La estrategia de Estados Unidos para combatir a los cárteles mexicanos entró en una nueva etapa. Durante años, el Departamento del Tesoro concentró sus sanciones en líderes criminales, operadores financieros y empresas claramente identificadas con organizaciones del narcotráfico. Hoy el objetivo es más amplio: busca desmantelar las estructuras empresariales que permiten a los grupos delictivos mover recursos, ocultar activos, lavar dinero y, en algunos casos, operar con la protección o complicidad de funcionarios públicos y actores políticos.
En abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, al Diamante Casino, en Tampico, a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA) y a tres personas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste. Según el Departamento del Tesoro, uno de esos establecimientos era utilizado para lavar dinero, almacenar drogas y facilitar operaciones del grupo criminal. La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Omar Reyes, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación suspendió las operaciones de ambos casinos.
El caso dejó al descubierto la complejidad de un sector donde la empresa operadora no necesariamente coincide con la titular del permiso ni con los propietarios finales del negocio. Posteriormente, la Secretaría de Gobernación informó que ambos establecimientos operaban al amparo de un permiso otorgado en 2017 a Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V., explotado por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), y señaló que los propietarios de los casinos pertenecían a la familia Chow del Campo. Esa distinción resulta relevante porque permite entender cómo se estructuran este tipo de negocios y por qué las investigaciones financieras suelen extenderse más allá de la razón social que aparece en la fachada.
Junto con los hechos comenzaron a circular versiones que todavía no cuentan con respaldo documental. Una de ellas sostiene que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, conocida como FinCEN, prepara medidas contra diez casinos mexicanos. Otra asegura que esa oficina solicitó investigar a quienes encabezaron la Dirección General de Juegos y Sorteos durante la gestión de Adán Augusto López al frente de la Secretaría de Gobernación, entre ellos Sergio García Pedrero y Manuel Marcué Díaz.
En esos mismos reportes también aparece mencionado Leonel Cota Montaño, quien en 2020 fue anunciado públicamente como futuro titular de esa dirección, aunque no asumió formalmente el cargo. Su nombre volvió a cobrar relevancia por haber encabezado posteriormente Segalmex, organismo que quedó en el centro del mayor escándalo de corrupción del sexenio, y antes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dos responsabilidades que, de acuerdo con fuentes consultadas, habrían despertado el interés de autoridades estadounidenses.
Después del caso de los casinos, el Departamento del Tesoro dirigió su atención hacia las empresas presuntamente utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación para el robo y contrabando de combustibles. Más recientemente anunció la mayor acción de su historia contra esa organización criminal, al incorporar a decenas de personas y empresas a su lista de sanciones. Entre ellas aparecen compañías de logística, comercializadoras, empresas agrícolas, prestadoras de servicios y sociedades utilizadas para administrar patrimonio o mover recursos.
El gobierno de Estados Unidos dejó de concentrarse exclusivamente en los jefes de las organizaciones criminales para seguir la ruta del dinero. El objetivo ya no son solamente quienes ordenan los delitos, sino quienes administran empresas y facilitan operaciones financieras, o bien ir contra quienes constituyen sociedades o permiten que los recursos ilícitos se mezclen con actividades aparentemente legales. Es una estrategia mucho más sofisticada porque busca afectar la capacidad económica de los grupos criminales y no sólo capturar a sus dirigentes.
Para México, el desafío es enorme. La nueva estrategia de Washington obliga al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a revisar la eficacia de los mecanismos de supervisión, la expedición de permisos y la capacidad de las autoridades para detectar operaciones irregulares antes de que sean identificadas desde Estados Unidos.
Posdata 1
Durante un encuentro con líderes gremiales y empresarios, el presidente Donald Trump ironizó con la pronunciación del nombre del país al decir “Me-shi-cooo” en referencia a conversaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum, provocando risas entre los asistentes, y enseguida aseguró que su administración seguirá trabajando para evitar que las empresas estadounidenses trasladen inversiones y plantas de producción a México, al insistir en que esos empleos deben permanecer en Estados Unidos.
El mensaje fue reforzado horas después por Stephen Miller, uno de los asesores más influyentes de la Casa Blanca y principal arquitecto de la política migratoria de Trump. Miller afirmó que el sistema de justicia, el sistema político y el sistema legal de México “no funcionan” porque, según dijo, existen territorios controlados por organizaciones criminales que Washington considera terroristas y que “matan o secuestran a cualquiera que se interponga en su camino”. Se trata de una de las descalificaciones más severas formuladas por un alto funcionario de la administración estadounidense contra las instituciones mexicanas.
Los dos mensajes forman parte de una misma narrativa. Mientras Trump insiste en desalentar la inversión hacia México y fortalecer el regreso de empresas a territorio estadounidense, su equipo endurece el discurso sobre la capacidad del Estado mexicano para combatir al crimen organizado. En plena revisión del T-MEC y en medio de las negociaciones bilaterales en materia comercial y de seguridad, la presión de Washington ya no se limita a los aranceles o al combate al narcotráfico, ahora también alcanza la credibilidad de las instituciones mexicanas y el atractivo del país como destino para nuevas inversiones.
Posdata 2
La ruptura entre los dos personajes que construyeron el proyecto político de Morena en Baja California escaló a un nivel inédito. Un video difundido este lunes muestra al exgobernador Jaime Bonilla diciendo que “le voy a romper su madre a Marina, todo el pinche tiempo que yo tenga de vida”, en referencia a la actual mandataria Marina del Pilar Ávila. La expresión, por sí sola, refleja el grado de confrontación entre ambos grupos, una disputa que comenzó poco después del relevo en el gobierno estatal y que ha derivado en denuncias, acusaciones públicas y una fractura política irreversible.
El material añade otro elemento relevante. Como interlocutores de Bonilla aparecen Janeth Tapia, integrante de la dirigencia del PT en Mexicali, y su esposo, el abogado Miguel Ángel Bolaños, quien cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos por tráfico de cocaína tras cruzarla a ese país. La presencia de ambos en una conversación de ese nivel político inevitablemente abre preguntas sobre los círculos de influencia que siguen rodeando al exmandatario y sobre las alianzas que aún conserva en Baja California.
El video llega en uno de los momentos más delicados para el gobierno de Marina del Pilar, marcado por el retiro de sus visas estadounidenses y las investigaciones que involucran a personas de su entorno familiar. En ese contexto, la difusión del video vuelve a poner a Baja California en el foco de la discusión nacional.
Posdata 3
La presión política sobre Rocío Nahle no deja de crecer. Mientras la Fiscalía de Veracruz impulsa el desafuero de alcaldes señalados por presunta desaparición forzada, la gobernadora aseguró públicamente que “hay más”, pero evitó revelar quiénes son o si existen investigaciones formales en su contra. En cambio, pidió a los periodistas que hagan ese trabajo. “Ustedes son profesionales en la investigación. Investiguen”, respondió. La declaración provocó críticas inmediatas porque desplaza hacia la prensa una responsabilidad exclusiva del Ministerio Público y porque se produce en un estado donde ejercer el periodismo sigue siendo una actividad de alto riesgo.
El episodio se suma a otros frentes abiertos para la mandataria. Ahí están las críticas por el manejo del asesinato de la periodista Roxana Guzmán, cuando inicialmente descartó que el crimen estuviera relacionado con su labor informativa, antes de que las investigaciones avanzaran y derivaran en procesos penales contra policías municipales y un alcalde señalado como presunto autor intelectual. También permanecen los cuestionamientos por la estrategia de seguridad y por otros episodios que han colocado a su administración bajo presión en sus primeros meses de gobierno.
Veracruz es la entidad con el mayor número de periodistas asesinados en México por posibles motivos relacionados con su labor, de acuerdo con Artículo 19. Esa estadística se ha construido a lo largo de más de dos décadas y sigue vigente con los casos recientes registrados en la entidad. En un estado con ese historial, pedir a los periodistas que investiguen lo que corresponde acreditar y judicializar a la Fiscalía no sólo genera desconcierto, sino que refleja una preocupante confusión sobre el papel que debe desempeñar cada institución frente a delitos de la mayor gravedad.
Posdata 4
La atracción por parte de la Suprema Corte del litigio fiscal de Interjet sobre la responsabilidad solidaria por 689.3 millones de pesos no solo revisará la validez del cobro a Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani; también pone bajo escrutinio la estrategia legal aplicada por el abogado Francisco Javier Mondragón Alarcón. Como principal asesor jurídico y vocero durante la crisis de la empresa, Mondragón validó decisiones operativas y patrimoniales que terminaron por comprometer la liquidez de la aerolínea y la posición jurídica de sus accionistas.
En el centro del deterioro financiero de Interjet figura el contrato para la adquisición y operación de 22 aviones rusos Sukhoi Superjet 100, un proyecto apoyado por la estructura de asesores de la empresa que derivó en pérdidas millonarias. Los problemas de mantenimiento, la falta de repuestos y la suspensión de vuelos obligaron a la canibalización de los equipos varados en Toluca.
El expediente que analizará el máximo tribunal determinará si el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación permite exigir el pago con el patrimonio personal de los directivos. Más allá del criterio que fije la Corte, el caso expone la falla estructural de la estrategia de sus abogados, cuyos consejos legales lejos de contener la contingencia, al parecer aceleraron la insolvencia de la compañía y el cerco judicial sobre la familia Alemán.
@MarioMal