la empresa solicitó una nueva extensión, pero las autoridades aduaneras la rechazaron al considerar agotadas las posibilidades de renovación previstas en la legislación vigente. La discusión llegó hasta la Corte, donde varios ministros coincidieron en que el asunto correspondía más a un tema de legalidad administrativa que a uno de constitucionalidad.
Para Aeroméxico, dirigida por Andrés Conesa, el golpe no afecta su negocio principal de transporte aéreo, pero sí un segmento logístico ligado al manejo de carga internacional en el principal aeropuerto del país.
@MarioMal