A horas del inicio del Mundial de Futbol, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una crisis que nunca debió sorprenderlo. Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la presión ejercida sobre el gobierno federal no surgieron de manera espontánea ni responden únicamente a una disputa por pensiones. Todo fue un conflicto anunciado desde hace meses que terminó estallando en el peor momento posible: cuando el país se prepara para recibir a millones de visitantes y aprovechar el escaparate internacional más importante en décadas.
La explicación más sencilla apunta a la Ley del ISSSTE de 2007, a las Afores o a las promesas incumplidas sobre el sistema pensionario. Todo eso forma parte del problema, pero no explica el fondo. Lo que ocurre hoy es que la CNTE dejó hace tiempo de actuar únicamente como un sindicato magisterial para convertirse en una organización con capacidad para alterar la agenda nacional, afectar la operación de las instituciones y elevar los costos políticos de cualquier gobierno, incluido uno emanado del mismo movimiento político que durante años acompañó sus causas.
¿Cómo se llegó a este punto? Durante más de una década, Morena construyó buena parte de su fuerza territorial en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán con el respaldo o la coincidencia política de organizaciones sociales, magisteriales y comunitarias que compartían un objetivo común contra las reformas estructurales impulsadas por los gobiernos del PRI y del PAN. La CNTE fue una de las expresiones más visibles de esa resistencia. La oposición a la reforma educativa, a los cambios en el sistema pensionario y a las políticas económicas de los gobiernos anteriores terminó convirtiéndose en una causa compartida que ayudó a consolidar estructuras territoriales.
El problema comenzó cuando Morena pasó de la protesta al gobierno. Lo que durante años funcionó como discurso político se convirtió en responsabilidad administrativa. Una cosa era denunciar la Ley del ISSSTE desde la oposición y otra muy distinta encontrar los recursos para revertirla desde el poder. Una cosa era cuestionar el modelo de cuentas individuales y otra asumir el costo fiscal de regresar a esquemas anteriores de jubilación. La realidad presupuestal se terminó imponiendo.
Por eso resulta llamativo que el gobierno actuara como si el conflicto fuera inesperado. La Coordinadora llevaba años anunciando exactamente cuáles eran sus demandas. Claudia Sheinbaum prometió durante la campaña revisar el sistema pensionario de los trabajadores del Estado. Martí Batres llegó al ISSSTE con la encomienda de construir una salida política. La Secretaría de Educación conocía el nivel de inconformidad acumulado. Gobernación sabía que la cercanía del Mundial multiplicaría el impacto de cualquier movilización. A pesar de ello, la negociación quedó atrapada entre expectativas imposibles de cumplir y una evidente falta de operación política.
Ese es probablemente el dato más revelador de toda la crisis. El gobierno tuvo meses para anticipar el conflicto y construir una ruta de salida y que la CNTE volvería sobre la Ley del ISSSTE. Sabía que las promesas realizadas durante años regresarían convertidas en exigencias concretas. Sabía que el Mundial elevaría exponencialmente el costo político de cualquier protesta. Y aun así llegó a las vísperas de la inauguración negociando bajo presión.
La Coordinadora entendió que el propio gobierno el valor estratégico del Mundial. Mientras la administración federal concentró esfuerzos en seguridad, movilidad, infraestructura y logística, los grupos más radicales comprendieron que ningún otro momento les otorgaría una capacidad de presión y negociación semejante.
En ese contexto vale al pena observar con atención quiénes orbitan alrededor de este movimiento. No son solamente dirigentes sindicales preocupados por las pensiones; dentro de la CNTE conviven corrientes políticas, grupos ideológicos y estructuras que desde hace años participan en causas mucho más amplias que las estrictamente educativas. Algunas encontraron en Morena una plataforma de crecimiento político; otras mantienen una visión de confrontación permanente con las instituciones; varias han transitado indistintamente entre la movilización callejera y los espacios de gobierno. La CNTE sigue siendo un sindicato, pero también es un actor político con agenda propia.
Dentro de Morena existe además un sector que nunca abandonó la lógica de la movilización social como instrumento de negociación política. Ahí convergen antiguos dirigentes estudiantiles, líderes territoriales, organizaciones sociales y cuadros formados en las luchas contra las reformas impulsadas durante las últimas décadas. Martí Batres representa quizá como pocos esa corriente. El director del ISSSTE y encarna la contradicción que hoy enfrenta una parte de la Cuarta Transformación, porque los movimientos que ayudaron a llevarla al poder son los mismos que ahora exigen el cumplimiento de promesas cuya viabilidad financiera se desvanece cuando se observan desde el gobierno.
Por eso el conflicto actual rebasa por mucho la discusión sobre pensiones. Lo que exhibe es la existencia de grupos con capacidad para presionar al Estado desde dentro y desde fuera de las instituciones. Morena descubrió que gobernar implica administrar expectativas que durante años alimentó desde la oposición. También comprobó que algunas de las organizaciones que consideró aliadas estratégicas desarrollaron una fuerza propia que ya no depende de Palacio Nacional para actuar.
La CNTE no puso en aprietos al gobierno por una reforma educativa ni por un aumento salarial. Lo hizo en vísperas del evento internacional más importante que tendrá México en décadas. Ese hecho, por sí solo, demuestra que la disputa dejó de ser sindical hace mucho tiempo. Y así, mientras la atención pública se concentra en las marchas, los bloqueos y las negociaciones de última hora, dentro de Morena algunos observan con atención quién emerge fortalecido de la crisis.
Posdata 1
El Mundial 2026 tendrá un impacto mucho más acotado sobre la economía mexicana de lo que se prometió originalmente. La Federación Mexicana de Futbol llegó a hablar de una aportación cercana a medio punto porcentual del PIB, pero las estimaciones de Itaú, Natixis, Moody’s Analytics, Deloitte y The CIU coinciden ahora en un rango de entre 0.1% y 0.2%. En términos prácticos, el torneo dejará beneficios para hoteles, restaurantes, transporte y comercio, pero difícilmente moverá la aguja de una economía cuyo crecimiento esperado apenas ronda el 1% para este año.
Esto contrasta con las cifras del negocio mundialista. De acuerdo con estimaciones de FIFA y Bank of America, la Copa del Mundo generará hasta 80 mil 100 millones de dólares en actividad económica global, aportará 40 mil 900 millones al PIB mundial y dejará ingresos por alrededor de 11 mil millones de dólares para el organismo rector del futbol. Será, por amplio margen, el Mundial más rentable de la historia. La mayor parte de ese beneficio, sin embargo, no se quedará necesariamente en los países anfitriones, sino en los derechos comerciales, los patrocinios globales, las transmisiones y las licencias asociadas al torneo.
México llega además después de haber destinado alrededor de 8 mil 400 millones de dólares a obras de infraestructura vinculadas con el Mundial en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El grueso de esos recursos se concentró en movilidad, transporte y aeropuertos. La realidad es que buena parte de esas inversiones respondían a rezagos históricos y necesidades urbanas previas al torneo, lo que explica por qué los analistas han moderado las expectativas sobre el efecto económico neto que tendrá la justa deportiva.
De acuerdo con un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), elaborado junto con Uber México y presentado el 28 de mayo, el Mundial 2026 generará una derrama económica de 2,570 millones de dólares, es decir que no logrará compensar la inversión realizada para albergar, por tercera ocasión, un Mundial de futbol en el país.
Posdata 2
En la llamada de este miércoles entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, lo relevante fue la alianza de Pemex con Petrobras, la cual busca llevar a la petrolera mexicana a un terreno donde ha tenido resultados limitados: la exploración y producción en aguas profundas. Petrobras es considerada una de las empresas con mayor experiencia mundial en ese segmento, gracias al desarrollo de los gigantescos yacimientos presal de Brasil, mientras que Pemex ha reducido durante años su exposición a proyectos de alta complejidad tecnológica y financiera.
El acuerdo contempla transferencia de conocimiento, cooperación técnica e intercambio de especialistas para explorar nuevas reservas en aguas profundas del Golfo de México. También incluye una de las capacidades que más interesan al gobierno mexicano, que son las metodologías desarrolladas por Petrobras para identificar petróleo en zonas más profundas de campos maduros o prácticamente agotados, como Cantarell. La Presidenta ha reconocido que la empresa brasileña posee tecnologías y técnicas que Pemex no tiene para evaluar si debajo de yacimientos ya explotados todavía existen reservas comercialmente viables.
Aunque el entendimiento va más allá de la exploración. Las conversaciones entre ambas empresas abarcan producción, refinación, transformación de hidrocarburos y biocombustibles. Pemex busca apoyarse en la experiencia tecnológica y operativa de Petrobras para elevar la productividad de sus activos y encontrar nuevas reservas sin asumir en solitario el costo del aprendizaje. Para una empresa que arrastra una deuda superior a los 85 mil millones de dólares y cuya producción sigue lejos de los niveles prometidos por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, la alianza con Petrobras puede representar una admisión implícita de que la soberanía energética requiere tecnología que hoy México no posee.
Posdata 3
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, enfrenta un momento políticamente complejo. A los señalamientos publicados por Los Angeles Times sobre una presunta investigación en su contra en Estados Unidos, se suma la dificultad para posicionar a su candidata rumbo a la sucesión estatal, la senadora Lorenia Valles, quien no ha logrado consolidarse en las encuestas internas de Morena.
En ese contexto, Durazo habría recurrido a su círculo más cercano para apuntalar el proyecto. Fuentes aseguran que su hijo, Alfonso Durazo Chávez, opera ya en favor de Valles y que su primera encomienda será la organización y movilización para el informe que la senadora rendirá el próximo sábado. En esa tarea participan también el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, así como alcaldes morenistas y operadores de la administración estatal.
Los Angeles Times reportó que autoridades estadounidenses investigan a Durazo por presuntos vínculos con el narcotráfico y que su visa habría sido cancelada desde el año pasado. El diario estadounidense aseguró además que el mandatario sonorense ingresa a ese país mediante el mecanismo denominado Significant Public Benefit Parole, reservado para casos específicos relacionados con intereses o procedimientos federales.
Mientras tanto, los números no acompañan a la candidata del gobernador. La encuesta más reciente de Enkoll ubica a Célida López y Javier Lamarque empatados al frente de las preferencias efectivas de Morena con 26% cada uno, mientras que Lorenia Valles aparece en tercer lugar con 22%. El dato cobra relevancia porque en Palacio Nacional la intención es que sea Claudia Sheinbaum quien defina la candidatura de Morena en Sonora para 2027.
@MarioMal
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