La crisis de gobernabilidad por los desplantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya se convirtió en uno de los grandes problemas del sexenio de Claudia Sheinbaum. Los bloqueos de vialidades en la Ciudad de México, en las carreteras y aeropuertos del país, así como las afectaciones a comerciantes del primer cuadro del Centro Histórico, están erosionando la imagen de la capital y del país, en vísperas del Mundial de Futbol que comienza el próximo jueves.
La incapacidad del gobierno para desactivar el conflicto exhibe algo más profundo que una negociación fallida. Lo que está en disputa es el costo político de las promesas que Morena hizo durante más de una década a un sector que hoy exige exactamente aquello que le ofrecieron… y que en su momento sabían que no podrían cumplir.
La presidenta Sheinbaum heredó un problema que comenzó mucho antes de llegar a Palacio Nacional. Desde las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, la CNTE fue uno de los aliados más relevantes del movimiento. Morena construyó buena parte de su narrativa política alrededor de la promesa de revertir las reformas educativas y laborales impulsadas en los gobiernos del PRI y del PAN. En mítines, discursos y encuentros con maestros disidentes se prometió revisar el sistema de pensiones y desmontar los efectos de la reforma educativa para recuperar derechos laborales que, según la Coordinadora, habían sido eliminados.
La principal exigencia de la CNTE sigue siendo la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, además del regreso a un sistema solidario de pensiones y la desaparición de las cuentas individuales administradas por las Afores. También demandan incrementos salariales superiores a los otorgados por el gobierno federal. La Presidenta ha admitido que revertir completamente el esquema pensionario tendría un costo fiscal de dimensiones difíciles de absorber en un contexto de desaceleración económica y presiones presupuestales.
Por eso la negociación entró en un callejón sin salida. Ni Mario Delgado desde la Secretaría de Educación Pública, ni Rosa Icela Rodríguez desde Gobernación, ni César Yáñez como operador político han logrado acercar posiciones. Las reuniones celebradas en los últimos días terminaron reproduciendo el mismo diagnóstico. El gobierno no puede conceder lo que la CNTE exige y la CNTE no está dispuesta a aceptar menos de lo que considera una deuda histórica.
El gobierno federal puso sobre la mesa una propuesta para fortalecer las pensiones de los trabajadores del Estado mediante un complemento financiado con recursos públicos, sin desmontar el sistema de cuentas individuales administradas por las Afores, pero la CNTE la rechazó por considerarla insuficiente y reiteró que su demanda central sigue siendo la abrogación total de la reforma pensionaria.
Lo complicado para Sheinbaum es que ella misma alimentó expectativas durante la campaña presidencial. En 2024, cuando el entonces presidente López Obrador decidió retirar la iniciativa de reforma al ISSSTE tras las presiones de la Coordinadora, ella prometió intervenir. Hoy, ya desde el gobierno, la realidad fiscal la obligó a reconocer que muchas de esas promesas simplemente no son viables.
En Palacio Nacional existe además otra preocupación. Diversas fuentes del gobierno sostienen que detrás de la radicalización de algunas secciones de la CNTE aparecen actores políticos interesados en prolongar el conflicto. El nombre que más se menciona es el de Martí Batres. El actual director general del ISSSTE mantiene una larga relación política con sectores de la Coordinadora desde los años en que operó movimientos sociales en la capital del país. Su nombre ya ha aparecido vinculado a otros episodios recientes de movilización y presión política en la Ciudad de México.
La sospecha dentro de algunos círculos de Morena es que Batres busca posicionarse como referente de la izquierda más radical y capitalizar el desgaste que enfrenta el gobierno de Clara Brugada. Las versiones circulan con insistencia suficiente para haber llegado a las oficinas más importantes del gobierno federal. El hecho resulta explosivo porque Batres encabeza precisamente el ISSSTE, la institución que se encuentra en el centro de las exigencias de la Coordinadora.
Lo cierto es que la CNTE encontró el momento ideal para presionar. El gobierno enfrenta restricciones fiscales, una economía que crece menos de lo esperado y una agenda internacional compleja marcada por la revisión del T-MEC y la relación con Estados Unidos. A ello se suma la organización del Mundial de Futbol, que obliga a proyectar una imagen de estabilidad y orden. Las imágenes de bloqueos y parálisis urbana ya recorren medios internacionales y empiezan a generar preocupación.
Morena llegó al poder acompañado por movimientos sociales que durante años fueron aliados estratégicos y ahora esos mismos movimientos se han convertido en uno de los principales factores de presión para el gobierno. La CNTE no está reclamando algo nuevo. Lo que está cobrando son compromisos que escuchó durante años desde la oposición que ahora gobierna.
Ahí radica la verdadera crisis para Sheinbaum, quien enfrenta una rebelión contra su gobierno, así como la factura política de las promesas de López Obrador. Facturas que, por primera vez, parecen imposibles de pagar.
Posdata 1
El programa estrella de turismo comunitario que impulsa la Secretaría de Turismo federal ya enfrenta sus primeras acusaciones de abuso y posible extorsión. Un grupo de propietarios extranjeros en la zona de Troncones-Zihuatanejo, Guerrero, denunció que el acceso al agua habría sido utilizado como mecanismo de presión para obtener aportaciones económicas relacionadas con un proyecto comunitario promovido en la región. El caso ya fue comunicado a representaciones diplomáticas de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
La controversia surge en torno a proyectos vinculados con la estrategia de turismo comunitario presentada por la secretaria Josefina Rodríguez Zamora durante el Tianguis Turístico 2026, para la cual se anunciaron inversiones superiores a los mil millones de pesos. De acuerdo con los afectados, después de solicitar información sobre presupuestos, contratos, mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, comenzaron a registrarse restricciones en el suministro de agua para determinadas propiedades, mientras otras continuaron recibiendo el servicio sin afectaciones.
Los residentes aseguran contar con comunicaciones y testimonios que apuntan a una posible relación entre las solicitudes de transparencia y la suspensión del suministro. El tema adquiere relevancia porque involucra a ciudadanos extranjeros que han invertido legalmente en una de las comunidades residenciales internacionales más importantes del Pacífico mexicano y que ahora buscan respaldo institucional de sus gobiernos.
En medio de las tensiones que mantiene México con Estados Unidos en distintos frentes, una denuncia relacionada con presuntas presiones a inversionistas extranjeros y restricciones en el acceso a un servicio esencial podría convertirse en un nuevo foco de atención para las autoridades y legisladores estadounidenses.
Posdata 2
Taiwán acaba de colocarse en el mapa de las inversiones relevantes para México. En el primer trimestre de 2026, la inversión extranjera directa proveniente de la isla asiática ascendió a 127.3 millones de dólares, una cifra histórica para un arranque de año y muy superior a los apenas 600 mil dólares reportados en el mismo periodo de 2025. Lo más relevante es el destino de esos recursos. Más de 58 millones de dólares se canalizaron a la fabricación de equipo de cómputo, componentes electrónicos y tecnologías vinculadas a la nueva economía digital, mientras que otros 69 millones se dirigieron a servicios profesionales, científicos y técnicos.
No es casualidad que empresas taiwanesas dedicadas a semiconductores, servidores, centros de datos y electrónica avanzada estén acelerando sus planes de expansión en territorio mexicano. En los últimos dos años, al menos ocho compañías tecnológicas de Taiwán han iniciado procesos para instalar operaciones en el país.
Los estados que más están capitalizando esta tendencia son Chihuahua y Tamaulipas. El primero concentró más de 102 millones de dólares de la inversión taiwanesa registrada entre enero y marzo, mientras que el segundo captó poco más de 8 millones. Ambas entidades ofrecen cercanía con Estados Unidos, infraestructura industrial y acceso a las cadenas de suministro de América del Norte.
Posdata 3
La Secretaría de Hacienda reconoció que la elevada informalidad en México representa un riesgo directo para las finanzas públicas, debido a que limita la recaudación tributaria y reduce la capacidad del gobierno para sostener el gasto público en el mediano y largo plazo. El señalamiento cobra relevancia porque proviene de la autoridad hacendaria, ahora que el crecimiento económico se ve comprometido entre presiones presupuestales y el deterioro de la percepción sobre la fortaleza fiscal del país.
El reconocimiento es relevante porque rompe con la narrativa de que el problema fiscal puede resolverse únicamente con una mayor fiscalización a grandes contribuyentes o con medidas administrativas. La realidad es que México mantiene una de las economías informales más grandes de América Latina, lo que limita la base recaudatoria y reduce la capacidad del Estado para generar ingresos permanentes. En el contexto actual de bajo crecimiento económico y de mayores necesidades de financiamiento, la informalidad se ha convertido en una vulnerabilidad estructural para las cuentas públicas.
Moody’s rebajó recientemente la calificación soberana de México a Baa3, el último escalón del grado de inversión, al advertir debilidades fiscales persistentes, bajo crecimiento económico y presiones derivadas del apoyo gubernamental a Pemex. Entre los factores que limitan el potencial de crecimiento del país, la agencia destacó precisamente la elevada informalidad laboral.
¿Qué hará el gobierno con ese diagnóstico? Reconocer el problema es apenas el primer paso. Combatir la informalidad implica tocar intereses políticos y generar condiciones para que millones de trabajadores y pequeñas empresas encuentren ventajas reales en la formalidad.
@MarioMal
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